Acostumbrado al brillo de los bonos y el lustre de las divisas, el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo, debe rezongar cada vez que sus secretarios le acercan una resolución para firmar donde debe la Nación homologar las declaraciones de emergencia agropecuaria de las diversas provincias. Finalmente es lo que le toca hacer desde que su cartera (por decisión de su amigo y socio Juan Pazo) absorbió en febrero pasado todas las funciones administrativas que históricamente le tocaban a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El malhumor que al probable candidato al Nobel de Economía le debe provocar esa ingrata tarea no justifica que se demore exactamente un año en declarar en Emergencia Agropecuaria a vastos sectores de la geografía argentina que en 2023 sufrieron una de las peores sequías de la historia. Esa declaración era vital para que los productores que sufrieron pérdidas de más del 50% puedan postergar el pago de tributos y créditos con organismos nacionales.
Pues bien, Caputo firmó en las últimos días (se publicó este martes en el Boletín Oficial) la Resolución 986/2024, que declaró en emergencia agropecuaria a las explotaciones agrícolas-ganaderas y apícolas afectadas por sequía en todos los departamentos de la Provincia de La Pampa, a excepción de los Departamentos Chapaleufú, Quemú Quemú, Catriló y parte de los Departamento Maracó, Conhelo y Atreucó.
Lo curioso es que esa emergencia, a los efectos de la aplicación de la Ley 26.509, tiene una vigencia que va desde el 30 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024. Es decir, Caputo firmó una resolución con tanto atraso que venció un día antes de su publicación. Esto no implica que los productores no puedan reclamar las ayudas de modo retroactivo. Pero muestra el destrato oficial hacia quienes padecieron la sequía.
También podría significar algo peor: la discriminación de las presentaciones de las provincias por su alineamiento político, ya que hace unos días Economía homologó la declaraciones de emergencia por sequía para Buenos Aires y recién ahora lo hace para La Pampa. Ambas son provincias opositoras al gobierno de Javier Milei.
En el caso de La Pampa, la emergencia provincial fue declarada el 28 de septiembre de 2023, y se pidió su ratificación nacional en la reunión de fecha 7 de noviembre de 2023 de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que coordina la Secretaría de Agricultura.
Por otro lado, en una segunda resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, Caputo firmó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por sequía, en los Departamentos de Independencia, General Güemes, Maipú, Comandante Fernández, Quitilipi, Almirante Brown, O ´Higgins, General Belgrano, 25 de Mayo y Presidencia de la Plaza, todos de la Provincia del Chaco.
En este caso la demora ha sido de solo seis meses, ya que la emergencia provincial comenzó a regir el pasado 27 de marzo y tendrá vigencia hasta ese mismo día de 2025.
