Más de sesenta entidades del sector, integradas en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), se pusieron de acuerdo para redactar un proyecto legislativo orientado a crear incentivos para promover inversiones que permitan incrementar las exportaciones y generar nuevos empleos.
Finalmente, el proyecto salió, pero no para el sector agroindustrial, sino para el sector automotriz. Se trata del “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, el cual acaba de ingresar al Congreso con la firma del presidente Alberto Fernández y de los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzmán (Economía) y Juan Cabandié (Ambiente).
El proyecto prevé beneficios para las inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura del sector automotriz, tales como la devolución anticipada del IVA, amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y derechos de exportación garantizados del 0% hasta diciembre de 2031.
Para poder gozar de los beneficios, los proyectos de fabricación de vehículos deberán contemplar un contenido mínimo nacional del 15% durante los primeros tres años de producción y del 20% los siguientes dos años. Con tales proporciones, sería más apropiado decir que se trata de líneas de ensamblaje.
En los fundamentos del proyecto se indica que resulta necesario generar incentivos “para la radicación de inversiones en un sector muy importante para la economía de nuestro país, inversiones que van a generar más producción, empleo de calidad y, fundamentalmente, coadyuvar a establecer un modelo productivo de alta escala, integración nacional e inserción exportadora, yendo hacia un sendero de superávit comercial”.
Además de las promociones, la propuesta contempla crear un “Instituto de la Movilidad” como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto “fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor”.
Dicho Instituto estará integrado por ocho directores, dos de los cuales deberán ser del Poder Ejecutivo, uno por el INTI, tres por la industria (Adefa, Afac y Admira) y dos por los sindicatos (Stama y UOM).
Tal como está planteado, el proyecto, lejos de promover la generación genuina de divisas por parte del sector, seguramente terminará fomentando la salida de las mismas a través de la importación de autopartes.
