Las recientes inundaciones registradas en el norte de la provincia de Buenos Aires fueron inevitables porque en cuestión de días llovió lo que debería haber caído en el transcurso de meses. Sin embargo, el rápido escurrimiento de los excesos hídricos sí puede ser promovido con obras de infraestructura adecuadas.
En 2001 el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo creó, por medio del decreto 1381/01, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con el propósito de resolver los desastres generados por la gran inundación registrada ese año en vastas regiones productivas de la provincia de Buenos Aires.
El Fondo de Infraestructura Hídrica pasó entonces a financiarse con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) para el uso como combustible en automotores.
Lo que comenzó como una iniciativa para mitigar los excesos hídricos en una de las regiones agrícolas más productivas del país terminó en gran medida desvirtuándose durante el kirchnerismo, ya que, por ejemplo, buena parte de los fondos se derivaron a la construcción de represas en la provincia de Santa Cruz.
A partir de 2017 el gobierno macrista impulsó, con aportes del instrumento fiduciario, avances en el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Esas obras, con algunos altibajos, fueron continuadas durante la gestión de Alberto Fernández.
Durante la gestión de Javier Milei la “canilla” del fideicomiso fue prácticamente cerrada, lo que paralizó gran parte de las obras hídricas realizadas en la zona pampeana. Sin embargo, el flujo de ingresos del fondo jamás se detuvo.
Un documento oficial señala que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica registró en 2024 ingresos por 98.538 millones de pesos, la mayor parte de los cuales (93.403 M/$) se explican por los aportes forzosos realizados por propietarios de vehículos particulares y transportistas.
Como la inversión en obras de infraestructura se redujo –sin explicaciones oficiales–, el fideicomiso a fines del año pasado contaba con fondos por 85.129 millones de pesos, una cifra equivalente a más de 75 millones de dólares al tipo de cambio actual.
El dato que no puede dejar de tenerse en cuenta es que esos fondos, por la característica del instrumento en cuestión, no están auditados, lo que implica que el gobierno puede hacer con esos recursos lo que mejor le parezca sin experimentar inconvenientes.
Mientras que el ministro Luis Caputo descabezó varios fideicomisos en el último año, extrañamente el Fondo de Infraestructura Hídrica sigue gozando de buena salud. Liquidarlo generaría un ingreso de fondos frescos al erario público, pero se acabaría la excusa para seguir extrayendo recursos a través de un impuestos sobre la nafta y el GNC. Todo un dilema.
En cualquier caso, con grandes recursos disponibles en el Fondo de Infraestructura Hídrica para hacer frente a las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, además de planificar nuevas en las zonas actualmente afectadas, no existe argumento alguno paralizar las inversiones en el área, a menos que los recursos en cuestión estén siendo empleados en la sombra con otros propósitos ajenos al espíritu original del fideicomiso.
