Luego de 12 años de litigios judiciales, y tras rechazar la última presentación realizada por la empresa, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia contra Atanor, acusada de provocar un “daño irreversible” al río Paraná y responsabilizada por la contaminación del acuífero subterráneo y las tierras aledañas.
La decisión del máximo tribunal fue avalar las decisiones de primera y segunda instancia y poner de ese modo un punto final en una discusión iniciada hace más de una década por vecinos de San Nicolás y ONGs ambientalistas.
Además de determinar que la empresa productora de herbicidas, fungicidas e insecticidas y otros químicos industriales operó desoyendo los requisitos ambientales, el fallo también señala que los controles estatales fueron deficientes y deja la puerta abierta para otros procesos penales que empiezan a activarse.
Fundada en 1938, Atanor es una de las empresas proveedoras de agroquímicos más importantes del país, fabricante ni más ni menos de los tres herbicidas de mayor uso -glifosato, fenóxidos y atrazina- y de muchos otros compuestos que provee a industrias aledañas, como la textil, la petroquímica, la gráfica y la maderera.
Hace más de una década, empezó a ser señalada particularmente por las operaciones en su planta de San Nicolás, ubicada a la vera del Río Paraná, lo que derivó en un extenso proceso judicial por daño ambiental. Inicialmente, el fallo de primera instancia fue confirmado y ampliado por la Cámara de Apelaciones de San Nicolás y desde 2023 estaba en manos de la Suprema Corte bonaerense.
“Esto tiene una importancia superlativa, porque nada más y nada menos que la Corte confirma que se le ha causado un daño irreversible al Río Paraná, que la empresa actuaba en un marco de ilegalidad y que los controles estatales eran deficientes. Esos son los 3 ejes principales de la sentencia”, explicó a Bichos de Campo el abogado Fabián Maggi, quien representa a la entidad que llevó adelante la denuncia, la Asociación Civil Cuenca Río Paraná.
Desde hace varios años, y por orden de la Justicia, la empresa lleva adelante tareas de “recomposición ambiental”, destinadas a mitigar el impacto que se registró en la zona. “La recomposición es del suelo y el acuífero subterráneo porque el daño que tuvo el río Paraná se considera irreversible y, por lo tanto, no hay recomposición viable”, explicó el abogado.
Es de recordar, además, que en marzo del 2024 uno de los reactores de la planta explotó, lo que provocó un endurecimiento de los controles y, finalmente, impulsó el cese de las operaciones en esa ciudad.
En aquel entonces, relevamientos de Greenpeace habían detectado restos de atrazina -un herbicida muy potente pero a la vez sumamente contaminante- en barrios aledaños y se habían denunciado efectos sobre la salud de los vecinos.
Posteriores mediciones, ya enmarcadas en la causa judicial, confirmaron esos hallazgos, y a la vez, observó Maggi, “confirman la existencia de una contaminación mayor a la esperada”.
El informe de la Autoridad del Agua (ADA) de febrero de 2026, al que pudo acceder este medio, revela los resultados que arrojan las muestras tomadas en octubre de 2025 en el Arroyo Yaguarón, el enclave donde está instalada la planta de Atanor.
Las mediciones exhiben concentraciones de glifosato de hasta 1,9 µg/L (microgramos por litro) y de su metabolito AMPA de hasta 1,4 µg/L en varias de las muestras analizadas. También, de forma coincidente con lo que había detectado Greenpeace, arroja niveles de hasta 0,6 µg/L de atrazina y presencia de Azoxistrobina e Imidacloprid.
Son pruebas que, aunque luzcan concluyentes, hoy son objeto de discusión entre las partes.
Por el lado de los denunciantes, Maggi expresó que las cifras indican que la empresa continuó contaminando incluso durante los trabajos realizados en el suelo y acuíferos.
“Acaba de ser nuevamente probado que lo que está generando mayor impacto ambiental y dispersión de contaminantes son las propias tareas de recomposición, y la Autoridad del Agua pudo comprobar que arrastraban una enorme cantidad de contaminantes al curso del río”, afirmó.
En ese punto, sin embargo, el análisis no es concluyente, y advierte que como se trata de sustancias de “uso masivo” propias de “plaguicidas de uso actual” aprobados por el Senasa, es complejo determinar si la responsabilidad es de Atanor o si son contaminantes previos o externos a su actividad.
Del mismo modo, también observa que muchos de los compuestos aparecían en ciertos registros pero desaparecían luego y esa incongruencia también terminó alimentando la postura oficial de la Autoridad del Agua. Según consta en el expediente, desde el ente aseguran que no pueden llegar a una conclusión lineal y definitiva.
En eso se sostiene la postura de la empresa, que alega que la contaminación con agroquímicos no es privativo de su actividad ni de ese sector de la Cuenca del Paraná. Y que, por lo tanto, la responsabilidad se extiende a otras actividades agropecuarias.
“Esto es parte de una de nuestras denuncias históricas, porque venimos señalando hace mucho que existe una convivencia entre la empresa y los funcionarios públicos. Esta defensa, que en realidad es un salvavidas de plomo, es un manotazo del ahogado francamente escandaloso”, expresó Maggi.
Y puntualizó: “Para salvar a Atanor, este grupo de funcionarios y los directivos, no se le ha ocurrido mejor idea que empezar a alegar que todo el río Paraná está contaminado fruto de la actividad del agro en toda la cuenca”.
La entidad ambientalista observa en este caso lo mismo que han denunciado en muchos otros, que es la cercanía entre los organismos regulatorios y quienes deben ser regulados. Es un aspecto que, de hecho, retoma la Suprema Corte en su reciente fallo, donde apunta por las deficiencias en los controles del ministerio de Ambiente bonaerense y de la Autoridad del Agua.
“En definitiva, podrían constituir delitos penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por falsedad ideológica”, opinó el letrado, quien además explicó que varios de esos procesos empiezan a activarse y ya hay llamados a indagatorias a autoridades provinciales.
Por su parte, los directivos de Atanor pronto serían elevados a juicio, acusados de delitos ambientales graves relacionados con la explosión ocurrida en 2024. La causa es seguida por el fiscal Patricio Mujica Díaz, titular de la Unidad Federal de Investigaciones N° 1 de San Nicolás.
“Más allá de los plazos y el tiempo que demoró la decisión, ha sido un rotundo éxito de nuestro reclamo. Esto ha demostrado que el esfuerzo valió la pena. Avanzamos no solo el reconocimiento de la contaminación generada, sino también de la recomposición necesaria”, concluyó Maggi, que destacó la importancia del fallo del tribunal para avanzar en las causas aledañas.
