Cuando hace algunos años Bichos de Campo retrataba en sus crónicas un problema común de muchas economías regionales (allí no se conseguía mano de obra para las cosechas porque la gente no quería trabajar -al menos de forma registrada- por temor a perder los planes sociales), muchos lectores “progresistas” alineados con el gobierno nos tildaban de “gorilas” o nos acusaban de defender los intereses de una patronal “negrera” y hasta “esclavista”. Todo fue así hasta que su propio gobierno, el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tuvo que aceptar la realidad que denunciaban muchos productores.
Frente a la sucesión de casos y de cosechas perdidas por falta de mano de obra temporal, el Ejecutivo dictó en agosto de 2021, por un plazo de dos años, el Decreto 514/21, que establecía una “compatibilidad” entre quienes cobraban planes sociales “nacionales” y además pretendían tomar un trabajo temporal y registrado (en blanco) en el sector agropecuario, en especial en aquellas actividades zafreras que requieren de mucha gente en cortos plazos de tiempo.
“Por el artículo 2° del referido decreto se garantizó a quienes sean contratados o contratadas bajo la modalidad de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, que las asignaciones familiares que les correspondan en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”. También, un artículo después, “se estableció la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado, y se permitió que las personas titulares del Programa Potenciar Trabajo y la ex Tarjeta Alimentar puedan seguir percibiendo los beneficios y prestaciones”.
Ahora, dos años después y antes de dejar el poder, Alberto y Cristina decidieron prorrogar por otros dos años la vigencia de ese decreto, para extender su vida útil hasta el 1° de septiembre de 2025, es decir ya en territorio del nuevo gobierno que surja de las elecciones de octubre.
“Las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores y las trabajadoras del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las de sus grupos familiares”, se miente a si mismo el gobierno en el nuevo Decreto 423/2023, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y estableció la prórroga mencionada.
¿Por qué se miente? Porque es relativo que la compatibilidad entre trabajo registrado y planes sociales haya cubierto las expectativas de las entidades que la impulsaron, en especial muchas cámaras de economías regionales integradas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En rigor, siguen siendo frecuentes las quejas de esos sectores porque siguen sin encontrar mano de obra a la hora de levantar las cosechar o realizar las podas de los frutales. Y mucha fruta queda en el suelo.
¿Y por qué no sirvió el mecanismo? En buena medida porque el propio Ejecutivo tardó mucho tiempo en reglamentar el primer decreto (hubo algunas resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social dictadas recién en este 2023) y después porque tampoco las provincias emitieron legislaciones en simultáneo, que incorporaran este concepto de que nadie pierde la ayuda social en caso de querer tomar un trabajo en blanco en el medio agropecuario.
En realidad, como casi todo, el Estado hizo una fajina a medias, porque también fue muy escasa la difusión de este potencial beneficio entre quienes cobran planes sociales en las localidades del interior, que perfectamente podrían haber sumado ingresos durante la aplicación de esta compatibilidad.
De hecho, en ese mismo sentido el decreto publicado ahora reclama al Ministerio de Trabajo que “lleve adelante en conjunto con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, acciones territoriales de difusión, asesoramiento y capacitación en materia de registración laboral y de la seguridad social, dirigidas específicamente a los trabajadores y las trabajadoras rurales, a las asociaciones sindicales y a las asociaciones de productores”.
Hace unas semanas, el principal gremio rural, la UATRE apoyó explícitamente un proyecto de ley para consagrar esta compatibilidad entre planes e ingreso salarial. Pero ese camino también es discutible porque eso sería resignar la posibilidad de que la gente obtenga un ingreso salarial y dependa eternamente de planes sociales de contingencia.
Por eso, a pedido del propio sector, este Ejecutivo en retirada (esperemos que se vaya con su ejercito de comentaristas progres de la realidad) optó por la solución más sana: como la vigencia de la norma caducaba la próxima semanas, pues la extendió por otros dos años, como para que sea el nuevo gobierno quien resuelva de fondo un problema que persiste, le duela a quien le duela: por la competencia de los planes sociales, muchas personas no quieren aceptar un trabajo registrado en el medio rural.
Esta es una de las principales limitantes de la actualidad a muchas actividades agropecuarias, y por lo tanto también es un tabique para el desarrollo de la producción y la obtención de divisas, el mayor problema económico de la Argentina. Por falta de brazos dispuestos, muchas frutas siguen quedando tiradas en el suelo. Es necesario encontrarle de une vez el agujero al mate.
