Mientras que la semana pasada se especulaba con la posibilidad de quitar del medio el capítulo relativo a biodiésel para poder aprobar el proyecto sobre bioetanol –que tiene pleno consenso–, este miércoles, durante la reunión de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, quedó claro que se hará un último intento para no dejar afuera al combustible elaborado en base a aceite de soja.
Se negociaron cambios en el proyecto oficialista, que lleva como firmante principal a la senadora Patricia Bullrich, con el propósito de sumar las voluntades de los legisladores santafesinos y bonaerenses, que en su mayor parte respaldan la posición de las pymes productoras de biodiésel que abastecen el cupo obligatorio del 7,5% con gasoil en el marco del régimen vigente.
El proyecto oficialista original, que no fue aceptado por las pymes, consistía en aumentar el corte obligatorio al 10% en un plazo de un año posterior al de la sanción de la ley, pero con un cronograma progresivo de desregulación del mercado, que contemplaba mantener un cupo protegido del 5%, el 4% y el 3% durante los años 2028, 2029 y 2030, respectivamente, para incrementar año tras año –como contrapartida– el cupo de libre competencia hasta establecerlo como la norma general a partir de 2031.
Eso ahora cambió. En el Senado se negoció la extensión del régimen actual para las pymes hasta el 31 de diciembre de 2030 –plazo de expiración establecido por la Ley 27.640– y que a partir de 2031 aplique una desregulación casi completa del sector, con un cupo reservado para las pymes del 3%.
El cupo remanente del 2,5% por aplicar hasta 2030 quedaría reservado para licitaciones públicas, las cuales, por una cuestión de economías de escala, sería aprovechado por las fábricas integradas, es decir, las plantas controladas por las grandes compañías aceiteras. Luego del 2031, ese cupo desregulado pasaría a ser del 7%.
Pero la clave es que se mencionó además la posibilidad de incorporar al proyecto un cupo optativo y acumulativo del 5% que podrían emplear las compañías petroleras en el marco de convenios de cogeneración, lo que habilitaría la posibilidad técnica de elevar el corte total permitido hasta un 15% si las relaciones de precios con el gasoil de origen fósil resultan convenientes.
Con ese diseño, que respeta lo determinado por la legislación vigente en lo que hace al cupo actual del biodiésel y ofrece a la vez la posibilidad de incrementar la participación de las empresas integradas, los senadores oficialistas esperan poder lograr la semana que viene un dictamen de consenso que permita, luego de varios años de idas y vueltas, lograr que el proyecto logre medio sanción en la Cámara alta y, si los tiempos acompañan, que sea aprobado antes de fines de este año en Diputados.
En cuanto al bioetanol, el proyecto determina que el corte obligatorio actual del 12% pasará al 15% luego de un año de vigencia de la norma. Los cupos, que se asignarán a partir de licitaciones, deberán ser otorgados en partes iguales a productores en base de caña de azúcar y maíz sobre la base del corte del 12%. Los tres puntos restantes para llegar al 15% no estarán sujetos a ninguna regulación sobre la materia prima de origen.
El esfuerzo negociador para sumar a todos los sectores involucrados al proyecto final, cuyo dictamen debería ser aprobado en el Senado la semana que viene, no es un capricho, ya que la Argentina necesita tener un “respaldo” energético en materia de combustibles ante la incierta situación presente en Medio Oriente y el Mar Negro, dos regiones clave para la provisión de combustibles a escala mundial.
