Tras la confirmación, por parte del propio vocero presidencial Adrián Ravier, de que el gobierno tiene 1 billón de pesos de los fondos viales inmovilizados en inversiones, los reclamos por el estado de las rutas nacionales subieron de tono. Y los focos más recientes se activaron en el norte.
Por un lado, el gobernador riojano Ricardo Quintela elevó una denuncia penal y civil por el desvío de los recursos en plazos fijos y títulos, y sumó a su provincia como querellante alegando el “grave perjuicio” provocado por la paralización de obras viales.
La certeza de que existen miles de millones de pesos “congelados” también impulsó acciones desde Formosa, que emitió una intimación formal a la Dirección Nacional de Vialidad para que, ante la inminente llegada del “Súper Niño”, ejecute tareas de dragado y mantenimiento en las rutas nacionales 11 y 95.
Se sabe que, desde 2024 a la fecha, el gobierno recaudó al menos 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Pero, según consta en los registros del fideicomiso “Sistema Vial Integrado” (Sisvial), creado específicamente para financiar obras viales, apenas se volcó en ellas 1 de cada 4 pesos, confirmando que hay al menos 1 billón en manos de la “mesa de dinero” que dirige el ministerio de Economía. Un antecedente similar se le atribuye al gobierno respecto a los fondos hídricos.
El escándalo escaló con la denuncia penal que hizo días atrás la diputada nacional Victoria Tolosa Paz en los tribunales federales de Comodoro Py. Ahora, quien se suma es el gobernador peronista Ricardo Quintela, quien eleva el perfil en medio de los cuestionamientos al entorno de Javier Milei y suma a la provincia de La Rioja s como querellante en la causa que investiga el supuesto desvío de fondos.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado y dirigente peronista Jorge Yoma, y apunta por el “grave perjuicio” que habría provocado la paralización de “obras estratégicas” en la región. Entre ellas, la del Corredor Bioceánico, que conecta La Rioja, Chilecito y Pircas Negras con la República de Chile.
La Prov de LA RIOJA @QuintelaRicardo nos presentamos como QUERELLANTES, por DERECHO PROPIO y con el patrocinio letrado del Dr JORGE R YOMA, en la causa por la que se investiga @JMilei @LuisCaputoAR y OTROS por el desvío FRAUDULENTO de $ 1 BILLON, correspondientes al SISTEMA VIAL… pic.twitter.com/j2Ipf6CgYL
— Jorge Yoma (@NegroYoma) August 23, 2026
Donde también recogen el guante es en Formosa. La provincia, a través de su ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, intimó formalmente a la Dirección Nacional de Vialidad a ejecutar en diez días corridos tareas de dragado y desobstrucción en las rutas nacionales 11 y 95, alegando que esas obras ayudarían a reducir el impacto de la temporada de lluvias que se avecina.
“El reclamo desmonta la excusa presupuestaria tras la admisión oficial de que Nación retiene y desvía los fondos del Impuesto a los Combustibles que pagan a diario todos los formoseños”, señalaron desde la gobernación, que, con la certeza de que los recursos están disponibles, aprovecha a recordar que su pedido es prioritario.
Los modelos satelitales confirman que Formosa cuenta con 1.714.700 hectáreas, el equivalente a 22,6% de la superficie provincial de suelo firme, en condiciones de alta susceptibilidad a excesos hídricos. De ese total, casi un 80% de esas miles de hectáreas se ubican en grandes bloques adyacentes a las rutas 11 y 95, donde denuncian que las alcantarillas están colmadas de residuos y que la falta de limpieza provoca que esas vías nacionales actúen como un “dique o tapón no planificado”.
Ante lo que se espera sea una primavera con un 80% de intensificación de las lluvias en primavera y un 96% de persistencia hacia el verano 2026 y 2027, según dictan las estimaciones del “Súper Niño”, advierten que se abre una “ventana crítica” para la región.
Será una etapa de precipitaciones que coinciden con el crecimiento de los ríos adyacentes -Bermejo y Paraguay- y en la que la falta de mantenimiento podría generar que las rutas nacionales generen “embalses” de agua que compliquen a la producción y socaven también a los caminos rurales, dificultando seriamente la logística.
Con una intimación técnica e institucional enviada al Ingeniero Marcelo Campoyo, administrador general de Vialidad Nacional, y al ingeniero Víctor Ramón Padilla, a cargo del Distrito 22, la Provincia exigió la inmediata movilización de cuadrillas y equipamiento para despejar los conductos y desagües de las rutas 11 y 95 en toda su extensión formoseña.
En la misma, recordaron que el gobierno es apuntado por subejecutar un 73% de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos desde 2024 a la fecha. Los cuales, alojados en el fideicomiso Sistema Vial Integrado (Sisvial) deberían ser estrictamente destinados a la infraestructura vial, pero, consta en los registros investigados por La Nación, fueron retenidos e invertidos en títulos públicos para sostener el equilibrio fiscal.
“Resulta inaceptable que el gobierno nacional perciba tales ingresos de la comunidad y luego pretenda excusarse en la falta de presupuesto para omitir el desmalezado básico y la apertura de alcantarillas”, aseguró el ministro Rodríguez, quien recordó que “la custodia, el libre escurrimiento y la transitabilidad de la red troncal nacional constituyen una obligación legal primaria e indelegable de la Dirección Nacional de Vialidad” y responsabilizó al gobierno en caso de perjuicios futuros.
“La Provincia dejó formalmente asentado que todo daño ocasionado por anegamientos derivados del efecto tapón de las rutas -incluyendo pérdidas agropecuarias, mortandad de hacienda, rotura de caminos y cortes de transitabilidad urbana- constituirá una falta de servicio objetiva imputable a la negligencia de las autoridades viales federales”, concluyó.
