En el norte bonaerense, hay todo un pueblo, de no más de 12.000 habitantes, con los ojos puestos en su principal motor económico. Se trata de La Suipachense, la empresa láctea que hace ya 75 años opera en las afueras de la localidad de Suipacha y que hoy atraviesa una crisis muy compleja, que según deslizan algunos, es terminal.
Además de las deudas millonarias con proveedores, la caída drástica de su producción y el riesgo inminente de corte de suministro de luz y gas, la firma enfrenta hoy un conflicto laboral sin escalas. Con sus 140 trabajadores en huelga, y sin ingresar ni un camión de leche para procesar, el futuro de la empresa de capitales venezolanos es incierto.
La semana empezó con una movilización masiva en las calles de Suipacha, tanto de los trabajadores y del gremio Atilra como de la propia comunidad, que hoy asiste con preocupación al derrumbe de una de sus principales actividades productivas.
La razón principal, además del atraso en el pago del sueldo correspondiente a julio, es el despido de 9 empleados administrativos por, justamente, haber depositado parte de esos haberes a principios de este mes.
Lo que esgrimen las autoridades del grupo Maralac es que los trabajadores actuaron por su cuenta y leen el pago de esos sueldos como una suerte de “insurrección”. Esto está enmarcado en la toma de la planta desde hace más de 10 días, en la que los empresarios denunciaron casos de violencia y amenazas, y la adjudicación ilícita de tareas gerenciales por parte del personal.
Desde Atilra, en cambio, aseguran que “los trabajadores obedecieron directivas de sus superiores” y que se está “invocando una causa falsa” para desvincularlos, pues la única razón a la vista es que no quieren cumplir con las obligaciones salariales. Mientras tanto, corre el reloj y en La Suipachense no se procesa ni un litro de leche desde hace días.
A la espera de una respuesta, la planta está paralizada y su personal en huelga. Según ha trascendido las últimas semanas, no parece haber representantes de la conducción empresarial que tomen la posta y hasta se ha hablado de un cierre inminente si es que no llega un salvataje económico.
El problema va más allá de los salarios adeudados, ya que hay más de 2.700 millones de pesos en cheques rechazados, deudas que amenazan con cortar la cadena de suministro y una facturación que no cubre ni una quinta parte de lo que necesita la empresa para operar. Se estima que de los 3.000 millones necesarios mensualmente, hoy sólo se perciben 500.
Respecto a los trabajadores despedidos, ahora es una palabra contra la otra: El gremio aduce que los administrativos, al depositar los sueldos el cuarto día hábil del mes, sólo siguieron órdenes de sus superiores, mientras que los empresarios los acusan de haber manejado fondos sin autorización. Según dicen, ese dinero estaba destinado a otros propósitos, pero no aclararon cuáles.
La noticia, por ende, no deja de estar “en desarrollo”. Desde la pequeña localidad del norte bonaerense le comentan a este medio que no hay certezas del futuro y que, hasta que las tengan, en el horizonte sólo está la medida de fuerza.
