La discusión por las aplicaciones de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires volvió a cobrar fuerza tras el reciente fallo judicial de Pergamino que favoreció a un grupo de productores acusados de mala praxis. Pero el abogado y productor agropecuario Jorge Solmi, que fuera ex secretario de Agricultura del gobierno anterior, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la ausencia de una ley provincial que unifique los criterios y termine con el mosaico de ordenanzas municipales que hoy regulan la actividad.
Ex dirigente de Federación Agraria Argentina, Solmi sostuvo que la falta de una normativa homogénea genera una fuerte inseguridad jurídica para quienes producen, y al mismo tiempo favorece la judicialización de un tema que debería resolverse en la legislatura bonaerense.
“El tema de la aplicación de agroquímicos viene siendo de una conflictividad artificial, producto de que no hay normas claras”, afirmó. Y explicó que “el reciente fallo conocido como “caso Pergamino”, en el que fueron absueltos cinco productores y un aplicador pero condenados dos funcionarios municipales, volvió a poner el tema sobre la mesa”.
Según recordó, además de las condenas a esos funcionarios, la Justicia remitió actuaciones para investigar la responsabilidad de los intendentes que estuvieron al frente del municipio durante el período analizado.
Para Solmi, la situación se agrava porque en Buenos Aires existen alrededor de 90 ordenanzas distintas para regular las aplicaciones en los 105 municipios con actividad agropecuaria.
“Eso complica muchísimo el trabajo de los productores y también la salud ambiental. Como decía un dirigente de Pergamino: ‘ya no necesito para aplicar un agroquímico un ingeniero agrónomo, necesito un abogado'”, ironizó.
El productor explicó que, además de las diferencias entre municipios, existen medidas cautelares judiciales que modifican las restricciones vigentes. Puso como ejemplo el caso de Pergamino, donde una ordenanza establecía 100 metros de exclusión y 600 metros para aplicaciones con productos de banda verde, pero una cautelar amplió la zona de exclusión hasta los 1.095 metros.
“Esa situación también pone dificultades para trabajar. La producción sin el uso racional de la tecnología es muy difícil. Si hoy no tenés claras cuáles son las normas, te podés comer un juicio en cualquier momento”, advirtió.
Solmi recordó que durante la gestión de María Eugenia Vidal se trabajó intensamente en un proyecto de ley provincial que finalmente nunca llegó a tratarse en el recinto. Él mismo participó de ese proceso cuando integraba el equipo de trabajo de la entonces presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados bonaerense.
“Tuvimos más de 80 reuniones tratando de conciliar posiciones entre ambientalistas, productores, aplicadores, universidades, organismos científicos y asociaciones de ingenieros agrónomos. Se había construido un proyecto con mucho consenso, pero nunca se trató”, lamentó.
Ingresó a boxes la resolución bonaerense para regular las aplicaciones de agroquímicos
Actualmente existen nuevas iniciativas legislativas, aunque el abogado dijo desconocer el nivel de consenso que tienen. A su entender, la Legislatura provincial es el ámbito adecuado para resolver el conflicto, ya que cuenta con herramientas institucionales para convocar a todos los sectores involucrados y construir una norma técnicamente sólida.
“La competencia mayoritaria la tiene la provincia. Los concejos deliberantes muchas veces no tienen las herramientas para fundamentar este tipo de resoluciones. La Cámara puede convocar al sistema científico, a las universidades, a los ambientalistas, a los fabricantes de insumos, a los productores y a los ingenieros. Para mí es un deber de la Legislatura”, sostuvo.
Además, recordó que existe un antecedente de la Corte Suprema que incrementa la preocupación de los productores.
“La Corte ya resolvió, en un fallo de Córdoba, que si uno aplica productos aprobados por Senasa en un lugar donde esa aplicación no está permitida, eso constituye un delito penal por contaminación. El riesgo ya no es solamente civil, sino también penal para el productor y para el aplicador”, señaló.
Respecto de cómo debería ser una futura ley, Solmi consideró que el principal objetivo debe ser definir con precisión las zonas protegidas y las condiciones de aplicación, tomando como referencia experiencias internacionales. “Hay que establecer claramente dónde se puede aplicar y dónde no, con qué productos y bajo qué condiciones. El mundo ya tiene resuelto este debate”, afirmó.
Como ejemplo mencionó el sistema vigente en la Unión Europea, que conoció a través de especialistas franceses invitados a un encuentro realizado en la Universidad de Córdoba tras la cautelar de Pergamino. “En Europa existen normas muy estrictas para cursos de agua, zonas pobladas, escuelas y otras áreas sensibles. Hay controles y sanciones muy severas. Nosotros seguimos discutiendo cuestiones que en otros países hace tiempo están ordenadas”, explicó.
Finalmente, aunque destacó el valor del diálogo entre los distintos actores, consideró que esa etapa ya está agotada. “El propio fallo de Pergamino dice que los sectores deben sentarse a dialogar. Yo siempre valoro el diálogo, pero esto ya llega a un punto en que alguien tiene que tomar decisiones. Para eso están la Justicia y, sobre todo, el Poder Legislativo. Hay que resolverlo de una vez”, concluyó.
