Durante todos estos meses en que la motosierra amenazaba el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) no se pronunció al respecto, aunque si lo hicieron de modo independiente muchas de las organizaciones que lo conforman. Ahora que se conoció el decreto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger para eliminar su autarquía política y financiera, ese bloque empresario fue el primero en pronunciarse a favor de las reformas en el instituto tecnológico. Y ofreció su cooperación a cambio de una silla en el próximo consejo asesor que se arme dentro del organismo.
En un comunicado tempranero, esta organización de organizaciones (se supone integra unas 40 cámaras de todas las cadenas productivas) dijo que “desea expresar su apoyo a las reformas que impulsen que el INTA pueda cumplir sus objetivos fundamentales: promover la innovación, competitividad, productividad e inversión en las cadenas de bienes y servicios agroindustriales”.
Es decir que Sturzenegger encontró quien lo respalde en un contexto cargado hasta ahora de críticas y desconfianza frente a su propuesta oficial para ese organismo tecnológico: el decreto conocido hoy lo convierte en una dependencia controlada por la Secretaría de Agricultura y sin mayor inherencia del sector privado en las decisiones, ya que elimina el Consejo Directivo que lo dirigía hasta ahora para convertirlo en un simple consejo asesor técnico, donde se reduce la participación del sector privado.
De todos modos, luego de la renuncia del el ex presidente de la Bolsa de Cereales , José Martins, el CAA es dirigido por el titular de la cámara de agroexportadores Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, consideró que “el Decreto abre una oportunidad histórica para lograr una transformación saludable para el INTA”.
El CAA, que logró tener personería jurídica hace pocos meses y también representaría a diversas industrias conexas al agro (como semilleras, molinos, acopiadores, etc), aportó una serie de puntos sobre lo que le gustaría de un nuevo INTA. Propuso:
- Eliminar cargos políticos y uso partidario: Erradicar todo cargo político a nivel de dirección, científico y técnico, así como el uso del INTA con fines partidarios. Se deben asegurar concursos transparentes y que no sean manipulables.
- Recuperar el rol original de la institución: Volver a los roles de investigación y apoyo técnico para la producción, comercialización e innovación para los cuales fueron creados.
- Profesionalización y carrera: Reforzar y relanzar la profesionalización de los cargos gerenciales y de todo el personal especializado. Este personal debe estar excluido de los cambios político-partidarios, incentivando el desarrollo de carreras profesionales y científicas.
- Rendición de cuentas: Es fundamental establecer mecanismos claros de rendición de cuentas (accountability) para la institución y los técnicos, asegurando que sus responsabilidades, resultados y el impacto de su trabajo en las cadenas agroindustriales sean medibles y transparentes. Esto incentiva el compromiso con la eficiencia y la calidad de los servicios prestados.
- Articulación público-privada: Fomentar de forma concreta y real la colaboración público-privada para la investigación y el desarrollo aplicado a las necesidades de las cadenas agroindustriales y de bioenergía de Argentina.
Curiosamente, en otro de los puntos, el CAA reclamó por la “inclusión empresarial: Implementar mecanismos legales para la inclusión de representaciones empresariales (ad honorem) de las cadenas agroindustriales en la toma de decisiones de los organismos técnicos en proyectos y programas específicos”. Curiosamente porque la reforma impulsada por Sturzenegger justamente dinamitó esa participación, que era histórica, con un Consejo Directivo formado por las cuatro entidades gremiales de productores, más los grupos CREA y las universidades públicas.
Hoy, tras ese decreto, ese Consejo no existe más. Y lo que se plantea a cambio es un consejo asesor que reduce la participación de los privados a cuatro sillas, y que todavía debe reglamentarse. Es evidente que el CAA pide estar sentado en una de esas sillas que en principio se prometieron a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace.
Por otro lado, llama la atención que el pronunciamiento del CAA evite mencionar explícitamente al INV y el INASE (Instituto Nacional de Semillas), ya que entidades como Bodegas de Argentina o ASA (la asociación de semilleros) sí forman parte interesada directa.
Al respecto, de modo tangencial, se dice: “El CAA desea expresar que las readecuaciones institucionales del resto de los organismos dependientes de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca incluido en el Decreto 462/2025 son una oportunidad de mejora para lograr un Estado eficiente, con capacidad efectiva de registro y control para garantizar la competencia leal en el mercado interno y brindar las garantías necesarias en los mercados de exportación”.
Sturzenegger tiene quien lo defiende, al menos durante lo que dure en el aire la moneda para participar del proceso de reconstrucción de estos organismos, hoy demolidos por un DNU que el ministro impulsó.
“El CAA se encuentra a disposición para sumarme y colaborar en este proceso que abre el mencionado Decreto para que el INTA y el resto de los organismos de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, recuperen su rol fundacional y generen valor agregado genuino en la estrategia de inserción internacional de la agroindustria”, dicen los agroindustriales.
Claramente CIARA CEC es un enemigo del productor agropecuario al que sus socios esquilman desde siempre. Es un grupo cartelizado siempre del lado de los gobiernos de turno. Las declaraciones de esa supuesta CAA dan asco.