Burla. Esa palabra resuena en la cadena yerbatera luego de un encuentro que mantuvieran en el mediodía de hoy distintos actores de la producción y la industrialización con el ministro de desregulación Federico Sturzenegger y el secretario de Agricultura Sergio Iraeta.
En la tarde de este miércoles tuvo lugar una esperada reunión entre los yerbateros y las autoridades nacionales, luego del proceso de desregulación total que se llevó a cabo en esta cadena, y que mantiene a los colonos yerbateros de Misiones al borde de la quiebra y a merced de la poderosa industria.
El encuentro, que se extendió por dos horas, reunió a un integrante de cada eslabón de la cadena yerbatera junto a representantes de los gobiernos de Misiones y Corrientes, ambos con presencia en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Luego de la reunión, el ministro de Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori, no ocultó su malestar y escribió en la red social X: “Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos. No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país”.
Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera indigna. Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y…
— Facundo López Sartori (@Facundosartori) July 8, 2026
Quien reconstruyó en detalle lo ocurrido puertas adentro fue Roberto Ferreira, responsable del sector de la Producción, que llevó el mandato de reclamar la devolución de las facultades regulatorias al INYM. “Le traje el mandato del sector de la producción, que es la solicitud de devolver la facultad a este instituto, y los fundamentos que pude plantear en la reunión, que todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional después de intervenir en el mercado de la yerba mate y desregular no han dado ningún resultado, al menos para el sector de la producción”, relató a Bichos de Campo Según explicó, tanto en Misiones como en Corrientes los productores están trabajando al 50% del costo real de producir un kilo de yerba mate.
Ferreira debió explicarle a los funcionarios una particularidad del cultivo que, según sostuvo, desconocían, y que es que la yerba mate es una planta perenne que tarda entre tres y cinco años en entrar en plena producción, por lo que un colono no puede ajustar su oferta de un año para el otro como si se tratara de un cultivo anual. Con esa premisa, desarmó también el argumento de la sobreproducción que suele esgrimir el Gobierno: “En el año 2015 se entregaron 805 millones de kilos de hoja verde, en el 2018 poco más de 800 millones, en el 202,1 830 millones, y en el 2026, 889 millones. Entonces, no hay superproducción”. El mismo patrón, agregó, se repite con el stock de yerba canchada, que hoy ronda los 188 millones de kilos.
Pese a todos los argumentos y al documento formal que la delegación productiva entregó en mano, la respuesta de Sturzenegger fue terminante: no habrá intervención en los precios “bajo ningún concepto”, y el único compromiso que arrancaron los productores fue el de una futura promoción de la yerba mate en mercados externos.
El dato exportador, sin embargo, contradice, según Ferreeira el diagnóstico oficial de sobreoferta, ya que en 2025 Argentina exportó 58 millones de kilos de yerba mate e importó 10 millones, es decir que un 10% de lo exportado ingresa al mismo tiempo desde otros países.
“No van a intervenir absolutamente nada, ni siquiera en los roles”, resumió Ferreira sobre el pedido central de devolverle al INYM la facultad de fijar precios de referencia. Con ese horizonte cerrado, el productor cerró su relato con una reflexión dirigida a los consumidores: “Lamentablemente no hay ninguna perspectiva, al menos en el corto plazo, para los pequeños productores”.
Y detalló la brecha que hoy separa el costo real del precio de bolsillo, donde si el kilo de yerba se vende en góndola a un promedio de 5.000 pesos, la “puesta en secadero” —lo que percibe el productor— debería rondar el 10% de ese valor, es decir 500 pesos. En los hechos, hoy se paga entre 200 y 250 pesos por un producto cuyo costo supera los 450.
Por su parte, Ricardo Maciel, representante de la provincia de Misiones, expresó: “Vine a la reunión con pocas expectativas, pero me voy con una gran desilusión y mucha bronca”, dijo el dirigente a Bichos de Campo tras el encuentro con el ministro Federico Sturzenegger.
“Le planteé la situación de crisis que atraviesan los productores desde que se le quitaron facultades al INYM, y la enorme transferencia de recursos que se está produciendo desde el sector primario hacia los eslabones superiores de la cadena. También le recordé que esta situación ya la vivimos”, señaló.
Según relató, durante la reunión “esa misma postura fue expuesta por representantes de UATRE, cooperativas, productores y secaderos”, mientras que “las industrias y la provincia de Corrientes respaldaron la desregulación y pidieron que el esquema continúe tal como está”.
