Tras la negativa del Gobierno nacional a dar marcha atrás con la derogación de la protección fitosanitaria bananera, Salta y Jujuy pasaron a la acción y ambas provincias se aprestan a establecer controles sanitarios propios, con poder de policía, que les permitirá decomisar la mercadería que no cumpla con la documentación o las condiciones exigidas.
Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción y Minería de Salta, se reunió con Senasa para repasar el esquema de controles que se viene y confirmó a Bichos de Campo los detalles de lo que se viene.
“Nos reunimos con Senasa y repasamos todos los controles y requisitos necesarios para hacer una importación, donde ellos aseguran que con eso y con los acuerdos que se firman entre los países (que están reclutados por organismos internacionales), el riesgo de ingreso de enfermedades es mínimo”, relató el funcionario salteño sobre la postura que mantiene el organismo sanitario nacional respecto de la medida que destapó el conflicto, que es la derogación, a instancias del ministro Federico Sturzenegger, de la Resolución 99/1994 y de la Resolución 823/2006, que limitaban el ingreso de banana extranjera a las provincias del NOA y el NEA por razones sanitarias.
Pese a esa explicación de Senasa, que no logró convencer a los productores ni a los gobiernos provinciales, Dorigato adelantó que de la reunión surgió un compromiso concreto, que es el de reforzar la vigilancia sobre la fruta que circula por el territorio salteño. “Quedamos en aumentar los controles e inspecciones en rutas, cámaras de maduración y puntos de venta para ver si el riesgo aumenta o no”, explicó el secretario, quien detalló además que el operativo no se limitará a la banana. “Vamos a hacer operativos conjuntos con un protocolo de control. La idea es no solo ver banana, sino cualquier producto importado que se comercialice”, agregó.
El paso más contundente, sin embargo, llegará por la vía normativa. Según confirmó Dorigato, el gobernador Gustavo Sáenz emitirá un decreto de necesidad y urgencia para facultar a la provincia a decomisar cargas de banana que no cuenten con la documentación respaldatoria correspondiente o que no cumplan con las condiciones exigidas por las normas de importación. “El gobernador va a emitir el decreto de necesidad y urgencia para facultarnos a decomisar cargas de banana que no tengan documentación respaldatoria o que no vengan en las condiciones exigidas por las normas de importación”, señaló, y ejemplificó algunos de los motivos que habilitarán la intervención: que la fruta tenga restos de hojas o tierra, que no haya pasado por un empaque o que no cumpla con la cadena de frío.
La medida busca compensar el vacío que dejó la derogación nacional, que le quitó a las provincias la herramienta que usaban hasta hace poco para actuar de forma inmediata ante la presencia de banana extranjera en la vía pública. Antes de la derogación, cualquier banana importada detectada en una verdulería o un comercio podía derivar en un pedido de decomiso automático; hoy, sin esa barrera, las provincias primero deben verificar si la mercadería ingresó de forma legal, lo que complica el control en tiempo real.
El decreto que prepara Sáenz apunta justamente a recuperar esa capacidad de acción, aunque por la vía de exigir el cumplimiento estricto de la documentación y las condiciones sanitarias antes que por una prohibición de ingreso directa como la que regía hasta julio.
Jujuy ya se adelantó en ese sentido. La provincia oficializó el Decreto Acuerdo 5682/26, que dispuso medidas fitosanitarias obligatorias para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana importada en fresco, y activó las facultades de poder de policía sanitario en cabeza de la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial, que quedó habilitada para realizar muestreos, ordenar interdicciones, ejecutar decomisos y aplicar sanciones.
El gobernador Carlos Sadir fundamentó la decisión en el riesgo de ingreso de plagas de alto impacto como la Sigatoka Negra, la bacteria Ralstonia solanacearum y el Fusarium Raza 4 Tropical —la variante más agresiva del hongo causante del Mal de Panamá—, capaces de comprometer la estabilidad de las economías regionales. La norma jujeña exige Certificado Fitosanitario de origen, Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), declaración jurada sobre estado sanitario y Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico, además de establecer que la fruta debe transportarse en estado verde estricto y en unidades libres de barro, tierra, hojas o raíces, bajo inspección física y documental obligatoria en los puestos de control provinciales.
El trasfondo de este avance provincial es el mismo que viene marcando el conflicto desde fines de julio. Productores y funcionarios de Salta y Jujuy se habían reunido con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, con la presidenta de Senasa, Beatriz Giraudo, y con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, para reclamar la reinstauración de la protección fitosanitaria derogada.
La respuesta nacional fue terminante: no habrá marcha atrás con la medida. Ante esa negativa, las provincias pidieron al menos una prórroga de 60 o 90 días para reinstalar la resolución de forma temporal y revisar el esquema, algo que Iraeta se había comprometido a responder en pocos días porque debía consultarlo con la instancia que dio la orden original. Esa respuesta, hasta el momento, nunca llegó.
