¿Permiso para darle agua a las vacas? Una intimación exprés del gobierno bonaerense enciende alertas entre los productores, que alimentan sospechas de otra carga fiscal encubierta

En los últimos días, diferentes productores ganaderos recibieron notificaciones por parte de la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires, en la que los intiman a registrarse como “usuarios del recurso hídrico” de forma perentoria. Caso contrario, indican las cédulas enviadas a los domicilios, se hará de oficio en un plazo de 5 días hábiles.

La decisión tomó por sorpresa a todo el ruralismo bonaerense, que no estaba enterado de esas obligaciones, no sabe los alcances y el fin último que tienen, y temen que, más que un nuevo trámite burocrático, sea la antesala de nuevos tributos en el sector.

Ante el pedido urgente que llega desde el gobierno de Axel Kicillof, el sector mantiene la guardia alta y, por estas horas, evalúa posibles acciones colectivas. Tanto la Sociedad Rural Argentina, como Carbap -brazo de CRA en Buenos Aires y La Pampa-, llevaron adelante reuniones con funcionarios de ese organismo fiscalizador para saber qué hay detrás de ese registro, que rige únicamente desde 2025 pero se sustenta en una ley de la época de Felipe Solá.

“En los próximos días estaremos compartiendo una estrategia unificada, consensuada con nuestros asesores legales, para abordar este tema de manera coordinada”, reza un mensaje que desde la Sociedad Rural hicieron extensivo a todos sus socios de la provincia de Buenos Aires, horas después de establecer contacto con la Autoridad del Agua.

Uno de los directores y referentes de la entidad que participó de ese primer encuentro con representantes del organismo fue Matías Louge. Consultado por este medio, calificó la decisión como “inexplicable y confusa”, y aseguró que, si bien el diálogo con los representantes bonaerenses fue bueno, no pudieron aún precisar los alcances de este pedido ni por qué hay tanta urgencia en que productores los ganaderos se registren como usuarios del agua.

“Ellos aducen que, por ley, tenemos que inscribirnos obligatoriamente, y nos intiman a regularizar la situación en el plazo de 5 días. Pero tampoco se explican los alcances. ¿Qué va a suceder? ¿Nos van a cobrar? ¿Nos van a poner un medidor de agua en el caño del molino? ¿Van a venir a inspeccionar?”, se preguntó Louge, que hizo extensivo el descontento del sector ante esta decisión.

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Lo cierto es que el sustento legal lo otorga la Ley de Aguas provincial (12.257), que establece un código especifico para regular su consumo y uso tanto industrial como agropecuario. La Autoridad del Agua (ADA) es el ente autárquico creado por esa normativa sancionada en 1999 para ejercer la planificación y el rol de policía en la provincia.

Dentro de esa ley, el destino agropecuario está contemplado entre los “usos especiales” que se otorgan por concesión, junto al industrial, recreativo, energético, medicinal, minero, piscícola y de navegación, entre otros. Y la actividad ganadera, de hecho, tiene dedicado un artículo en especial, el número 65.

“Será objeto de permiso de uso el agua destinada a abrevar y bañar ganado propio o ajeno en la cantidad que indique la Autoridad del Agua, la cual establecerá asimismo la obligación o no de inscribirse en los registros respectivos”, señala ese pasaje, que es el que da sustento a esta exigencia enviada a criadores de ganado bovino durante los últimos días.

“¿Cómo es posible que haya un artículo que exija pedirle permiso a la autoridad para darle de tomar agua a la hacienda?”, se preguntó Louge, que asegura que, gracias a ello, ahora “se está buscando que el productor registre su molino de viento para ver si puede dar de tomar agua, cuánto y en qué cantidad”.

Y agregó: “No se puede entender ni el momento ni la manera. Estamos cansados de tener registros, inscripciones, declaraciones juradas y permisos, es todo burocracia”.

Pero, más allá de que esto habilitaría una nueva instancia burocrática, lo que más preocupa al sector es no tener certezas de su fin último. Y eso alimenta las sospechas de que ese fin, justamente, es recaudatorio.

“Esta medida cae mal porque ya sabemos que, detrás del afán de control y registración, hay un impuesto. Y no sabemos bien a qué acceden ellos y cuáles son nuestras obligaciones si nos registramos”, explicó el director de la SRA.

Tampoco es oportuno el pedido en este momento, cuando, tras las lluvias registradas días atrás -y el pronóstico de que continúen-, muchos productores agropecuarios enfrentan dificultades para cosechar, o bien para administrar su rodeo.

“Toda la provincia de Buenos Aires atraviesa excesos hídricos y llega una intimación para regular el consumo de agua. Es absurdo y nos da mucha bronca”, resumió Lounge.