A 17 días de que venciera el plazo para presentar ofertas por los activos de Sancor, la Justicia de Santa Fe volvió a mover el tablero. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela hizo lugar este viernes a un recurso de Fidulac SA, perteneciente al empresario de medios Gustavo Scaglione, y suspendió con efecto suspensivo todo el cronograma de liquidación que el juez Marcelo Gelcich había aprobado el 11 de junio. La apertura de sobres, que iba a ser el 20 de julio a las 10 de la mañana con ocho interesados en danza, queda ahora en pausa sin fecha.
El fallo tiene una lectura estrictamente jurídica y otra, digamos, más terrenal. La jurídica es la que exhibe la resolución, ya que Gelcich había declarado inexistente, por falta de firma ológrafa, el escrito con el que Fidulac impugnó el pliego de venta el 19 de junio. Ese escrito estaba firmado electrónicamente por Scaglione vía DocuSign (una plataforma de firmas electrónicas) y con firma digital por su abogado, Leandro Salvatierra.
La Cámara le bajó el pulgar a esa interpretación y habló directamente de “exceso ritual manifiesto”, por lo que consideró que la firma electrónica tiene presunción de validez mientras nadie la desconozca, que acá nadie la desconoció, y que declarar inexistente un escrito que cumplió su objetivo -y que además llevaba firma digital del letrado- fue un exceso que el juez de grado no debió cometer.
Hasta ahí, la letra del expediente. Pero conviene no perder de vista el contexto: Gelcich ya había estirado los plazos del proceso más de una vez, y las condiciones que fijó para ofertar no son moco de pavo para ningún interesado. Exigen pago en efectivo, en dólares, y prohíben que alguien se presente en representación de terceros inversores. Es decir, quien quiera competir por los activos de Sancor tiene que poner la plata de su bolsillo y mostrarla arriba de la mesa.
Y ahí es donde el reclamo de Fidulac empieza a leerse distinto: más que una discusión de fondo sobre si conviene vender la marca separada de las plantas -que es el argumento formal que esgrime la empresa de Scaglione, y que no carece de sustento técnico-, lo que consigue esta apelación es tiempo. Tiempo para salir a buscar el financiamiento que hasta ahora no apareció.
La resolución trae, además, dos apellidos que en Rafaela dicen mucho. Uno de los tres jueces que firmó el fallo es Pablo Lorenzetti, hijo del extitular de la Corte Suprema de la Nacion Ricardo Lorenzetti, que juró como camarista en esa misma Sala en 2018 y que hoy conduce el estudio jurídico que su padre fundó en la ciudad.
El otro es Duilio Hail, que no es una cara nueva en el expediente Sancor, ya que fue el mismo juez que en 2018 homologó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial con el que la cooperativa había cerrado, hasta ahora, su última gran renegociación de deuda con los acreedores. Dos nombres que conocen el expediente Sancor de memoria, aunque desde otro lugar del mostrador. Conocido ademas en la ciudad santafesina por conducir un auto de altísima gama que no pasa desapercibido.
Con esta resolución, el expediente principal vuelve a primera instancia para que Gelcich eleve la causa y la Cámara revise en profundidad el planteo de Fidulac sobre la fragmentación de los activos. Hasta que eso se resuelva, y hasta que se agoten las apelaciones que puedan salir de ahí, no hay licitación posible.
La cooperativa, que ya lleva más de dos meses parada, con 736 despidos encima y salarios adeudados desde septiembre, vuelve a quedar sujeta a los tiempos de la Justicia.
