La producción de tomate para industria atraviesa su cuarto año consecutivo de caída en la superficie, en medio de una crisis sectorial motorizada principalmente por los altos costos y la presión que ejerce la importación de pasta desde China y Brasil. La industria, cercada a su vez por la retracción del consumo, opta por insumos más baratos y desde el sector advierten por el impacto que eso tiene en las góndolas.
Las alarmas se encendieron tras el último control llevado a cabo por la asociación Tomate 2000 en productos de venta al público, donde hallaron “indicios preocupantes compatibles con el posible uso de sustancias prohibidas o no registradas para el cultivo de tomate”. Advierten por la caída en los estándares de calidad en el puré de tomate y por el terreno ganado por las adulteraciones y los productos no autorizados.
Conformada hace ya 30 años, la asociación Tomate 2000 reúne a los principales actores de la cadena y pone a productores, industriales, proveedores, organismos científicos y gobiernos a trabajar en una misma mesa. Entre los fenómenos que ocupan a esa entidad está el de la calidad de lo que hoy se ofrece en las góndolas argentinas, razón por la cual llevan a cabo controles periódicos.
Los encargados de hacerlo son la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que evalúan trimestralmente todas las marcas de puré y pulpa de tomate elaboradas en el país, e incluso productos importados, tanto de las industrias que están nucleadas en Tomate 2000 como de las que no.
“Nos encontramos con una sorpresa importante, porque detectamos presencia de productos prohibidos y no registrados en los alimentos de las góndolas”, explicó a Bichos de Campo Guillermo San Martín, gerente de esa asociación. Advierten que la cadena muestra eslabones flojos y crece la preocupación por la adulteración en los productos de consumo masivo.
“Desde Tomate 2000 nos aseguramos que el producto que ingresa a la fábrica esté inocuo, y por eso hacemos este tipo de estudios todos los años, para que se cumplan los estándares”, explicó San Martín. Eso incluye también a los productos de las industrias que no están dentro del programa. Y allí, apuntan, es donde detectaron problemas.
Los análisis de las 40 muestras que toman son procesados en los laboratorios del INTI de acuerdo con los estándares que exige la normativa del Código Alimentario. Se lleva a cabo un control de composición básica, para medir los sólidos solubles, adición de sal y niveles de pH, se analiza la presencia de conservantes y químicos y se trabaja para detectar adulteraciones o problemas de inocuidad.
Esto último es lo que más preocupa a la cadena, que advierte por el agregado de azúcares, colorantes y conservantes prohibidos, y por la detección de niveles de agroquímicos por encima de los límites, incluso con sustancias que no deberían siquiera utilizarse en la producción.
“Es una competencia desleal”, apuntó el gerente de Tomate 2000, que asegura que disminuir los controles, comprar materia prima de menor calidad y recortar la trazabilidad implica un ahorro de recursos para las industrias, aunque también un riesgo grande a nivel de salubridad y de mercados.
“Siempre está la opción de no pertenecer a nuestra asociación, pero pedimos que cumplan las reglas”, agregó.
En ese sentido, señaló particularmente lo que ocurre con el puré de tomate, que concentra hoy el 70% del mercado argentino pero es también es un producto “mucho más fácilmente de adulterar”. Cada vez que se denuncian irregularidades, es ese segmento el más apuntado.
Entre las sustancias irregulares incluso han llegado a detectar clorpirifos, un insecticida de amplio espectro que está completamente prohibido en Argentina, pero que aún así apareció en las góndolas hace dos temporadas.
“No significa que esté utilizándose ahora, pero está claro que la falta de control puede llegar al producto terminado. No todas las chacras trabajan de la misma manera y no todas las industrias respetan la trazabilidad”, expresó San Martín.
Por ello, más allá de la calidad, desde el sector insisten en que el uso de insumos e ingredientes no autorizados tiene impacto sobre la salud pública y puede generar problemas importantes para la competitividad nacional.
En condiciones normales, el Estado debería, por sí sólo, detectar este tipo de irregularidades. Pero, con presupuestos más “flacos”, necesita del trabajo conjunto con el sector privado, a quien preocupa por igual elevar la transparencia en la cadena del tomate industria.
De hecho, el plan integral de monitoreo que llevan adelante Cafim y el INTI contempla un protocolo de alerta inmediata. Ante cualquier advertencia por la genuinidad o inocuidad del puré analizado, se informa inmediatamente al Departamento de Higiene de los Alimentos mendocino y se activa un contra-muestreo de otros lotes de la marca infractora para ratificar los resultados.
“Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de profundizar las verificaciones, reforzar los mecanismos de control y sostener sistemas de trazabilidad que permitan identificar con precisión el origen de la materia prima”, afirmaron desde Tomate 2000, que acaba de entregar los Documentos Integrales de Trazabilidad de la temporada 2025/26 a sus industrias asociadas.
