Cada vez que alguien carga gasoil, nafta o GNC, una proporción de lo que abona se destina desde 2001 a una cuenta especial que, según lo determinado por la normativa vigente, debe constituir un fondo dedicado al desarrollo de proyectos y mantenimiento de infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas y control y mitigación de inundaciones.
Hasta fines de 2017 era posible saber cuánto se recaudaba por ese concepto y cuáles eran las partidas asignadas a cada proyecto, porque la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin) publicaba esa información con periodicidad mensual.
Pero a fines de 2017 el equipo económico de Mauricio Macri tuvo la genial idea de disolver el Ucofin, de manera tal que ya no fue posible hacer un seguimiento de los fondos tanto recaudados como asignados, que eran, por cierto, mucho dinero.
El ultimo dato disponible, correspondiente a diciembre de 2017, indicaba que en ese mes se habían recaudado 532 millones de pesos, una cifra que, actualizada por inflación, representaría ahora unos 1700 millones de pesos.
El detalle de las obras presupuestadas –pero no el seguimiento de la ejecución de las mismas– está contemplado en la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, en el cual, por ejemplo, puede observarse una concentración de obras hídricas planificadas para los próximos años en las provincias de Mendoza y Santiago del Estero.
Pero la realidad es que, desde la liquidación del Ucofin instrumentada en 2018, ya no es posible contar con datos certeros sobre el destino específico de los fondos que todos los consumidores de combustibles pagan para financiar obras destinadas a mejorar la gestión hídrica.
Vale recordar que en 2001, por medio del decreto 1381, se estableció el cobro de una tasa sobre los combustibles con el propósito de solucionar los enormes problemas productivos que por entonces se habían generado con grandes inundaciones localizadas en buena parte de la zona pampeana.
Posteriormente, a fines de 2006, por medio de la Ley Nº 26.181, la tasa creada por el decreto 1381 fue reemplazada por un impuesto específico sobre los combustibles para financiar el Fondo de Infraestructura Hídrica.
Lo sucedido al respecto es un ejemplo práctico de las políticas implementadas específicamente para evitar la transparencia de la gestión de recursos públicos.
