Finalmente, tal como el gobierno de Javier Milei había prometido a su par paraguayo Santiago Peña, se instrumentó este viernes el acuerdo tendiente a solucionar el conflicto iniciado el año pasado por el ministro Sergio Massa con el cobro unilateral de un peaje en el tramo superior de la Hidrovía del río Paraná.
Por medio de la resolución 13/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinó un valor bonificado del peaje de 80 centavos de dólar por tonelada de registro neto para los barcazas que circulen por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía del Paraná. Será aplicado de manera retroactiva desde febrero de 2023 (fecha en que se hizo efectiva la medida) hasta agosto de 2024.
Para el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2024 y el 28 de febrero de 2025, la tarifa será de 1,20 dólares por tonelada de registro neto.
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El conflicto se había gestado cuando a comienzos del año pasado Massa aplicó de manera unilateral un peaje de 1,47 dólares por tonelada en el tramo superior de la Hidrovía del Paraná, que es el empleado por las barcazas paraguayas que, por ejemplo, transportan soja hasta las industrias aceiteras de la zona de influencia de Rosario.
La resolución 13/2024 dispone que la bonificación será aplicable “en la medida que el obligado al pago lo efectivice dentro de los 45 días corridos, contados a partir de la emisión y envío de la factura correspondiente”.
También señala que aquellos que abonaron el peaje de 1,47 dólares “tendrán un crédito a favor por la diferencia de la bonificación establecida” en la nueva resolución en caso de corresponder.
Por otra parte, la bonificación no será aplicable en caso de los usuarios del tramo superior de la Hidrovía del Paraná tengan facturas impagas relativas al peaje, en cuyo caso se procederá a certificar la deuda por el total del importe de la tarifa de 1,47 dólares.
La resolución 13/2024 también constituyó, en el ámbito del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, una “Mesa de Trabajo” para la sección norte de la Hidrovía conformada por dos representantes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos y otros dos de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), los cuales se reunirán al menos un vez por mes.
“Las funciones de dichos representantes serán ad honorem sin ninguna vinculación con Administración General de Puertos Sociedad del Estado y sin perjuicio del vínculo profesional que puedan tener con las entidades a las cuales representan”, especifica la norma.
