El gobierno de Javier Milei, a partir de una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), decidió interrumpir un largo proceso para construir un mapa nacional de comunidades indígenas, que se inició hace ya casi 30 años, y suspendió todos los trámites de reconocimiento pendientes. A la vez, la Nación comenzó a transferir esa responsabilidad a las distintas provincias que lo soliciten.
La normativa firmada por Claudio Avruj, el titular del INAI, y publicada en el Boletín Oficial de este martes, en primer lugar dispone la abrogación de la Resolución 4811/96 de la ex secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia. En tiempos de Carlos Menem, esa norma habilitó la inscripción de las comunidades originarias que el denominado Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), en cumplimiento de lo que estableció la Ley 23.302 de 1985, que “declaraba de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación”.
Aquel proceso de inscripción de comunidades fue trabajoso y lento, reción cobró algo de bríos a partir de los primeros gobiernos kirchneristas, pero casi 30 años después no parece haber concluido. Por eso, al nueva resolución del INAI también estableció “la suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en el RENACI”.
En el tercer artículo, Avruj invitó a las provincias “a la celebración de acuerdos en orden a homogeneizar criterios para la inscripción, la adecuación y transferencias de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas oportunamente registradas en jurisdicción nacional y/o provincial”. Es decir, parece ser una decisión tomada de la nueva gestión nacional desatenderse por completo de esta tarea, para transferirla a las provincias.
En los últimos días, de hecho, el funcionario nacional -ex secretario de Derechos Humanos en la gestión de Mauricio Macri- firmó sendos acuerdos en ese sentido primero con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck; y ayer por la tarde con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. En ambos casos, el sentido de los convenio fue “unificar los criterios para la inscripción de la personería jurídica de comunidades indígenas”.
¿Por qué debería ser importante esta situación para el sector agropecuario? Durante todos estos años de funcionamiento del RENACI, la formalización de comunidades en dicho registro era un paso clave para el reclamo y la asignación de tierras que ocupaban históricamente esos grupos, ingresando en colisión muchas veces con productores afincados allí con posteridad.
Varios productores han conformado el “Foro de Seguridad Rural Argentino” y consideran que detrás de este régimen, en los últimos años se facilitó las usurpaciones de campos en diferentes regiones del país.
En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó, a partir de la sanción de una Ley de Emergencia Territorial, un censo de los territorios reclamados por esas comunidades, que debía concluir en 2009 pero se prolongó hasta nuestros días. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), por ese entonces se contabilizaban bajo registro unas 950, pero en 2023 ya habían crecido a más del doble, con unas 1.700 comunidades. A la vez, para 2019, la extensión de tierras en disputa se encontraba en el orden de los 12 millones de hectáreas.
Frente a este panorama, el gobierno de Milei parece decidido a desentenderse de la maraña que han creado sus antecesores, para transferir los conflictos a las provincias. “El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la personería jurídica de sus comunidades, pudiendo las provincias ejercer concurrentemente con la Nación dichas atribuciones”, justifica la nueva norma.
“Es objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios”, expone la resolución del INAI, que además argumenta que “la coexistencia de varios niveles de gobierno en un Estado federal exige necesariamente de la presencia de instrumentos que posibiliten y faciliten las relaciones intergubernamentales, en busca de la convergencia de voluntades que tiendan a la coordinación de materia de registración de comunidades indígenas cuya titularidad pertenece en común a ambos niveles (nacional y provincial)”.
Luego insiste en que “la actual gestión de gobierno se encuentra abocada a la reperfilación de las tareas encomendadas al RENACI, en lo atinente a sus obligaciones y regímenes de información implementados con miras a contribuir a la agilización de los procesos y evitar interferencias en las facultades propias de las provincias”. Y en ese sentido informó que ya son once las provincias que cuentas con sus propios registros de comunidades, en tanto que existen siete acuerdos con el Institutito Nacional para “armonizar las competencias”.
El RENACI “debe dar intervención a los organismos provinciales, no teniendo al respecto, una facultad exclusiva y excluyente del ámbito provincial. Los organismos provinciales, se encuentran en mejores condiciones para conocer las necesidades que tienen las comunidades indígenas en el ámbito de sus jurisdicciones”, es el argumento esgrimido ahora por Avruj.
La conclusión es que “el gobierno nacional ha decidido implementar un plan de desregulación de amplísimo alcance y en ese marco resulta necesario derogar la Resolución 4811/96”, que dio origen a este proceso de registro nacional, siendo ahora “menester que las jurisdicciones provinciales se avoquen en las tareas de registración de las comunidades indígenas que habitan en sus territorios”.
A mediados de mes, en el mismo sentido, el INAI había creado oficialmente el Consejo Federal de Políticas Indígenas, con el propósito de “establecer un espacio federal de diálogo y encuentro entre las provincias y el gobierno nacional, con el fin de acordar acciones y programas para la implementación de políticas activas en favor de los pueblos originarios”.
