Por Matías Longoni.-
“Uno de cada dos latinoamericanos que vive en zonas rurales es pobre. Mientras que en las ciudades de América Latina la incidencia de la pobreza es del 24%, en las áreas rurales este porcentaje casi se duplica, con un 46%”.
“El drama de la pobreza rural es, además, prácticamente invisible. En el caso de la Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos, un tercio de los 3,5 millones de habitantes de zonas rurales son pobres”.
“Si bien el Gobierno ha hecho de la reducción de la pobreza una de sus prioridades y se han logrado avances significativos, ésta sigue siendo especialmente severa en las comunidades indígenas y fuerza también a muchas jóvenes rurales a migrar”.
Los tres párrafos anteriores no son parte de un manifiesto político en contra del gobierno de Mauricio Macri sino fragmentos de un comunicado del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) convocando, junto a otras agencias de Naciones Unidas y hasta instituciones financieras internacionales, a un debate en Mendoza sobre los nuevos paradigmas del mundo rural en América Latina y el Caribe. Lo encontré en mi casilla de correo justo cuando volvía de presenciar el “feriazo” que algunas organizaciones campesinas y de la agricultura periurbana realizaron este martes en Plaza de Mayo.
Me vinieron al dedillo estos párrafos para reforzar mi primera impresión sobre esa protesta, sostenida sobre todo en la estructura territorial de la denominada Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). ¿Por qué? Porque aunque muchos podrán descalificar esta movilización argumentando que tiene razones electorales y políticas, lo que yo percibí en los rostros, las manos y las risas de la gente que llegó hasta el centro porteño es que tenían razones genuinas para hacer oír sus reclamos.
Más allá de alguna intencionalidad de sus dirigentes -que nunca falta, ni en ésta ni en ninguna otra protesta-, hay una serie de posiciones históricas de los pequeños agricultores que son desoídas, y no ahora por la gestión macrista sino desde hace añares, por todos los gobiernos de distinto signo.
Del listado de demandas que tuvo esta marcha, rescato tres que sirven de ejemplo. Uno: no puede ser que ellos cobre 1 y el consumidor pague 10. Dos: La inmensa mayoría de estos productores debe alquilar la tierra en que produce y allí no hay regulaciones de ningún tipo, salvo las que defienden la propiedad de los dueños de los campos. Tres: como conviven con una agricultura intensiva de exportación y muchos de sus costos de producción son a valor dólar, pero sus ingresos siempre son en pesos.
Y está además aquello que dice el FIDA, un organismo de la ONU que difícilmente ceda a la tentación de la política doméstica y la insufrible polarización entre macristas y kirchneristas.
“El drama de la pobreza rural es, además, prácticamente invisible”.
En mi visión, el kirchnerismo en el poder intentó politizar demasiado la política pública hacia los pequeños productores, de modo que sirvan a su intereses. No les resolvió casi ninguna de sus necesidades. Pero el macrismo tampoco lo hace y mucho menos parece intentarlo. Casi como que le da vergüenza el tener que hablar de estos asuntos mendaces. Ni siquiera parece estar muy claro quién se ocupará de ellos: si será el Inta, el MInisterio de Agroindustria o Desarrollo Social.
En el medio están ellos, que hoy se hicieron visibles al menos por un rato.