“¿Usted conoce a algún colono (o hijo de vecino) que haya podido desobedecer alguna orden judicial sin ningún tipo de consecuencia?”.
Eso se preguntan los productores yerbateros de Misiones al ver que, a pesar de tener una medida cautelar que los ampara, nadie en el Gobierno Nacional mueve fichas para que el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) retome sus funciones, tras haber quedado acéfalo desde 2023.
El organismo sectorial, que fue creado hace 23 años por la ley 25.564 agrupa a representantes de toda la cadena yerbatera y debe contar con un presidente designado por el Poder Ejecutivo. Eso es justamente lo que no se hace desde que asumió Javier Milei, que se excusa en el famoso DNU 70/2023, que fue una desregulación masiva por decreto.
Pero lo curioso es que hay una medida judicial que impugnó los artículos de esa norma dedicados al INYM de forma transitoria. El Gobierno presentó un recurso de apelación, que fue rechazado, y, por eso, actualmente el ente público no estatal debería estar en pleno ejercicio de sus funciones. Algo que, sin un presidente designado por el Ejecutivo, no es efectivo.
“El presidente Milei y otros funcionarios del poder ejecutivo nacional, se encuentran incumpliendo una sentencia judicial, conducta que por sí misma constituye el delito de desobediencia”, aseguraron en un comunicado difundido por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).
A raíz de ello, confirman haber denunciado penalmente al presidente ante el ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Comodoro Py.
La principal razón que encuentran al desguace de facto que atraviesa hace un año y medio el INYM es una avanzada del sector industrial y comercial concentrado sobre el sector primario, en el que conviven unos 12.000 pequeños productores y 15.000 tareferos.
En sus más de dos décadas de vigencia de la ley que creó el Instituto, el organismo fue el que fijó el precio mínimo de la materia prima, para asegurar la rentabilidad de los productores de hoja verde, evitar la sobreproducción y mantener la cadena en equilibrio. Es precisamente esa función la que abandonó desde que el Gobierno decidió no designar un presidente al frente de sus funciones.
Y el efecto es muy concreto. Sin haberse sentado a discutir los precios mínimos en los últimos 18 meses, la materia prima hoy se comercializa por debajo de los costos: El kilo de hoja verde es pagado por la industria no más de 305 pesos por kilo (aunque el valor más frecuente es de 280 pesos), contra un costo estimado -por el propio INYM- en 379 pesos.
En ese sentido, las organizaciones sectoriales denuncian “una transferencia fenomenal de riqueza” del sector primario hacia el industrial y estiman que, en relación al 2023, el año pasado ya perdieron más de 140.000 millones de pesos.
En esta suerte de operativo clamor en favor del INYM, que ha cobrado fuerza en los últimos meses y sobre todo tras la última zafra, los productores insisten en que hoy tienen las de ganar contra el Gobierno. “Quieren convencernos de que la lucha por el INYM está perdida. ¡Nada más lejos de la realidad!”, expresaron.
La posición de estos dos movimientos de colonos de Misiones parece ser además una respuesta a una asamblea realizada el viernes por otro sector, que propicia abandonar la lucha por el INYM y prefiere reclamar la creación de un Instituto Provincial de la Yerba Mate, que fije los precios de la materia prima.
Lo cierto es que, en lo estrictamente legal, el sector que pide el regreso de los laudos nacionales hoy tiene la derecha. Por un lado, la medida cautelar dictada el 12 de enero del 2024 -para impugnar los artículos 164 a 168 del DNU 70/2023- se encuentra en plena vigencia, tras haber sido recusada la apelación del Ejecutivo el 5 de abril del año pasado.
Pero, además argumentan que, como se trata de un organismo creado por una ley nacional, y que entonces la única manera de eliminarlo es a través de otra ley. A eso apunta el proyecto presentado por la diputada nacional por Corrientes Sofía Brambilla, perteneciente al PRO, que no ha avanzado aún en comisión.
Este vaciamiento institucional no sólo afecta al espacio de negociación del precio de la materia prima, sino también a todas las funciones de fomento e impulso a la producción que ha llevado adelante el INYM desde su creación. De acuerdo a las cifras difundidas por las organizaciones productoras, en la última década aumentó en un 25% la producción de hoja verde, más del 13% la salida a mercado interno y un 9,7% las exportaciones.
Ello tuvo repercusión sobre todos los actores de la cadena, porque en ese mismo período se incrementó en un 35% el número de productores, y en un 14,5% los molinos.
El instituto también tiene a su cargo las tareas de fiscalización y controles de calidad, los programas de transferencia tecnológica, investigación e innovación, la capacitación productiva, la apertura de nuevos mercados y la regulación del mercado proveedor para asegurar el crecimiento paulatino y evitar la sobreproducción.
“¿Qué dirá la historia de nosotros si nos dejamos arrebatar el INYM en nuestras propias narices por el accionar monopólico y delictivo de un grupito de avaros y engrupidores?”, concluye el comunicado difundido por los productores yerbateros, que recuerdan que no darán el brazo a torcer en esta pulseada.
SITUACIÓN JURÍDICA DEL INYM
Mientras tanto, para mostrar que sigue vivo, una medida publicada hoy por los directores que quedan en el INYM en el Boletín Oficial confirma que, a pesar de este “tire y afloje”, el organismo lucha por mantenerse en funciones y demuestra que puede ser útil en materia de modernización.
La Resolución 65/2025 en los hechos amplía el universo de operadores alcanzados por sus registros e insiste en que puede mantener el control sobre las importaciones, que últimamente han crecido y son otra amenaza para la salud de los precios que deberían cobrar los productores.
En su articulado, la norma modifica la denominación de los molineros y/o fraccionadores para incorporar a quienes procesan productos derivados de la yerba mate, como mate soluble, extractos, concentrados y bebidas.
Además, responde a la modificación del Código Alimentario Argentino introducida por el Decreto 35/2025, que eliminó la obligación de tramitar el R.N.P.A. nacional para alimentos importados del Mercosur, y ratifica que el INYM aún tiene la facultad de exigir a los importadores la declaración de marcas importadas y el uso de las estampillas oficiales en todos los envases.
