Llegó la Navidad y el presidente Alberto Fernández preparó una sorpresa especial para todos los contribuyentes argentinos: un nuevo “pase tributario” para que las provincias puedan seguir aumentando impuestos.
Se trata del denominado “consenso fiscal”, que será anunciado la semana que viene, a partir del cual se habilitarán topes máximos para que las provincias determinen las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos para las diferentes actividades productivas.
El proyecto contempla una alícuota máxima de 0,75% para la actividad agropecuaria; de 1,50% para industria, de 5,0% para comercio y actividades inmobiliarias (incluye arrendamientos agropecuarios); de 6,5% para telefonía celular; y de 9,0% para servicios financieros, entre otros rubros.
Si bien el gobierno de cada provincia luego deberá decidir la alícuota por fijar en cada caso, está claro que el “consenso fiscal” está diseñado para incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, lo que podría tener un impacto considerable en el agro, dado que es la actividad que soporta la mayor carga impositiva.
Una vez lanzada la iniciativa, la misma deberá ser aprobada en el Congreso, algo que el año pasado recibió el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores radicales de Jujuy (Gerardo Morales) y Corrientes (Gustavo Valdés), quienes seguramente volverán a validar el proyecto en 2022.
El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.
En lo que respecta a la actividad agropecuaria, más allá de las alícuotas propias de la actividad, el hecho de aumentar la presión tributaria sobre los diferentes bienes y servicios requeridos por el sector impacta de manera directa en los costos de producción.
El proyecto de “consenso fiscal”, que fue comunicado esta semana por Fernández de manera personal a un grupo gobernadores afines, no deberá ser validado por el gobiernos de San Luis y La Pampa porque, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido en la gestión de Mauricio Macri (que establecía un cronograma de reducción de Ingresos Brutos hasta su completa eliminación), cuentan con plena libertad para fijar alícuotas del impuesto en cuestión.
“Esto no significa que las provincias deben aplicar esas alícuotas; incluso pueden aplicar alícuotas menores si así lo desean. Simplemente lo que se hizo fue armonizar los topes máximos”, explicó la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en referencia al proyecto que será anunciado la semana que viene.
La funcionaria remarcó que el proyecto en sí mismo “no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales”.
