Finalmente, tal como había anticipado Bichos de Campo, el gobierno nacional se está quedando “sin tiempo” y apura el envío de un proyecto de semillas al Congreso para cumplir con un compromiso asumido ante el gobierno estadounidense.
Es lunes se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Trabajo Técnico sobre la Ley de Semillas, a la cual no asistió ningún representante de Federación Agraria (FAA). Estuvieron presentes en formato virtual directivos de la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro.
Promovida por el Instituto Nacional de Semillas (Inase), los encuentros entre representantes de la producción y la industria semillera tienen como propósito consensuar un nuevo marco normativo en materia de reconocimiento de la propiedad intelectual
Hace meses que la discusión está focalizada en el criterio para establecer el universo de productores agrícolas que debería poder mantener el derecho de uso propio gratuito.
Pero, más allá de cuánto tiempo tarden en llegar a un acuerdo, el verdadero propósito del gobierno es enviar al Congreso un proyecto que instaure el esquema UPOV 91 en lugar del actual UPOV 78 (que rige en todos los países del Mercosur y Chile).
Si bien todas las entidades del sector productivo argentino comunicaron al gobierno nacional que no están de acuerdo con UPOV 91, el gobierno de Javier Milei necesita mostrar a la gestión del presidente Donald Trump que cumplió con el compromiso de enviar el Poder Legislativo un proyecto instaurador de ese régimen. Si la iniciativa luego es aprobada o no, eso es otro tema.
La industria semillera está a favor de UPOV 91 porque ese régimen habilita el cobro de regalías a través del grano producido cuando la semilla de propia propagación haya sido utilizada de modo indebido.
Los representantes de los productores, si bien están a favor de restringir el uso propio gratuito para evitar abusos –dejando ese derecho pleno a productores de baja escala–, entienden que UPOV 91 podría validar esquemas persecutorios a nivel nacional, lo que terminaría promoviendo más problemas que soluciones.
El conflicto de intereses puede advertirse en el comunicado difundido por la SRA al finalizar la reunión, el cual indica que “se abordaron distintos aspectos vinculados a una posible reforma y se plantearon temas que aún requieren análisis y discusión”. Una manera elegante de mostrar desacuerdo.
“Aguardaremos la propuesta que presente el gobierno para, una vez conocida, analizarla institucionalmente y fijar posición sobre sus alcances”, remarcó.
