Presentado en mayo por la jefa de bloque libertario Patricia Bullrich, el proyecto para fijar una nueva Ley de Biocombustibles aún camina entre los pasillos del Senado y, entre reuniones de comisión, aguarda el dictamen y llamado a sesión.
La iniciativa introduce cambios al marco regulatorio vigente y, además de elevar los cortes obligatorios, busca establecer un “sistema de mayor competencia”, reemplazando el actual sistema de cupos y precios regulados de forma gradual.
En los últimos días, desde el sector pyme habían advertido que podría suponer la concentración del negocio en manos de las aceiteras, que acaban de responder a aquellos cuestionamientos y ratificar su apoyo directo a la propuesta oficialista.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), encargada de nuclear a unas 25 plantas pymes que abastecen el mercado interno, había cuestionado la iniciativa gestada por Bullrich alegando que el esquema concentrará el negocio entre los grandes jugadores de la agroindustria, afectando a las plantas radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Incluso, desde el sector habían sugerido que existía un acuerdo con las cámaras CIARA y CEC para que, a futuro, las denominadas “empresas no integradas” tengan una participación mayoritaria en el abastecimiento.
Los señalamientos fueron respondidos por la propia Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), cuyo presidente, Luis Zubizarreta, desmintió las acusaciones: “No hemos alcanzado acuerdos formales con ningún sector de empresas, pero alentamos el diálogo permanente. Estamos convencidos de que el Senado es el lugar indicado para encontrar soluciones regulatorias”, expresó, y apoyó particularmente la apertura gradual a la competencia desde 2030.
En un comunicado conjunto entre dicha entidad y la a Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), los principales representantes de la agroindustria también ratificaron su apoyo al proyecto de Patricia Bullrich, y pidieron a los senadores agilizar su tratamiento sobre tablas. El proyecto fue girado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, pero hasta ahora no se agilizó su llegada al recinto.
“La industria de biodiésel y la del aceite de soja nucleadas en Carbio y en Ciara consideran prioritario que el Senado de la Nación avance con el tratamiento y dictamen para dar media sanción al proyecto de Ley”, señalaron.
Asimismo, también ratificaron el pedido de que el corte obligatorio de biodiésel -inicialmente fijado en 10% por la iniciativa oficialista- llegue al 12,5%. Una demanda que, de hecho, comparten con el sector pyme.
Entre otros cambios al marco regulatorio vigente, dispuesto por la ley 27.640, la iniciativa oficialista propone elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5 al 10% y de etanol del 12 al 15%. Además, reemplaza gradualmente el actual sistema de cupos y precios regulados por otro de mayor competencia, con un mercado electrónico y acuerdos libres entre productores y petroleras.
“Vemos viable subir el corte al 12,5% dado que hoy existen precios competitivos contra el gasoil importado”, señalaron desde Carbio y Ciara, que aseguraron que, de ese modo, “se abriría la oferta a la libre competencia en un plazo razonable a partir del 2030” y “sin sacrificio fiscal”, a pesar de que los biocombustibles están exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
En ese sentido, aseguraton que dicha baja en la recaudación se compensaría con “mejoras de precios para las exportaciones de aceite de soja”.
“La industria viene invirtiendo fuertemente desde hace décadas generando más de 30.000 empleos, y está abierta al diálogo siempre sobre la base de promover la competencia, la inversión, el empleo y la producción del biodiésel de manera que beneficie al consumidor, bajando considerablemente el precio del combustible”, destacaron desde las cámaras.
El aumento del corte obligatorio es, desde ya, también apoyado por el sector pyme, desde donde insisten sobre el 12,5%, aunque con un sistema de cupos diferenciado.
La propuesta defendida por Cepreb busca reservar 5 puntos para las pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de Puerto General San Martín; 2,5 puntos para plantas no integradas del polo rosarino; y 5 puntos abiertos a la competencia, donde podrían participar las grandes aceiteras integradas.
El proyecto de Bullrich mantiene una transición hasta fines de 2030. Cuando el corte llegue al 10%, inicialmente reservaría 5 puntos para plantas no integradas y abriría los otros 5 a la competencia. La porción protegida bajaría a 4 puntos en 2029 y a 3 en 2030. Desde 2031 desaparecería esa reserva y todo el mercado quedaría abierto, un aspecto que es defendido por Carbio y Ciara.
