El juez a cargo del proceso de quiebra de la cooperativa láctea Sancor, Marcelo Gelcich, dispuso hasta ahora el fin del concurso, designar guardias en las plantas de la cooperativa, dejar el terreno servido para una oleada de despidos de más de 700 trabajadores y poner a la venta los activos de la vieja cooperativa, siete plantas industriales y la historia de su marca.
Esta noche se supo de la aparición de una corriente de resistencia a ese derrotero, que según muchos sospechan estaría orientado a ceder parte de los activos a un grupo empresario que en el pasado quiso armar un fideicomiso con dinero del Banco Nación y que contaría con apoyo del gremio Atilra. La propuesta alternativa -o acaso no tanto- trae a la memoria el caso de Vicentin, donde se pretendió una nacionalización o expropiación de la aceitera, que finalmente no prosperó, pero terminó entorpeciendo todo el proceso. En este caso, se sugiere armar una empresa mixta, cuyo 51% quede para un acreedor privado y el resto para “la región” productiva.
La última decisión del juez Gelcich fue poner un precio de venta a los bienes que eran de la cooperativa, incluidas las marcas. “El valor base de la Oferta de Conjunto se fija en la suma de 52.100.000 dólares”, decidió la justicia. Esa suma no llega ni siquiera a cubrir la mitad de la deuda reclamada a Sancor por sus acreedores, que ronda los 120 millones de dólares, Por eso era esperable alguna queja o gesto como el que apareció esta noche de lunes.
Un comunicado del denominado Frente Unificado en defensa de Sancor, con las firmas de los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo, anuncia esta ofensiva. Regalli defiende a muchos de los trabajadores despedidos de la empresa láctea hace varios meses. En los pasillos se rumorea que ese letrado representa a cerca de 450 acreedores, que de todos modos están lejos de constituir la mayoría de la deuda en dinero. La especulación es que, al estilo de lo que sucedió con Vicentin, su iniciativa apunta a habilitar una suerte de cramdown, que habilite una competencia directa por la empresa. O lo que queda de ella.
La aparición de esta curiosa resistencia aparece justo cuando el empresario de la televisión Gustavo Scaglione, que ya integrara el grupo que en 2023 intentó obtener un préstamos del Banco Nación para quedarse con la compañía, confirmó su interés por quedarse ahora con alguna parte de los bienes que salen a remate, entre los cuales destacan las marcas y los intangibles valorizados en más de 24 millones de dólares. Esta es la propuesta que, se especula, apoya activamente el gremio Atilra.
“Los fierros no interesan tanto; lo que tiene valor es la marca. Si compro es porque al tener un producto lácteo en las góndolas le agrego el nombre (Sancor) y seguramente voy a tener una mayor presencia en el mercado y mejores posibilidades de venta”, le dijeron voceros de ese empresario al diario La Nación. La frase, claramente, es una señal para los más de 700 trabajadores que están al borde del despido si no se reactivan las plantas.
Quizás por eso esta reacción de los letrados, que ahora junta voluntades para tratar de torcer la historia dispuesta por la justicia.
“El Bloque Unificado de Acreedores Laborales y Comerciales, junto con Productores Tamberos y Asociados de SanCor C.U.L., anunciaron el lanzamiento de una ofensiva legal, institucional y social destinada a frenar de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las plantas industriales de la emblemática firma láctea”, dice el comunicado fechado en Rafaela. Los abogados avisaron que ingresarán una serie de recursos ante la justicia de esa ciudad santafesina para evitar lo que califican como “la destrucción de la matriz económica regional”.
¿Qué medidas adoptarán estos acreedores?
Por un lado informaron que se interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar para paralizar de inmediato el llamado a licitación forzada de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas, además de una “queja por Denegación de Justicia”. Esto se presentó ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.
El sustento de ese recurso es que el juez a cargo del concurso, “clausuró arbitrariamente el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra, violando de forma flagrante las reglas de cómputo por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático”.
Los abogados suman a su denuncia la sospecha de incendios intencionales, en la planta de Sunchales, para alejar posibles inversores. “Las principales hipótesis de las autoridades policiales apuntan a que los siniestros fueron intencionales, configurando una presunta maniobra delictiva para desvalorizar el patrimonio de la empresa en directo perjuicio de los acreedores comunes”, se indicó al respecto.
Además pretenden un auxilio político, al pedir una audiencia con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, “a fin de coordinar acciones del Estado Provincial en defensa de las fuentes de trabajo y la soberanía productiva santafesina”.
En ese sentido, se indicó que “la estrategia judicial se encuentra respaldada por una movilización civil masiva en las provincias de Santa Fe y Córdoba”, reclamando apoyo de intendentes y concejales de varios de los distritos afectados por un posible cierre de las plantas de Sancor. Los abogados se propusieron además reunir miles de firmas bajo la consigna “¡SanCor no se remata, SanCor se salva trabajando!”, que fueron presentadas formalmente en el expediente.
¿Y qué pretende este grupo de acreedores comerciales y laborales? “La salida no es el remate a precio vil, sino la puesta en marcha de la propuesta alternativa radicada en la justicia bajo el diseño de SanCor SA”, se explicitó.
En ese caso, la nueva compañía debería tener 51% de capital privado, con la búsqueda de “inversores nacionales y extranjeros para inyectar dinero fresco destinado exclusivamente a capital de trabajo y encendido de calderas”. Pero además el otro 49% de acciones debería quedar en manos de un Fideicomiso de Recuperación Productiva “donde los trabajadores, tamberos y proveedores transforman sus deudas en participación accionaria, garantizando que la empresa quede en manos de quienes la forjaron”.
“No estamos defendiendo solo una empresa; estamos defendiendo un ideal de país basado en el trabajo digno. No vamos a permitir que tiren a la basura casi 100 años de historia productiva nacional por un tecnicismo informático”, escribieron estos acreedores.
