Salvador Durán es un productor de peras y manzanas en General Roca, uno de los que sobrevive a la interminable crisis de esa economía regional. Además es licenciado en Economía y fue presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Desde esa entidad impulsó un proyecto de ley que finalmente en 2002 fue votado en la Legislatura rionegrina y que intenta equilibrar fuerzas dentro de esa cadena productiva. Se trata de la Ley 3611 de Transparencia Frutícola.
Muchas veces las leyes no se cumplen y los gobiernos se hacen los distraídos en su aplicación. Sucede también en esta caso. Pero Salvador decidió apoyarse en ese texto legal para iniciar acciones legales contra la empresa Standard Fuit por prácticas abusivas. Con toda la evidencia a su favor y la ley de su lado, la justicia ya falló en dos instancias a favor de Durán, aunque todavía queda pendiente la posibilidad de que la empacadora y exportadora apele estas sentencias ante la Corte Suprema.
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Por ahora este productor rionegrino se pone contento, porque sabe que su caso sienta un precedente que podría alentar a otros a recorrer el mismo camino. Todavía no vio un mango de los cerca de 300 mil dólares que esa firma debería reintegrarle por facturarle la entrega de fruta de muy mal modo. Pero vaya que su caso podría ser señero dentro de una economía regional que suele cargar todos los riesgos en la factura de pago a los productores.
Para contar su caso a Bichos de Campo, Durán explicó primero cómo surgió la Ley de Transparencia Frutícola que le dio sustento a su reclamo. En 2002, como ahora, “la situación de la economía regional era de concentración de los exportadores a partir de la privatización del puerto de salida de la fruta (San Antonio Este) y eso llevó a una injusta distribución de la renta, e hizo que el productor primario quedara descalzado del precio del producto”.
“Teníamos precios negativos y una crisis financiera estrepitosa. La ausencia del Estado fue total y absoluta en ese momento, hasta que desde la Federación de Productores en ese año se impulsó la ley de transparencia frutícola”, rememoró. Han pasado de eso 18 años.
Lo que se buscaba con la normativa era “replantear la necesidad de contar con una transparencia de mercado”, además de impulsar la reconversión productiva y la diversificación productiva del Alto Valle. La idea era “equilibrar fuerzas entre el eslabón más débil, que es el productor, y el más fuerte, que es el exportador”, explicó Durán, que en ese ring inclinado decidió acudir a loa justicia.
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¿Y cuáles son los abusos por los que la justicia ya falló dos veces a su favor?
En muchos casos, contó Durán, el empaque que recibió cierto lote de fruta le informa al fruticultor que su cosecha “no rindió” lo esperado, pues presentaba elevados porcentajes de descarte, que es la fruta sin calidad para su venta en fresco, que debe entonces ser enviada a la industria juguera.
En esos casos, entonces, el productor que había entregado sus peras y manzanas sin conocer el precio que iba a cobrar, recibe una liquidación con importantes descuentos de precios, que a veces ni siquiera alcanzan para pagar los costos de producción. Por esas prácticas “abusivas” fue a la justicia Durán y noqueó -con mano de hierro- ya dos veces a un grande del sector.
Ahora el productor quiere que sus pares sigan ese camino, incluso en toros sectores productivos que sufren las mismas injusticias.
“La idea es invitar a los sectores que tienen males parecidos a trabajar en acciones concretas de este tipo, porque quieras o no empezamos a poner una vara de igualdad para que cada eslabón logre y cobre lo que corresponde. Esto sienta un precedente, hay que animar a los demás productores de otras provincias a hacer herramientas parecidas”, se esperanzó Durán.
Mano de piedra, convicciones de fierro.
