En septiembre del año pasado el gobierno argentino determinó un valor bonificado del peaje de 1,20 centavos de dólar por tonelada de registro neto para los barcazas que circulen por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía del Paraná.
Así logró destrabarse un conflicto gestado en 2023 por el gobierno kirchnerista, que había aplicado de manera unilateral un peaje de 1,47 dólares por tonelada en el tramo superior de la Hidrovía del Paraná, que es el empleado por las barcazas paraguayas que, por ejemplo, transportan soja hasta las industrias aceiteras de la zona de influencia de Rosario.
La bonificación del peaje estaba prevista hasta el 28 de febrero de 2025 porque se dispuso que en ese período se crearía, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, una “Mesa de Trabajo” conformada por dos representantes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos y otros dos de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), los cuales se reunirán al menos un vez por mes. Sin embargo, cumplido ese plazo, se avanzó poco y nada en la materia.
Por ese motivo, este miércoles, por medio de la resolución 8/2005, el gobierno argentino prorrogó por sesenta días corridos más la bonificación del peaje en el tramo superior de la Hidrovía del Paraná.
En los fundamentos de la medida se indica que a comienzos de este año el gobierno argentino dio de baja la estructura de la Administración General de Puertos SA para crear en su lugar la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Y remarcó que “en ese contexto la mayoría de los recursos técnicos y de gestión se encuentran abocados a encauzar la compleja transición entre ambas organizaciones, por cuanto la constitución de la Mesa de Trabajo de la Vía Navegable Troncal Sección Santa Fe al Norte no pudo concretarse, y, consecuentemente, tampoco se han podido realizar los estudios ni certificar la justicia y razonabilidad del segmento tarifario en trato”.
Es decir: el Estado argentino seguirá cobrando el peaje a las barcazas paraguayas –eso sí, con un valor bonificado– hasta tanto se pueda determinar la “justicia y razonabilidad” de la aplicación del mismo.
