Hidrovía: la Administración General de Puertos tiene planes para implementar una política más kirchnerista que la vigente durante el kirchnerismo

La Administración General de Puertos (AGP) no sólo sigue operando como si en las elecciones presidenciales del año pasado hubiese ganado el kirchnerismo, sino que además está a un paso de implementar una política que nada tiene que ver con las supuestas banderas libertarias del gobierno de Javier Milei.

Esta historia comienza en julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, cuando el entonces presidente Fernández procedió a otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.

Por entonces –con buen tino– Bichos de Campo calificó la maniobra como la “estatización” de la Hidrovía y no se equivocó porque, lejos de tratarse de una medida provisoria, la misma sigue plenamente vigente.

Finalmente se estatizó la Hidrovía y 75% de las cargas agrícolas que salen por allí dependen de que el gobierno haga bien las cosas. O encallarán

Antes de la “estatización”, la gestión del servicio de dragado y balizamiento prestado por Hidrovía S.A. –empresa integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa– se cobraba por medio de un peaje de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada, el cual era abonado por las empresas exportadoras y descontado del valor FOB de los granos al momento de confeccionar el precio FAS (el que reciben los productores). El decreto 427/2021, en definitiva, metió al Estado en el medio de un acuerdo entre privados para actuar como intermediario.

En mayo pasado el gobierno designó a Iñaki Miguel Arreseygor como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, un abogado sin ninguna experiencia en la materia que venía de encargarse del área de compras y contrataciones del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. También se desempeñó como director de Mirgor SACIFA, empresa controlada por la familia Caputo.

La cuestión es que, pocos días después de asumir, Arreseygor convocó a los representantes de las entidades usuarias de la Hidrovía para comunicarles que la gestión de Fernández había dejado una deuda con Jan de Nul (que en el país opera con la denominación Compañía Sud Americana de Dragados S.A.) por “servicios no pagados” del orden de 80 millones de dólares y que para poder saldarla se estaba estudiando un aumento del peaje y mantener la contratación de dicha empresa por varios años hasta que la deuda sea liquidada.

Los usuarios de la Hidrovía, que esperaban ser recibidos con noticias relativas al mejoramiento del servicio como producto de la adjudicación lograda a través de una postergada licitación, se encontraron con una sorpresa por demás desagradable.

La supuesta deuda de 80 millones de dólares requeriría –en un país normal– la realización de una auditoría urgente, pues los pagos realizados en concepto de peaje resultaban suficientes para abonar el servicio de dragado cuando el sistema funcionaba sin intermediación del Estado.

El 2 de julio las entidades usuarias de la Hidrovía enviaron una carta dirigida a Arreseygor para reclamarle que active el retrasado proceso de licitación de la vía navegable y que no use la excusa de la deuda para mantener el status quo al entender que tal cuestión “debería ser abordada del mismo modo que el Estado nacional lo hizo con deudas de la administración anterior respecto de otro tipo de servicios” (en referencia a la deuda refinanciada con las compañías energéticas).

Los reclamos no sólo se realizan para evitar un inminente aumento del peaje –que abonarán los exportadores pero terminarán pagando los productores al final del día–, sino también para solucionar los problemas derivados de un servicio de dragado que viene acumulando importantes ineficiencias.

El consultor y ex coordinador de Puertos de la Nación Juan Donato alertó en su blog “Argentina y el Mar” que las planillas de determinantes y alturas hidrométricas a partir de julio 2023 muestran una prestación ineficiente por parte de Jan de Nul al constatar profundidades inferiores a los 9,50 metros en algunos tramos de la Hidrovía donde debería haber al menos 11,50 metros.

Ese “combo” temible de desidia, ineficiencia y angurria recaudatoria, que tanto daño hizo al sector agroindustrial durante el kirchnerismo, sigue más radiante que nunca en las oficinas de la AGN. Y esa realidad luce mas opaca aún cuando se la contrasta con un relato político que supuestamente fue incubado para combatir a los parásitos estatales.

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