El diputado cordobés Luis Picat, ex presidente de la sociedad rural de Jesús María y ex intendente de esa localidad, no quiere formar parte de este suerte de pacto implícito entre muchos dirigentes para hacer borrón y cuenta nueva con el cambio de gobierno en muchos casos sospechados de corrupción. Por eso presentó junto a varios de sus pares de Juntos por el Cambio un pedido de informes para saber qué sucedió con el escandaloso Fondo de Estabilización del Trigo Argentino (FETA).
Ese fideicomiso triguero, creado por el ex secretario de Comercio Roberto Feletti, pero avalado luego por el ex ministro Sergio Massa y su secretario Matías Tombolini, se extinguió en diciembre pasado luego de distribuir en poco más de un año y medio más de 55 millones de pesos entre unos pocos molinos harineros (unos 21 sobre un universo de 150 empresas), de los cuales 33.500 millones de pesos fueron hacia solo un holding concentrado que además está en convocatoria de acreedores, el Grupo Cañuelas (Molca).
“La preocupación por la revisión integral de los fideicomisos y la necesidad de dotarlos de mayor eficiencia y eficacia es un signo de los tiempos”, consideró Picat en los fundamentos de su proyecto de resolución, en la que explica que pretende un acabado informe sobre el FETA porque “entendemos que la intervención del mercado del trigo realizada por el gobierno saliente distorsiono el natural desarrollo del mercado, beneficiando a unos pocos molinos, en su mayor parte a Cañuelas, y poniendo en riesgo la continuidad de los molinos Pymes, los cuales son una sustancial fuente de trabajo directo e indirecto, en ciudades y pueblos del interior”.
Por eso, junto a un grupo de miembros de su bloque, el cordobés solicitó al Ministerio de Economía que “informe en forma completa y detallada” una serie de cuestiones vinculadas por el fideicomiso creado por el Decreto 132/22, que Feletti logró implementar a pesar de la resistencia pública de la industria molinera y de los ex ministros Julián Domínguez y Matías Kulfas.
Por ejemplo se preguntó al Ejecutivo sobre el monto total transferido desde el 19 de marzo de 2022 hasta la actualidad; la existencia de estudios, investigaciones o estadísticas sobre el impacto que tuvo esa política; si existía un manual operativo; las sociedades comerciales que adhirieron al fondo fiduciario; y el detalle de las transferencias realizadas a cada una de ellas, entre otros detalles.
Con otros diputados de JxC presentamos un pedido de informe al Ejecutivo para que nos digan que ha pasado con el dinero que fue al FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO Dto Nº132/22
Como muchos de los fideicomisos tienen serios problemas de transparencias. Dato: se desbían…— Luis Picat (@LuisPicat) January 8, 2024
Como el FETA además exigía, para recibir las compensaciones a la bolsa de harina, que no existiesen deudas con el Estado, Picat quiere saber “si se procedió adecuadamente a la verificación del cumplimiento fiscal de dichas empresas” y “sobre la existencia de algún beneficiario del fondo fiduciario que tenga deudas con la AFIP y se encuentre en concurso de acreedores”. Molinos Cañuelas lo está desde septiembre de 2021.
El reclamo de datos es bastante exhaustivo y permitirá, de ser respondido por las autoridades, saber muchos de los interrogantes que quedaron sin resolver en torno a este fideicomiso que se creó con “la justificación para la intervención del mercado de trigo del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania”.
Este es el texto del pedido de informes:
“En el presupuesto 2023, el último aprobado, se relevan 29 fideicomisos públicos (existían 15 en 2012) que contarán con ingresos de alrededor de 1,5 billón de pesos, con un gasto total de 1.066.166 millones de pesos, es decir que en conjunto tendrán un superávit de casi 400 mil millones. La magnitud de recursos que manejan los fideicomisos públicos fue in crescendo en la última década, crecieron a un mayor ritmo a partir de 2018. Sus gastos, por el contrario, fueron decreciendo en el mismo lapso, por lo que el superávit financiero de estos fondos se amplió del 0,08% del PBI en 2012 a 1,42% del PBI en 2021”, argumentó Picat sobre la necesidad de este investigación.
Luego justificó la necesidad de que no haya un borrón y cuenta nueva en este tipo de casos. “Nos encontramos en un periodo especial de nuestra historia en el cual la ciudadanía nos pide rigurosidad, austeridad y profesionalismo en el manejo de los recursos del erario público. Es nuestra responsabilidad buscar mecanismos que fomenten la inversión y el círculo virtuoso de la economía con datos certeros que justifiquen las políticas públicas”.
Excelente,Picat,no se puede hacer borrón y cuenta nueva de la korrupcion!!Los ladronesco deben estar en la cárcel.