La discusión por el futuro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sumó un nuevo capítulo con la publicación de dos posiciones antagónicas dentro del propio sector frigorífico. Mientras la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), que agrupa a más de 20 plantas de consumo y exportadoras de la provincia, salió a reclamar que se preserve el esquema vigente de aportes, la Cámara Argentina de la Industria y Comercio de la Carne (CAINCA) planteó exactamente lo contrario, es decir, que la contribución al Instituto deje de ser obligatoria y pase a depender de la voluntad de cada empresa.
La polémica se inscribe en la ofensiva del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que impulsa un proyecto para modificar el sistema de financiamiento previsto por la ley 25.507, la misma norma que en 2002 dio origen al IPCVA tras la crisis de la fiebre aftosa y el cierre de los principales mercados externos para la carne argentina.
Desde CAFRISA se expresó la necesidad de que cualquier reforma se analice “con una visión integral y sectorial, evaluando especialmente su impacto sobre las acciones que el Instituto desarrolla en beneficio de productores e industria”. La entidad recordó que el IPCVA nació “del trabajo y consenso de todas las entidades de la producción y la industria”, plasmado en la ley 25.507, y subrayó que su conformación público-privada, con participación del gobierno nacional y controles de auditoría interna y externa, le otorga transparencia al sistema.
Para los frigoríficos santafesinos, la promoción internacional, la apertura de nuevos mercados, la participación en ferias, la capacitación y el acceso a información confiable son herramientas centrales para la competitividad del sector, algo que la Cámara dice conocer “por su propia experiencia institucional” tras años de trabajo en las distintas comisiones del Instituto y en el consejo asesor, donde participan más de 40 entidades vinculadas a la producción y la industria.
El comunicado de CAFRISA no desconoce el objetivo oficial de bajar costos y simplificar la actividad productiva, pero pide que ese camino no termine afectando “aquellas herramientas que generan beneficios concretos para el sector”. Por eso la Cámara hizo “un llamado al diálogo y al consenso entre las autoridades nacionales, productores e industria, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa para fortalecer la cadena de ganados y carnes argentina”, en sintonía, remarcó, con lo que hacen los principales países exportadores de carne del mundo.
La conclusión de la entidad es categórica: “un IPCVA fuerte, eficiente y orientado a resultados constituye una herramienta que merece ser preservada”.
La postura de CAFRISA no es un caso aislado dentro de la industria. Días antes, la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC), que nuclea a plantas de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, había difundido un comunicado en el mismo sentido, firmado por su presidente, Dante Cerino, y su vicepresidente, Raúl Azcona, en el que apeló “al sentido común del Gobierno” para evitar lo que calificó como “un tremendo error” en el esquema de financiamiento.
En las antípodas se ubica CAINCA, que planteó el debate en términos de libertad de elección antes que de sostenimiento institucional. “En el marco de la libertad, competitividad y respeto por la propiedad privada entendemos que el aporte al IPCVA y a cualquier entidad gremial empresaria debe ser voluntario para que cada actor de la cadena de aprovisionamiento de carne pueda elegir qué institución lo represente y promocione su negocio”, sostuvo la Cámara en su comunicado.
La entidad apuntó además contra el diseño original del sistema: “El aporte obligatorio definido hace más de dos décadas en otro contexto impacta en la estructura de costos y precios de los productos sin ninguna contraprestación para quienes abastecen el consumo interno”.
La grieta entre cámaras frigoríficas refleja una tensión que también atraviesa al resto de la cadena. La ofensiva de Sturzenegger había generado en un primer momento el rechazo unánime de la Mesa de Enlace y de las entidades que administran el IPCVA desde su creación, que defienden la obligatoriedad de un aporte que ronda los 15 millones de dólares anuales aportados íntegramente por el sector privado. Pero esa unidad inicial mostró fisuras, ya que una encuesta del analista ganadero Andrés Halle en la red social X, arrojó que el 85% se inclinaba por la posición desreguladora, mientras que apenas el 15% acompañaba la defensa institucional del esquema actual.
Incluso puertas adentro de las propias entidades rurales aparecieron voces disidentes, como la de la Sociedad Rural de Santa Fe, que cuestionó a sus propios representantes provinciales y nacionales por sostener la continuidad del aporte obligatorio.
