En una jornada en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA) cinco profesionales se refirieron a los pros y contras de cambiar la legislación actual, algo que reclaman muchos actores de la cadena agrícola. En Bichos de Campo iremos publicando cada una de las presentaciones que fueron resumidas por el sitio de divulgación científica Sobre la Tierra.
“En la Argentina, la normativa que rige para las semillas ya tiene varias décadas. No se han recogido las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los últimos años y eso ha tenido un costo importante tanto en productividad como en divisas. Por ejemplo, hoy, por no haber incorporado esas tecnologías, los rindes argentinos en maíz y trigo pasaron a estar debajo de los de Estados Unidos, habiendo sido superiores o semejantes. Cuando uno valoriza eso, significaría una pérdida para el país de 50 mil millones de dólares por el maíz más 19 mil millones por el trigo”, explicó Fernando Vilella, director del Programa de Bioeconomía de la FAUBA.
En esta misma línea, el docente agregó que en el caso de la soja, por esa misma razón y porque los productores pueden guardar semillas de una campaña a otra —cosa que no sucede con el maíz híbrido—, la Argentina estaría perdiendo alrededor de 2.500 millones de dólares por año. “En términos de retenciones, dejamos de recuperar unos 770 millones de dólares al año. Para tener en claro la magnitud de esta cifra, el presupuesto anual de la UBA es de 600 millones de dólares”.
Vilella hizo hincapié en que esta realidad es común a un amplio rango de producciones. “Por ejemplo, cultivamos una variedad de arveja verde, pero como el mundo busca la amarilla, nos quedamos afuera. Hacemos unas variedades de garbanzo que no son las que demandan los hindúes, grandes consumidores, y no hay posibilidad de incorporar esa genética si no estamos dispuestos a pagarla. Lo mismo pasa con el maní. Lamentablemente, se suele circunscribir el problema a la soja y a una empresa en particular. La verdad es que las pérdidas que se generan son manifiestas y afectan a todo el sistema productivo argentino”.
“En el proyecto de Ley del oficialismo, que ya cuenta con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, y en los restantes 10 proyectos presentados, hay una consideración de que no paguen los derechos de uso de las semillas los pueblos originarios, la agricultura familiar y las micro-pymes, que son empresas que facturan hasta 10 millones de pesos por año, aproximadamente 900 mil pesos al mes. No es una cifra tan chica de productores exceptuados”, destacó Vilella.
Por último, el docente señaló que “pretender que la Ley de Semillas solucione la problemática de la agricultura familiar o de los pueblos originarios es inconsistente. Eso se hace con presupuestos y políticas adecuadas, no tiene que depender de la Ley de Semillas ni ser excusa para que el sistema productivo se atrase y que todos, por no tener los instrumentos que el mundo usa cotidianamente, seamos más pobres cada año”.
