Las bases filosóficas para la desregulación del mercado de la yerba mate, una decisión tomada La Libertad Avanza que perjudicó notablemente a miles de pequeños productores de yerba mate, seguramente estén incluidas en el DNU 70/2023. Pero lo cierto es que el gobierno de Javier Milei se valió de una maniobra artera para impedir que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejara de fijar precios de referencia para ese cultivo regional: directamente no designó jamás un nuevo presidente para ese organismo.
Por esa razón, acéfalo, el INYM dejó de realizar las reuniones semestrales de toda la cadena yerbatera para acordar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, y tampoco el secretario de Agricultura de la Nación, Setgio Iraeta, laudó ese valor en función de los costos de producción establecidos desde el INTA, tal y como marca la Ley de Creación del INYM. El organismo está integrado por todos los sectores de la cadena y las provincias yerbateras, pero es el Poder Ejecutivo Nacional quien está obligado a designar a su presidente.
Según cuenta el diario El Territorio de Misiones, el presidente Milei quizás deba ahora dar explicaciones a la justicia por haber frenado la designación de un funcionario responsable, tal y como dice la ley.
En una resolución firmada este martes 4 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, de hecho, resolvió que la investigación penal iniciada contra el presidente Milei por presunta omisión de deberes de funcionario público, será llevada adelante por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de la Capital Federal, es decir en Comodoro Py.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en el Juzgado Federal de Oberá por cinco productores yerbateros de la zona centro -Hugo Sand, Iván Ener Sand, Jorge Skripczuk, Salvador Torres y Leonardo Gerber- quienes acusaron al jefe de Estado de no cumplir con su deber legal de designar al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tal como establece la Ley 25.564 y su decreto reglamentario.
La no designación de un presidente para el INYM fue especialmente aviesa, ya que en principio el ex secretario de Agricultura, el decano Fernando Vilella, anunció públicamente en febrero de 2024 que colocaría en el cargo a un agrónomo llamado Daniel Notta, cercano al ex gobernador misionero Ramón Puerta, históricamente ligado al negocio yerbatero. Pero esa designación jamás se produjo, porque Vilella fue desautorizado por el entonces secretario coordinador Juan Pazo (quien luego lo echaría del gobierno y colocaría a su concuñado, Sergio Iraeta, como nuevo secretario).
Sand y el resto de los denunciantes, que estuvieron presentes en una reunión con el propio Pazo en Posadas a principios de febrero de ese año, argumentaron ante la justifica que la falta de nombramiento del titular del INYM impide el normal funcionamiento del organismo, lo cual pone en riesgo la estabilidad de la cadena productiva de la yerba mate, incluyendo la fijación semestral del precio de la materia prima. A su juicio, esta omisión podría derivar en sobreoferta, especulación y pérdida de rentabilidad para los pequeños productores.
De hecho, sin presidente que convoque a las reuniones, el INYM incumple ya por tercer semestre su obligación de fijar los precios de referencia. Y en este escenario los valores pagados a los pequeños yerbateros han descendido estrepitosamente. Actualmente oscilan entre 200 y 305 pesos por kilo de hoja verde, cuando los análisis de costos marcan un piso de 430 pesos.
El expediente que llegaría ahora a Comodorto Py, según cita El Territorio, está caratulado como “Milei, Javier Gerardo s/ incidente de competencia” (FPO 1207/2025/CA1)- y atravesó una disputa de competencia entre el Juzgado Federal de Oberá, donde se radicó inicialmente la denuncia, y la justicia federal de Capital Federal.
“La Fiscalía Federal de Oberá dictaminó que el hecho denunciado no se habría cometido en su jurisdicción, ya que la omisión de designar a un funcionario del gobierno nacional ocurre en el lugar donde debía cumplirse la acción: la sede de la Presidencia de la Nación, ubicada en Balcarce 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó el diario misionero. Que agregó: “Este criterio fue aceptado por el Juzgado Federal de Oberá, que declaró su incompetencia y remitió la causa al Juzgado Federal 2 de CABA. Sin embargo, este último rechazó inicialmente la competencia, considerando que debía determinarse en base al lugar donde se materializa el resultado del delito, es decir, donde se habría producido el daño (en este caso, Misiones)”.
Frente a la diferencia sobre la competencia, que nada bueno augura sobre la celeridad que la justicia de aquí o allá, le ponga a esta investigación contra el Presidente de la Nación, la Cámara Federal de Posadas intervino y resolvió el conflicto. En su fallo, el tribunal recordó que según la teoría de la ubicuidad, los delitos deben considerarse cometidos tanto en el lugar donde se produce el resultado como donde se ejecuta la acción.
“El extremo del asentamiento funcional del ejercicio de la función pública del denunciado resulta determinante”, sostuvo el juez de Cámara misionero Mario Osvaldo Boldú, quien firmó la resolución junto a la secretaria María Marlene Raiczakowsky. El tribunal citó jurisprudencia de la Corte Suprema para fundamentar su decisión, enfatizando que el proceso penal debe desarrollarse en el ámbito más idóneo para la investigación y con mayor proximidad a la sede del imputado.
“Con esta decisión, la causa penal contra Javier Milei por los delitos de abuso de autoridad (artículo 248) y omisión de deberes de funcionario público (artículo 249 del Código Penal) continuará su curso en los tribunales federales de Comodoro Py. Resta ahora que el Juzgado Federal 2 defina si da impulso formal a la investigación y convoca al Presidente a responder por las acusaciones”, cierra la información.
