Con las turbulencias energéticas generadas por las guerras de Oriente Medio y el Mar Negro, el gobierno nacional decidió este año impulsar un nuevo proyecto sobre biocombustibles que se suma a otras iniciativas presentadas en el último año por legisladores de diferentes provincias y agrupaciones políticas.
Existe un consenso político general sobre la necesidad de contar con un esquema regulatorio similar al vigente en Brasil, donde los biocombustibles cumplen un rol central para consolidar la soberanía energética y promover una mayor oferta exportable de combustibles.
Sin embargo, el debate legislativo está trabado porque las Pymes elaboradoras de biodiésel, que abastecen al sector petrolero en el marco del régimen vigente (Ley 27.640), no quieren resignar el cupo obligatorio del 7,5% que detentan.
En ese marco, este viernes, durante la II Cumbre de Bioetanol que se está llevando a cabo en la ciudad de Tucumán, finalmente se “blanqueó” que se está evaluando dejar de lado la cuestión del biodiésel en el debate parlamentario con el propósito de poder avanzar en el tratamiento de las cuestiones relativas al bioetanol.
“No puede un biocombustible frenar el desarrollo de otro biocombustible”, dijo Andrés Leone, diputado nacional por La Libertad Avanza, en el marco de un panel legislativo referido a la necesidad de implementar un nuevo marco regulatorio en la materia.
Consultado por el referente en biocombustibles Claudio Molina, el diputado reconoció que se está evaluando dejar de lado el tratamiento de la cuestión del biodiésel para poder avanzar con el tratamiento de un proyecto de bioetanol, sector en el cual existe pleno consenso en el sector privado.
“No puede un biocombustible frenar el desarrollo de otro biocombustible”, dijo Andrés Leone, diputado nacional por La Libertad Avanza, en el marco de un panel legislativo referido a la necesidad de implementar un nuevo marco regulatorio en la materia.
Consultado por el referente en biocombustibles Claudio Molina, el diputado reconoció que se está evaluando dejar de lado el tratamiento de la cuestión del biodiésel para poder avanzar con el tratamiento de un proyecto de bioetanol, sector en el cual existe pleno consenso en el sector privado.
La senadora salteña y ex secretaría nacional de Energía Flavia Royón dijo no estar de acuerdo con esa iniciativa. “No me parece adecuado sacar al biodiésel del proyecto porque la ley hay que discutirla en su integralidad”, remarcó, aunque sin dar mayores precisiones al respecto.
En el caso del biodiésel, el proyecto oficialista presentado por la senadora Patricia Bullrich, propone incrementar el corte obligatorio con gasoil del 7,5% al 10% luego del primer año de vigencia de la norma, para lo cual se contempla un período de transición. Para el año 2028 establece un cupo mínimo de biodiésel del 5,0% a las empresas “no integradas” (las Pymes que no fabrican aceite de soja), mientras que en 2029 el mismo será del 4,0%, en 2030 del 3,0% y a partir de 2031 el mercado quedará completamente desregulado, lo que implica que los cupos se asignarán a quienes presenten las mejores ofertas en las rondas de negociación.
El régimen actual (Ley 27.640) expira el 31 de diciembre de 2030, lo que implica que, en caso de que el capítulo de biodiésel sea excluido del tratamiento legislativo, las Pymes seguirán manteniendo su negocio al menos por cuatro años y medio más.
