Un grupo de dirigentes y ciudadanos del norte de Santa Fe, vinculados de uno y otro modo con aquella empresa fuera Vicentin, reclamaron a la justicia santafesina, pero especialmente a la Corte Suprema de esa provincia, que deje de dilatar los casos en torno a la caída en desgracia de la aceitera, que cayó en incumplimientos en diciembre de 2019, intentó ser expropiada por el anterior gobierno, y finalmente transcurrió sobreviviendo (en manos de otros operadores) mientras transcurría un concurso de acreedores por una suma total de 1.300 millones de dólares.
En una suerte de solicitada que difundieron en los medios, los interesados en que este eterno expediente sea cerrado de una vez recordaron que la última propuesta de pago realizada por Vicentin fue aprobada “por amplia mayoría de acreedores (63% de las personas y 73% del capital)” y que el acuerdo fue homologado por el juez comercial que llevó el caso, pero “una minoría ha planteado recursos de inconstitucionalidad e ido en queja a la Corte Suprema de Justicia provincial, dilatando una situación que se vuelve insostenible”.
La minoría es aquella conformada por un núcleo duro de acreedores que consideran que han sido estafados directamente por la empresa agroindustrial, y por eso han motorizado una segunda causa penal, así como el propio Estado Nacional, que tiene en el Banco Nación a uno de los principales implicados en el concurso, con prestamos por recuperar que suman 300 millones de dólares.
“Una probable solución perfecta pero tardía puede ser la muerte no solo de una compañía sino de buena parte de su extensa red (productores, contratistas, prestadores de servicios, agentes comerciales). Son innumerables los ejemplos de empresas destruidas por permanecer mucho tiempo en el limbo jurídico con concursos, sucesiones o litigios interminables”, dijeron -con mucha razón- quienes le piden a la Corte Suprema que se resuelva rápido el trámite.
El comunicado está firmado de modo más bien anónimo por “trabajadores de Vicentin, las fuerzas vivas del Norte de Santa Fe, y representantes de sectores productivos e instituciones públicas y privadas”, además de por una vasta red de productores autoconvocados.
Con nombre y apellido se sumaron al pedido de prontitud a la justicia la ACIA (Asociación Civil Integrar Avellaneda) el CICA (Centro Industrial y Comercial Avellaneda), el intendente de esa ciudad Gonzalo Braidot y los legisladores provinciales Orfilio Marcón, Emiliano Peralta, Dionisio Scarpin, Amalia Granata y Marlen Spíndola.
Este es el texto:
