El debate por una nueva Ley de Semillas volvió a encenderse en la Argentina y, lejos de mostrar consensos, expone una grieta cada vez más profunda entre productores y grandes compañías del sector semillero. Ahora las voces de alerta llegan desde el norte del país, en reclamo de los cambios que perjudicarían a los agricultores
Desde la Asociación de Productores del Norte (Apronor), Hugo Meloni advirtió que el rumbo que intentan imprimir algunos funcionarios perjudica a los agricultores y consolidaría un esquema que favorecería la concentración y el encarecimiento de la genética.
“El discurso oficial instala que la producción está estancada por falta de una nueva Ley de Semillas, pero eso es falso”, sostuvo el dirigente, en línea con un comunicado difundido recientemente por la entidad y en respuesta a los dichos del propio presidente. Es de recordar que, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei se refirió a los índices productivos y echó culpas de su magra evolución a la falta de actualización de esta norma.
Las declaraciones no fueron fortuitas, y volvieron a poner en agenda un ríspido debate dentro del sector productivo, que en algunos casos es ya muy resistido.
Según explicó Meloni, el verdadero problema del agro argentino no pasa por esa discusión, sino por la de la presión impositiva, en especial la que generan los derechos de exportación, que “desde hace años esquilman a los productores y empobrecen los pueblos del interior”.
En ese sentido, cuestionó la insistencia en avanzar hacia esquemas como UPOV 91, que restringen el uso propio de semillas y fortalecen los derechos de propiedad intelectual de las empresas. “Se está instalando que hay que adherir a ese modelo, cuando países como Brasil funcionan con UPOV 78, que permite el uso propio, y aun así duplicaron su producción en diez años”, remarcó.
Es sobre el “uso propio”, es decir, la histórica práctica de guardar parte de la cosecha para volver a sembrar, sobre lo que gira en torno la preocupación central de los productores. “El objetivo es claro: acotar ese derecho y cobrar más regalías. Y eso termina beneficiando a unos pocos jugadores, muchos de ellos multinacionales”, advirtió ruralista del norte.
Por su parte, Meloni también apuntó contra el rol del Estado y denunció una supuesta “connivencia” con las grandes semilleras. “Es llamativo cómo funcionarios provenientes de empresas del sector ocupan cargos clave en los organismos que deberían regular la actividad. Después nos preguntamos a quiénes van a controlar, a quiénes van a multar. A buen entendedor, pocas palabras”, lanzó.
Según explicó, esta situación genera un doble estándar. Mientras en cultivos como el maíz —donde la genética se paga a valores elevados— no se observan controles ni intervenciones frente a problemas productivos graves (como las enfermedades que afectan los rindes), en cultivos autógamos, como soja o trigo, la presión sobre los productores es constante.
“Ahí sí aparecen las cartas documento, las multas millonarias y resoluciones incluso retroactivas que atentan contra el uso propio”, denunció.
Tras un punzante comunicado de su entidad, el dirigente de Apronor fue más allá y aseguró que algunas normativas parecen diseñadas a medida de los intereses empresariales. “Hay resoluciones que parecieran redactadas en las oficinas de las asociaciones que nuclean a los semilleros. Es muy difícil no sospechar cuando siempre los favorecidos son los mismos”, afirmó.
En ese marco, también cuestionó el argumento defendido en la vereda de enfrente, que asegura que una mayor protección de la propiedad intelectual impulsaría la inversión en genética. “Nos dicen que quieren que invirtamos, pero en la práctica lo único que les importa es la recaudación. No es producción, es facturación”, resumió, aunque también hizo una salvedad y reconoció que no todo el sector semillero actúa de la misma manera.
“Hay muchos actores que trabajan junto a los productores y no impulsan estas medidas. El problema es que las decisiones terminan quedando en manos de unos pocos con mucho poder”, agregó.
El malestar en el Norte del país es particularmente fuerte, donde los productores sienten que además de enfrentar condiciones productivas adversas -como problemas sanitarios en los cultivos- deben lidiar con un marco regulatorio cada vez más hostil. “Si compramos un híbrido que nos lleva al quebranto, nadie responde. Pero después vienen a cobrarnos regalías y a cuestionar el uso propio. Es un sistema completamente desequilibrado”, señaló Meloni.
Frente a este escenario, desde la Asociación de Productores del Norte (Apronor) llamaron a mantenerse en alerta. “Durante años conservamos nuestras semillas y contribuimos a alimentar al mundo. Ahora parece que eso molesta. No les alcanza con los sistemas actuales, van por todo”, concluyó el dirigente.
En vez de utilizar su propia semilla, cosa q va a terminar chocando contra las restricciones q impondrán las empresas exportadoras de esos comodities, los productores deberían solicitarle al gobierno q les subsidie una parte del costo de la semilla original
Cuanta plata le pusieron las semilleras a la hermanita para esto?
En el mundo civilizado no se cuestionan estas cosas , se pagan y fin .
Pero la gula del empresariado es infinita , patentes y demás se pagan podría ser a travéz de un impuesto al arriendo por ejemplo (que paga el propietario que no invierte ) y vuelve en un beneficio hacia el que invierte y arriesga.