“Nico”, lo llamó varias veces su entrevistador, como síntesis perfecta de la familiaridad de su trato con el presidente del INTA. Bichos de Campo no tiene la misma suerte: desde el primer día que asumió el cargo este agrónomo libertario, a fines de 2024, le viene solicitando una entrevista que el funcionario jamás concedió.
Lo cierto es que, sea amable o no el trato con la prensa, el presidente del INTA , Nicolás Bronzovich, se vio obligado a dar explicaciones públicas por primer a vez sobre la expulsión de la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce, Virginia Aparicio, quien desde 2020 y hasta 2023, en el marco de un proyecto internacional junto a diez países de la Unión Europea al que suscribió el propio organismo, investigó los residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.
“No estoy feliz de la decisión, pero estoy seguro que tomamos la mejor decisión para el instituto tecnológico para el cual trabajo”, dijo Bronzovich en referencia a la sanción que sufrió Aparicio (la “exoneración”, es decir su expulsión del sector público), dictada hace un par de semanas por el Consejo Directivo del instituto, luego de un sumario interno que se inició en mayo de 2003, cuando el Proyecto Sprint (como se denomina la iniciativa) iba a dar a conocer sus primeras mediciones.
Aquí se puede ver el reportaje a Bronzovivh en Agrositio.
Intentando hacer un buen periodismo, Bichos de Campo relató todo este proceso en el momento en que sucedía y no ahora que inunda las redes sociales. Contamos desde cuando se realizaba la investigación a cuando, semanas antes en septiembre de 2023, la investigadora a cargo de coordinar el proyecto en la Argentina anunció que iba a dar a conocer esos primeros resultados. También fue noticia que el INTA le quitó su apoyo y la censuró, pero ella desobedeció. En ese contexto, en los meses siguientes el organismo pidió explicaciones y Aparicio se negó a darlas. Por eso, a cuatro días del cambio de gobierno, el ex presidente del INTA, el peronista Mariano Garmendia, decidió despegar al instituto de la investigación europea y se dio inicio a esta investigación sobre el desempeño de su coordinadora local.
Todo lo contamos.
A Bronzovich le toca que en su gestión -tres años después- apuró el desenlace de esta investigación sancionando a la ingeniera agrónoma, en medio de un contexto de fuerte ajuste en el INTA, con 1.800 empleados menos desde que se inició el actual gobierno y ante denuncias gremiales porque este mismo presidente del INTA colocó a varios funcionarios sin el debido concurso público. De hecho, la exoneración de Aparicio se produjo pocos días después de que el Consejo Directivo aprobara el nombramiento de un contador que el día anterior a ser nombrado en el INTA había cobrado una indemnización de otro organismo del Estado por 110 millones de pesos. Bronzovich jamás explicó esa situación.
Ahora el agrónomo que proviene de Aapresid, en la entrevista concedida en las últimas horas, afirmó que no tiene un encono personal contra Aparicio, para intentar desestimar una persecución política o una maniobra de distracción. “Estudió en el INTA Balcarce igual que yo. Yo la conocía a Aparicio, aunque era unos años menor. No tengo nada contra ella y podría hasta hablar bien de ella”, indico Bronzovich en un tramo de la entrevista, en la que siempre se mostró como un agrónomo ajeno a este tipo de sumarios y las sanciones disciplinarias. De hecho, siempre adjudicó la decisión al Consejo Directivo del organismo, donde él convive con representantes de entidades rurales y de las universidades.
“En esto no voy a dar mi opinión personal, yo no quiero sentar un precedente de subjetividad”, enfatizó Bronzovich en un tramo del reportaje, aunque más tarde diría que a la resolución que terminó dictando sentencia contra Aparicio “nos llevó varios días redactarla”.
Las aclaraciones -o el relato- del presidente del INTA sobre este caso sucedieron recién cuando este escándalo subió varios escalones en la escena pública, donde estos días se oyen múltiples críticas a una sanción que finalmente se parece demasiado a un gesto de autoritarismo para acallar los ecos de un tema sensible para buena parte de la sociedad, que tiene un legítimo temor de altos índices de contaminación por el uso de agroquímicos en la actividad agrícola. Medir ese impacto era justamente el objetivo del Proyecto Sprint. En la Argentina no existen mediciones regulares de ese tipo llevadas a cabo por el Estado Nacional o los gobiernos provinciales.
Lo singularmente gracioso es que no se acusa en el expediente a Aparicio de haber falseado los datos de sus mediciones para contribuir -como especulan muchos- a una supuesta campaña de demonización de la agricultura argentina muy dependiente de herbicidas. Todo lo contrario, aunque Aparicio dice que sus muestras confirman la presencia de agroquímicos en la sangre de varias personas y que eso debería ser motivo de preocupación, el propio Bronzovich se ocupó de aclarar ante Agrositio que en los resultados publicados finalmente en la página oficial del Proyecto Sprint -que también midió residuos de agroquímicos en diez países europeos-, “en ningún caso alcanzó el limite mínimo de residuos definido por la Unión Europea”.
¿Queda claro o no? El mismísimo Bronzovich, que recién ahora aceptó hablar del caso, confirmó que en las mediciones que hizo Aparicio sobre los residuos de este tipo de sustancias en la sangre de cerca de 70 personas que accedieron voluntariamente a la medición, “el que mas nivel alcanzó está hasta mil veces por debajo de los limites máximos admitidos por la Unión Europea”.
