El juicio por la contaminación con agroquímicos en Pergamino, en el cual se imputa a 7 productores y 2 funcionarios, ingresa en su tramo final, y las presentaciones que acaba de hacer el fiscal de la causa indican una vez más que la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario podría sentar un precedente en el sector.
Federico Reynares Solari solicitó penas que van de los 2 a los 4 años y 3 meses de prisión, la reparación económica a las víctimas, y el decomiso de cinco campos contaminados junto con la maquinaria utilizada para la fumigación. Para los profesionales involucrados, también se solicitó su inhabilitación.
El veredicto podría conocerse la semana que viene.
En los Tribunales rosarinos se libra un juicio sin precedentes para una de las principales localidades de la zona núcleo bonaerense. Se trata en realidad de cuatro causas diferentes iniciadas a través de las denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas desde 2014 en adelante, y que llegaron a esos estrados el pasado mes de febrero tras haberse iniciado en San Nicolás.
Ahora, son los jueces Román Lanzón y Eduardo Rodríguez y la magistrada Elena Dilario quienes deberán determinar si los imputados son hallados culpables de los delitos que se les imputa: los 7 productores, acusados de incumplir una ordenanza municipal que regula la aplicación de agroquímicos, así como los 2 ex funcionarios públicos, por omisión de los controles obligatorios.
A partir de testimonios de varias decenas de testigos y víctimas -de las cuales dos actúan como querellantes en la causa-, el Ministerio Público Fiscal, a través de Federico Reynares Solari pidió las penas previstas para el delito que contempla la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos.
En ese caso, en su artículo 55, la norma establece una pena de 3 a 10 años de prisión a aquel que “a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Además de la evidencia presentada por lesiones graves -inclusive, con una pérdida de embarazo-, la causa tiene como trasfondo la Ordenanza Municipal N°8126/14, que rige desde entonces en Pergamino y prohíbe la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre y/o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercano a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado.
La normativa estaba vigente cuando se produjeron los casos denunciados.
El señalamiento más importante fue para al productor agropecuario Fernando Cortese, para quien el fiscal solicitó una pena de 4 años y 3 meses de prisión y que se le dicte una inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad agropecuaria por 8 años. Además, le endilgó el delito de amenazas coactivas.
A Cortese se lo acusa de haber fumigado el campo de su propiedad, ubicado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 69 de Pergamino en forma reiterada y continua desde 2011 y, puntualmente, entre enero de 2018 y enero de 2019.
Para los productores Mario Roces y Víctor Tiribó, por su parte, requirió una pena de 4 años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer la actividad agropecuaria por 8 años por el mismo delito. Ambos son acusados de fumigar con agroquímicos en las cercanías del barrio Villa Alicia.
En el juicio fueron también imputados los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, por un hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2019 en un campo de la localidad de Ayerza. En ese caso, se solicitó una condena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional con la pertinente inhabilitación para realizar tareas de fumigación.
En relación al ingeniero agrónomo José Luis Grattone, se pidió una condena de 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación para ejercer su profesión, acusado de no haber respetado el márgen de prohibición y haber aplicado, en octubre de 2019, a metros de una escuela y un jardín de infantes de la localidad de Juan Andrés de la Peña.
Como partícipe secundario de ese suceso se señaló al fumigador Cristian Taboada, para el que se solicitó una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación especial para realizar tareas agropecuarias.
Por último, para los funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, se requirió una condena de 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. En la exposición, el fiscal les endilgó no haber cumplido con su rol de veedores de la ordenanza Municipal N°8126/14.
En sus alegatos, el fiscal señaló que los productores son personas con “años de experiencia” y que, por lo tanto, conocían los términos de las leyes y reglamentaciones. “No quedan dudas que conocían la problemática que atravesaba a los vecinos y la preocupación por las fumigaciones y sus consecuencias contaminantes. Sin embargo, reiteraron sus conductas ilícitas”, recalcó.
Por su parte, los abogados querellantes, solicitaron 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación profesional para Cortese, Roces y Grattore; 4 años para Tiribó; y 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para producción agropecuaria para los hermanos Sabatini. Respecto a Taboada, coincidieron con la fiscalía.
Restan culminar las intervenciones de las defensas, que se espera formalicen todas el pedido de absolución. La decisión final de los jueces podría llegar la próxima semana, en lo que, más allá de lo que dispongan, ya será un caso que sentará precedentes.
Que marchen presooo!. Así el resto la va ha pensar. Y los Ing agrónomos, con este presedente…también la van ha pensar, porque van ir preso también.
En La Pampa prohibieron los agrotoxicos.