Luego del descalabro generado en el mercado energético global por el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, el gobierno argentino se puso al hombro la agenda de los biocombustibles, que hasta ese momento dormía una siesta que llevaba ya más de una década.
La semana pasada –tal como adelantó Bichos de Campo– ingresó al Senado un proyecto de biocombustibles firmado por legisladores oficialistas y este miércoles se llevó a cabo un plenario informativo en la materia en el ámbito de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio de la Cámara de Diputados. Tanto apuro no es casual.
En el encuentro, que contó con exposiciones de muchos referentes del sector de bioetanol y biodiésel, se trataron dos proyectos: el oficialista, firmado por la senadora Patricia Bullrich (LLA) y otro del diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas), que representa el interés de las principales provincias elaboradoras de biocombustibles.
Ambas iniciativas proponen aumentos de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel –algo que ya está ocurriendo con el propósito de reducir costos de producción de los combustibles–, pero difieren en el mecanismo de asignación de cupos de biodiésel.
Mientras que el proyecto oficialista propone desregular completamente el mercado, asignando cupos a aquellas empresas que, en el marco de licitaciones públicas, presenten las mejores ofertas, el proyecto de las provincias propone crear un marco que asegure un cupo mínimo a las empresas “no integradas”, es decir, aquellas que adquieren aceite de soja a grandes industrias oleaginosas para elaborar biodiésel.
Por ese motivo, Marcelo Kuszniersz, director de Doble L Bioenergías y presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, conformada por pymes “no integradas”, aseguró que apoya “en casi todos sus artículos el proyecto del diputado Gutiérrez”.
En tanto, Luis Zubizarreta, director institucional en LDC Argentina y presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), integrada por las grandes corporaciones aceiteras, respaldó el proyecto oficialista.
“Después definiremos el nivel de corte, que sí estamos de acuerdo en que habría que apuntar a un nivel más alto. Nos parece que, en la medida en que salgamos del esquema actual y entremos en este esquema de competencia como define el proyecto, vamos a tener precios más bajos”, aseveró Zubizarreta.
Tal como sucedió en otras oportunidades, la cuestión del biodiésel representa el principal foco de conflicto, ya que una desregulación completa del mercado permitiría contar con precios más competitivos, pero a costa del quebranto de decenas de pymes que se crearon para abastecer el cupo obligatorio en el marco del régimen que ahora se pretende cambiar.
En lo que respecta al bioetanol, no existe conflicto, ya que ambos proyectos –el oficialista y el avalado por las provincias– contemplan distribuir el cupo obligatorio vigente y futuro en partes iguales entre las fábricas de bioetanol cañero y maicero.
Patrick Adam, CEO de DS Ingeniería y Proyectos y director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, argumentó que “hace diez años que la industria del bioetanol está estancada, que no crece, que está bajo un régimen muy duro que no le permite aumentar el corte”.
“Nosotros estamos muy agradecidos con la Secretaría de Energía que nos ha escuchado, hemos trabajado muy duro. Muchos de los puntos que nosotros sugerimos fueron tomados en este proyecto que presentó la senadora Patricia Bullrich y eso nos asegura un mercado futuro que no solo crece por el mercado obligatorio que pasaría al 15%, sino con un mercado libre por encima de ese umbral”, explicó Adam.
Aspectos claves -que no define el el Art. 14 del proyecto de ley- quedarían sujetos al arbitrio de la Autoridad de Aplicación. Cabe recordar que el golpe de gracia al plan Alconafta de los 80´s fue que se eliminó la obligatoriedad a las petroleras de retirar el bioetanol de las destilerías. El país es amplio y hay distancias considerables entre centros de producción y de consumo. Cualquier propuesta de modificación de la reglamentación actual debería consensuar previamente cómo se resolverá este aspecto crucial.
Salvando cuestiones logísticas, el bioetanol puede desenvolverse perfectamente en un marco de libre competencia como pretende el gobierno. Sin embargo, el bioetanol aporta una reducción de emisiones de entre 70% y 90% respecto a las de la nafta fósil, pero a su vez tiene 70% de su densidad energética, por lo cual la competencia con la misma debe establecerse bajo un adecuado diferencial de precios acorde a estas características. Por ejemplo, sin resentir las necesidades recaudatorias del Estado, a través de diferenciales impositivos, que en el caso de las naftas fósiles actualmente apenas cubren la quinta parte de sus costos de remediación. Por otro lado, los efectos del bioetanol en la descarbonización son de largo plazo, sin que se resientan si hay flexibilidad para modificar las mezclas obligatorias en situaciones puntuales que ameriten privilegiar el uso alimenticio de las cosechas, sin afectar la movilidad gracias a la total flexibilidad de intercambio fósil/bio.
La tecnología está madura, automotrices instaladas en Argentina producen vehículos flex en sus filiales de Brasil; decenas de miles de autos argentinos anualmente viajan sin problemas hacia playas de ese país, que el año pasado ya convalidó 30% de mix obligatorio de bioetanol y se propone avanzar a 33% a partir de mediados de este. La construcción de una nueva planta de biocombustibles normalmente demanda entre 18 y 24 meses, en lugar de los 5 a 10 años de las inversiones petroleras. La impactante transición brasileña fue favorecida por el financiamiento oficial blando de las inversiones, que incluyeron también la instalación de surtidores de etanol hidratado en las más de 30 mil estaciones de servicio de ese país.
La paridad de importación que se pretende aplicar como precio máximo o techo, según el Art. 16 del proyecto de Ley, además de “las fuentes de mercado internacional reconocidas”, debería incluir los costos logísticos para traer el combustible al país, así como todo tipo de ayuda y subsidios que reciben los productores en los países de dichas referencias.