El aumento de la producción de carne porcina viene siendo moneda constante en los últimos años, con promedios de entre el 2% y 3%. En 2025, el salto es todavía mayor: según datos de la Secretaria de Agricultura, en el primer bimestre del año aumentó 4%.
Eso debería ser motivo de festejo no solo en ese sector, sino también para el gobierno nacional que no atiende los pedidos de los productores.
Uno de los reclamos tiene que ver con el incremento de las importaciones, que se dispararon desde los últimos meses del año pasado y siguen altas. En enero y febrero se importaron 10.000 toneladas, un 280% más que en el mismo período del año pasado.
Esto preocupa al sector porque el mercado tiene sus límites, y lo refleja en el precio por kilo del capón, que ronda los 1.800 pesos y comenzó a frenarse. Además, se ingresa a los meses de menos demanda de carne y embutidos, por lo que la llegada de productos de Brasil y otros países podría afectar más a los productores, que vienen invirtiendo fuerte para lograr aumentar la oferta.
Que se importe carne porcina parece lo más lógico, en función de las políticas del gobierno nacional. Pero no sería razonable si se tiene en cuenta la alta oferta de esta y las demás carnes, que suman más de 115 kilos por habitante al año, además del crecimiento en su producción.
El incremento en las importaciones hizo que el consumo deba absorber más carne, y que el promedio por persona para esta proteína salte 15% de forma interanual, para ubicarse en casi 18 kilos según datos oficiales.
Los empresarios locales dicen que no les preocupa competir con la carne que ingresa especialmente de Brasil, si se hace en igualdad de condiciones. El problema es que ese país es mucho más productivo, competitivo, y que su carne porcina es producida con ractopamina, un promotor de crecimiento que favorece la conversión de alimento en carne, y que en Argentina está prohibido.
Por eso los productores argumentan que el ingreso de esa mercadería, principalmente bondiola, perjudica a la industria local y a los consumidores, a los que nadie alerta sobre esta situación.
El otro reclamo del sector tiene que ver con la situación impositiva. A la hora de hacer inversiones, se paga 21% de IVA, mientras que cuando se vende carne la alícuota desciende al 10,5%. Ese crédito a favor de las empresas es irrecuperable y se lo toma como un costo o parte de la pérdida.
Ese dinero se podría transformar en más inversiones con la simple modificación del gravamen, que en nada afectaría a los recursos fiscales, más aún teniendo en cuenta que el gobierno se jacta de tener como misión la reducción de la presión fiscal. Pues bien, nada de eso ha sucedido todavía.