Es decir que la expulsada investigadora del INTA, en sus informes dentro del proyecto, no hizo terrorismo ideológico o ambiental, como se especulaba, sino que al parecer confirmó que Argentina, incluso dentro de los desmanejos que puede tener un país subdesarrollado como éste, no está plagado de “agrotóxicos”, como esgrimen los ambientalistas más extremos, muchos veces financiados por capitales europeos.
¿Y entonces de qué se la acusó a Aparicio, a punto tal de impedirle seguir trabajando en el Estado que la formó?
Bronzovich citó varias causas de las que también ya hemos dado cuenta en estas páginas y que parecen nimiedades -o excusas- respecto de lo que suele hacer la clase dirigente. incluyendo al propio presidente del INTA. Dijo que la investigadora no aportó información cuando se la reclamaron en 2023, dijo que ella decidió cambiar al comité de ética originalmente pactado. Afirmó que ella decidió enviar las muestras de sangre directamente a una universidad europea, y no analizarlas primero en Argentina, y dijo que para eso gastó parte del presupuesto que le había girado el Proyecto Sprint desde Europa. También se la acusa de presuntas irregularidades en el manejo de información confidencial, porque decidió enviar el informe con los resultados de sus mediciones a Europa, a pesar de que el INTA se lo había prohibido.
Lo más grave, Bronzovich la acusó de tomar 73 muestras de sangre, cuando el protocolo decía que serían 72.
Ya lo publicamos y nos parece mal, muy mal. La acusación más grave del INTA contra Aparicio es que usó parte del dinero que le asignaron desde Europa para subcontratar a su pareja, un jubilado del propio INTA, para realizar parte de esas mediciones. El “conviviente” no estaba en el listado original de personal autorizado a participar del proyecto.
Quizás sean todas estas causales de sanción, pero no parece razonable que -en un país podrido como el nuestro- se expulse a alguien del Estado solo por las pocas y confusas razones expuestas por Bronzovich.
Funcionario mediocre, por cierto, que no da entrevistas ni conferencias de prensa y que ahora se vio forzado a decir algunas cosas porque el caso Aparicio llegó nada más y nada menos que al Congreso Nacional.
Como dijimos desde el primer día, la infantilidad política de Bronzovich, del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y de los seis consejeros del sector productivo (dos de ellos provienen de la Sociedad Rural Argentina) que establecieron esta sanción, están por convertir a Aparicio en una nueva “mártir” para los militantes ambientalistas de la Argentina, que son muchos y tienen mucha mejor llegada a los medios que los profesionales del sector agrario.
De hecho, en los últimos días proliferaron las declaraciones de repudio no solo entre los “verdes” sino también de algunas universidades, legislaturas provinciales e incluso en el Congreso Nacional. La propia investigadora mencionó como antecedente el caso de Andrés Carrasco, un investigador del Conicet ya fallecido que ensayó con aplicaciones de glifosato sobre seres vivos.
Es que, ni mal ni bien, la Argentina no mide residuos de agroquímicos y el Estado es un gran ausente de estas discusiones sociales. Ahí radica el gran problema.
De hecho, Bronzovich se vio obligado a salir a defender la expulsión horas antes de que Aparicio se presentara en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, invitada por diputados del Frente de Izquierda. “Durante la presentación se denunció la gravedad de la medida contra Aparicio, a la que se calificó como un hecho ‘completamente inédito’ y especialmente grave porque ‘esto se hace para acallar, para censurar lo que ella ha investigado’, poniendo de relieve ‘la gravedad del negocio de los agrotóxicos y su implicancia'”, comentó La Izquierda Diario.
Ay Nico… Además de huidizo a las preguntas, resultó ser un pelotazo en contra de los intereses del propio sector agrícola en esta discusión.
Con esta sanción, los actuales responsables del INTA despertaron otro “monstruo” Y es que en esta discusión hasta el diputado Nicolás Del Caño tiene razón al denunciar que la exoneración de Virginia Aparicio constituye un caso de persecución y censura científica porque los responsables de la sanción “ni siquiera rebatieron alguna de las conclusiones del estudio”.
Por cierto, desde hace años que el INTA casi no habla de agroquímicos.
Mucho peor parado quedó Bronzovich frente a otra situación expuesta en las últimas horas: El medio Tierra Viva, ligado a los sectores campesinos que promueven la agroecología y una menor dependencia de los agroquímicos, obtuvo declaraciones de Violette Geissen, profesora de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y coordinadora general del proyecto internacional Sprint, que quiere decir Transición Sostenible de Protección Vegetal.
La investigadora calificó de “injusto” el castigo a Aparicio y defendió su desempeño científico, asegurando que la profesional argentina cumplió rigurosamente con los protocolos establecidos por el consorcio internacional.
“Virginia Aparicio es una investigadora excelente”, afirmó Geissen desde Holanda. “Hicimos protocolos para armonizar los métodos y que se realizaran en todos los países de la misma manera. Virginia siguió esos protocolos al pie de la letra”, añadió.
También recordó que “el INTA firmó su ingreso al consorcio conociendo qué se iba a hacer y cuáles eran los objetivos. Ese contrato no lo firmó Virginia, lo firmó el responsable del organismo. Por lo tanto, no se entiende cómo luego quieren irse”, planteó.
Puf, Nico.
