Unos pocos días necesitaron los actores políticos mendocinos para “privatizar” los costos de la campaña sanitaria contra la Lobesia Botrana o la polilla de la vid, la plaga más peligrosa actualmente para la industria vitivinícola. A partir de la sanción de una ley en la Legislatura provincial, los productores de más de 10 hectáreas deberán pagar los gastos de control de esa plaga, que hasta ahora habían sido cubiertos con fondos nacionales y provinciales. Los costos para esos establecimientos serán de 1.500 pesos por hectárea.
El diario mendocino Los Andes informó que los senadores mendocinos convirtieron en ley el financiamiento mixto para las dos próximas campañas del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana. El proyecto tardó unos pocos días en ser discutido y aprobado, ya que recién a fines de mayo pasado el Gobierno Nacional comunicó a la provincial la imposibilidad de remitir fondos suficientes. El Ministerio de Agroindustria enviará este año solamente 100 millones de pesos y Mendoza pondrá otros 50 millones. Pero como la plata no alcanzaba, se decidió “invitar” al sector privado a ser parte de la cruzada.
Ver Lobesia: La privatización de una lucha sanitaria y una ley apolillada
Así, según la nueva ley provincial, desde octubre próximo -y en 4 cuotas trimestrales- los productores de vides de más de 10 hectáreas deben pagar 1.500 pesos/ha, por lo menos hasta 2020.
Aunque ahora cuenta con la herramienta que buscaba para no discontinuar el tratamiento de la plaga, apunta la cónica de Los Andes, el Gobierno de Mendoza actuará de agente financiero y adelantará los 300 millones de pesos que se necesitan para llevar a cabo la licitación internacional para la adquisición de feromonas. La Nación, que el año pasado se había hecho cargo de ese operativo, recién transferirá sus 100 millones de pesos a partir de agosto, cuando inicia la campaña 2018.
Pese a la velocidad para transferir al sector privado buena parte de la responsabilidad de financiar la lucha sanitaria, la discusión entre los políticos de Mendoza no fue sencilla. Es que algunas voces pretendían aplicar 25 hectáreas -y no 10- como mínimo imponible, según la ley nacional que asigna presupuesto al Programa coordinado por Senasa.
La votación finalmente salió con 21 votos afirmativos (Cambiemos), 15 negativos (PJ y PI) y 2 abstenciones (FIT).
La nueva ley establece que el Iscamen “diseñará y presupuestará, anualmente, el programa” y deberá rendir cuentas a la Legislatura cada año después de la vendimia. Los fondos contarán con “aportes del presupuesto que el Gobierno Nacional asigne”, más el que destine la Provincia y montos recaudados en concepto de “contribución obligatoria especial de los productores vitícolas”.
En caso de incumplimiento por parte de los viñateros, las bodegas inscriptas deberán actuar como agentes de retención y responsables de depositar fondos “al adquirir la uva o productos elaborados por cuenta de terceros o a maquila”.
Ver: Hasta 2019 en emergencia por el avance de la Lobesia botrana
Aunque la vigencia del aporte obligatorio es por dos temporadas, la ley contempla una prórroga anual. Y prevé que, al margen del financiamiento inicial, “si hubiera fondos de aportes públicos o privados remanentes, luego de cerrado el programa anual, quedarán afectados e integrarán automáticamente el presupuesto del año siguiente”.
En San Juan, en cambio, el gobierno decidió hacerse cargo del problema sanitario sin pedir socorro de los privados. “Vamos a poner los recursos pero continuaremos reclamando a la Nación una ayuda”, dijo el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, en declaraciones al Diario del Cuyo..
Mendoza y San Juan son las principales productoras de uvas porque concentran entre ambas casi el 92% de los parrales del país. Los recursos en esta lucha hacen falta sobre todo para la compra y distribución de feromonas (técnica de confusión sexual) y de insecticidas.
En el caso sanjuanino, Díaz Cano dijo que le van a exigir al Gobierno Nacional que también ponga recursos, ya que estimó que para la próxima campaña, que debería arrancar en septiembre harán falta entre 40 a 50 millones de pesos.