Respecto de la respuesta oficial, indicó que Sturzenegger ratificó la decisión de no fijar ningún tipo de valor y sostuvo que la solución pasa por vender más, porque eso “terminará beneficiando a los productores a través del famoso derrame. En definitiva, al Gobierno nacional no le importa esta situación. Y me da mucha pena y bronca el rol de la Secretaría de Agricultura, que debería tomar una posición en defensa de la principal economía regional”, cuestionó.
Y concluyó: “Nos dijeron, en una palabra, arréglense como puedan”.
En ese sentido, el productor también cuestionó el argumento de que la desregulación benefició al consumidor con yerba más barata. “El productor se hace cargo de la inflación de los paquetes de yerba mate”, planteó, y apeló a una comparación con la carne vacuna para explicar por qué bajar el precio no dispara el consumo: una familia consume un volumen relativamente fijo de yerba al mes, baje o no el precio, a diferencia de lo que ocurriría si bajara el precio de la carne.
Por eso, sostuvo, la caída de precios no amplió las ventas sino que devaluó la calidad percibida de las marcas nacionales, mientras las yerbas tipificadas importadas se venden entre 13.000 y 16.000 pesos, las locales “de excelente calidad” se ofrecen a 5.000.
Ferreira también describió el desequilibrio de poder dentro de la cadena, con productores de apenas 50 toneladas anuales de hoja verde negociando frente a operadores que manejan 200 millones de kilos por año y que además controlan el financiamiento, ya que pagan a los secaderos con cheques diferidos, que a su vez trasladan ese mismo mecanismo al productor. “Tiene que esperar 90 días, ya entrega 50% por debajo del costo, y todavía tiene que esperar 90 días. Es una situación muy delicada”, resumió.
El documento que Ferreira llevó a la mesa, titulado “Evaluación de los efectos del DNU 70/2023 sobre el funcionamiento del mercado yerbatero y propuestas para la reconstrucción de un marco competitivo”, plantea que ninguno de los objetivos declarados de la desregulación se cumplió. Según este informe, transcurridos más de dos años desde la firma del decreto, cayeron simultáneamente el precio pagado al productor, la cosecha y el consumo interno, mientras que el precio en góndola no bajó en una proporción equivalente.
Los números que cita el propio INYM son contundentes, ya que entre enero y abril de 2024 ingresaron a los secaderos 268.297.370 kilos de hoja verde, cifra que en el mismo período de 2026 se derrumbó a 151.910.206 kilos, una caída superior al 40%. El precio actual de la hoja verde, en torno a los 200 pesos por kilo, está por debajo de los costos de producción que informan las propias entidades del sector.
El eje central del planteo de Ferreira es que la desregulación no eliminó la regulación del mercado, sino que trasladó quién la ejerce: “El mercado nunca dejó de estar regulado. Lo que cambió fue quién pasó a ejercer el poder de regularlo”, sostiene en el informe. Con unos 12.500 productores primarios atomizados frente a un puñado de secaderos y molinos que además están integrados verticalmente —compran la materia prima, industrializan, fraccionan y venden el producto final—, el documento describe un mercado oligopsónico donde esos mismos actores concentrados terminan fijando tanto lo que le pagan al productor como lo que le cobran al consumidor.
Esa “doble posición de poder”, advierte, explica por qué la renta que dejó de percibir el colono no se trasladó a una yerba más barata en la góndola, sino que fue absorbida por otros eslabones de la cadena.
Frente a ese diagnóstico, la propuesta que Ferreira puso sobre la mesa incluye la restitución del régimen de la Ley 25.564 y la derogación del Decreto 812/2025, además de un paquete de medidas de emergencia, que estipula un precio sostén obligatorio para la hoja verde y la yerba canchada calculado sobre costos reales de producción, la recomposición de las áreas técnicas y de fiscalización del INYM —vaciadas de personal especializado durante estos dos años—, y mecanismos de transparencia que hagan pública la información sobre precios, volúmenes, stocks y niveles de concentración en la cadena.
Así, mientras cientos de colonos padecen una intervención del gobierno nacional para desregular la cadena productiva de la yerba, por más que le expliquen en la cara al ministro desregulador, no hay forma que lo entienda, y nada parece hacerlo cambiar de opinión. Seguirá haciendo todo lo posible para que los productores yerbateros la pasen cada día peor.
