Cuando se habla de “retenciones” en la Argentina, lo usual es pensar en derechos de exportación. Sin embargo, existen “retenciones” internas cobradas por las provincias que incluso se abonan por adelantado.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) actualizó el tradicional relevamiento sobre acumulación de saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos en compañías del rubro para estimar un cifra terrorífica.
La entidad que agrupa a 34 cámaras sectoriales agroalimentarias indica que los saldos a favor de Ingresos Brutos acumulan unos 43.000 millones de pesos. Una locura.
COPAL explicó, por medio de un comunicado, que “las compañías adelantan montos millonarios a las administraciones provinciales de manera compulsiva. Sin mecanismos de devolución o exclusión dinámicos, continúan engrosando los saldos a favor inmovilizados”.
La pequeña provincia de Misiones lidera el ranking infernal al concentrar el 35% del total del saldos a favor de Ingresos Brutos acumulado en todo el país.
El informe de COPAL hace mención a un caso testigo en Misiones, con un fallo pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el del Establecimiento Las Marías, empresa del sector yerbatero que llegó a acumular un saldo equivalente al 30.000% del impuesto determinado (no es un error de tipeo, dice exactamente 30.000%).
En el segundo lugar del ranking se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que concentra el 26% del total del saldo inmovilizado a nivel nacional. Se trata en muchos casos de empresas que tienen residencia fiscal allí con operaciones industriales en otras jurisdicciones.
La provincia de Buenos Aires está tercera en el ranking con el 9% del total, aunque cuenta con un esquema de devolución que opera con un plazo no superior a dos meses y que se viene cumpliendo.
En ese marco, la entidad volvió a solicitar –como hace todos los años– eliminar los regímenes de pago a cuenta de Ingresos Brutos y, mientras tanto, permitir que los saldos a favor se usen para pagar otros impuestos provinciales.
La retención indebida de capital de trabajo por parte de las provincias resta capacidad de pago a las agroindustrias, lo que repercute de manera negativa en los precios ofrecidos por los productos agropecuarios.
