Esta semana la Secretaría de Agricultura volvió a organizar en la ciudad de Buenos Aires una nueva reunión entre representantes del sector semillero y productivo con el propósito de intentar consensuar un nuevo marco normativo en materia de reconocimiento de la propiedad intelectual.
Si bien todas las entidades del sector productivo comunicaron al gobierno nacional que no están de acuerdo con el esquema propuesto por UPOV 91 –que no está vigente en ningún país de la región– el gobierno apuesta a promover la aprobación legislativa de la norma para poder cumplir con un compromiso asumido con EE.UU.
El gobierno nacional proyecta que este año o bien en el primer tramo de 2027 el Congreso aprobará UPOV 91. Para evitar que posteriormente a ese evento se genere un elevado nivel de conflictividad, está promoviendo encuentros entre representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria y de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) con la meta de lograr una reglamentación consensuada de lo establecido por UPOV 91, marco general que otorga mayores atribuciones a las empresas semilleras para restringir el uso propio habilitado por la normativa vigente.
La discusión está focalizada en el criterio para establecer el universo que debería poder mantener el derecho de uso propio gratuito y la metodología por aplicar para retribuir a las semilleras.
Los representantes de la Mesa de Enlace (CRA, FAA, Coninagro y SRA), en base a una propuesta acordada con CREA y Aapresid, propusieron que aquellos productores que siembren hasta 500 hectáreas agrícolas por año puedan conservar el uso propio gratuito, mientras que a partir de las 501 hectáreas se aplique una regalía única y fija por abonar durante solo tres campañas, de manera tal que la cuarta multiplicación quede libre de pago alguno.
Eso aplicaría a las autógamas de mayor uso, como el caso de soja, trigo y cebada, mientras que para las especialidades y hortícolas los plazos se extenderían (por ejemplo, en el caso de porotos el pago de regalías se habilitaría por seis campañas consecutivas).
La propuesta contempla la posibilidad de abonar regalías por el uso incremental de semillas, lo que se aplica a todo el universo. Es decir: si un productor que siembra menos de 500 hectáreas por año adquirió semilla para sembrar 100 hectáreas de soja, pero al año siguiente quiere emplear ese cultivar para sembrar 150 hectáreas con semillas de propia multiplicación, entonces deberá abonar lo correspondiente por las 50 hectáreas adicionales.
Los representantes de ASA aceptaron establecer criterios de excepción para mantener el uso propio gratuito, pero no se mostraron a favor de la propuesta relativa al tope de 500 hectáreas por empresa agrícola al considerar que esa variable es muy dependiente del factor ambiental (no es lo mismo 400 hectáreas en el norte de Buenos Aires que en el sudeste de La Pampa).
Para la próxima reunión –con fecha por determinar– los representantes de ASA se comprometieron a presentar una contrapropuesta que detalle los criterios que, según entienden, deberían aplicarse para determinar la excepción.
El acuerdo sobre ese aspecto resulta esencial para poder avanzar con los siguientes temas, tales como cuál será la metodología empleada para monitorear el uso apropiado de la propiedad intelectual y en base a qué parámetros se determinará el canon por abonar.
En la reunión, presidida por el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, también estuvieron presentes por parte del Estado nacional Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), y Eugenio Marí, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
