Cuando le preguntan por su profesión, Pablo Abdon Torres Barthe, como buen abogado penalista, dice que le gusta el barro. Fiel a su formación liberal y republicana, discute el rol del Estado y, gracias a su participación en el conflicto por las tasas municipales de Villa Saralegui, que terminó con la destitución del jefe comunal, hoy es una suerte de abogado estrella del tema: Los productores lo quieren de su lado para las discusiones sobre la presión fiscal que soportan en cada distrito.
La carga impositiva que afronta el agro es un tema que se discute hace décadas. Desde ya que las retenciones se llevan toda la atención, por el peso que tienen en la estructura de costos. Pero hay otra vía de recaudación, mucho más sutil, menos expuesta a controles y, por ende a veces más arbitraria, que son las tasas municipales. En años de vacas flacas, como lo fueron estos últimos para el campo, empezaron a ser señaladas por los productores. También el gobierno nacional, mientras demora la baja de tributos federales, pide a los privados que miren hacia provincias y municipios.
“En vez de defendernos de la tasa, atacamos el gasto”, explicó Abdon a Bichos de Campo, en una extensa entrevista en la que detalló cómo le ha encontrado la “veta” al conflicto y por qué cada vez más productores del interior bonaerense y santafesino exigen sus servicios legales.
La cuestión está en el destino de los fondos. Lo que Pablo ha observado en muchos municipios es que las arcas comunales se llenan gracias al sector productivo, a través de múltiples tasas superpuestas, pero que después no se vuelcan ni en obras ni en beneficios al sector.
De hecho, la temporada de lluvias intensas iniciada semanas atrás, ha reavivado la eterna discusión sobre la infraestructura rural, con el caso concreto de los productores de 9 de Julio y su reclamo de rendición de cuentas al municipio. Lo mismo expresa el reciente pedido de acceso a la información pública que envió la Sociedad Rural Argentina (SRA) a los 365 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.
“Decime en qué gastas porque , ysi no no te pago”, sería la lógica de la “rebelión fiscal” resumida en una frase por Pablo. En vez de ir a la jurisdicción contencioso-administrativa a decir que la tasa está mal, prefiere el pedido de acceso a la información pública, amparado por la Ley Nacional N.º 27.275, para que el Estado informe a dónde van a parar los fondos de las tasas. Y no alcanza con eso: “Si detecto un gasto mal hecho, voy a la justicia penal”, explicó el abogado, que generalmente logra que se sellen acuerdos antes de esa instancia.
Lo más interesante de esto es que su trabajo ha cosechado muchos adeptos. Tal vez lo que cautiva es la figura de un hombre de a pie, que viaja por los pueblos y los libera de ataduras fiscales, como si fuese la revolución contra la monarquía absolutista en plena edad media. El mismo Abdon admite que, en el fondo, lo que se juega es una discusión de la soberanía y el poder del pueblo porque, aclara, “en el sistema republicano, el dinero de los impuestos no es de los políticos, sino de los ciudadanos”.
Parte de ese apoyo se traduce en la red social X, ex Twitter, en donde varios usuarios, de entre sus más de 58.000 seguidores, proponen juntar fondos para “bancarle” la nafta y le piden que visite ciertos pueblos. Entretanto, Pablo hace el trabajo sucio: En su “Abdoneta”, como bautizó a su auto, viaja junto a Matías Rivieros, un joven estudiante de derecho al que conoció en redes sociales y se mete de lleno en el barro político-fiscal del interior productivo.
Estuve en Cayastacito provincia de Santa Fe y me hice dos amigos. Es medio extraño recorrer una provincia que no es la mia tan profundamente sin ser politico para ayudar a la gente a que no los roben con la tasa pic.twitter.com/HGGO9PjUOk
— ABDON (@AlberdianoArg) March 29, 2025
Y es tan evidente el cambio de época, que no sólo ya destituyeron a un jefe comunal por malversación de fondos y hechos de violencia, como fue el caso de Villa Saralegui, sino que dicen que ya no dan abasto para atender todos los pedidos que reciben. Como abogado del movimiento empresarial antibloqueo, Pablo está acostumbrado a viajar por el país, e incluso lo aprovecha para sacar fotos a las aves, uno de sus hobbies preferidos; pero ya estima haber hecho más de 6500 kilómetros en lo que va del año.
“Si me llaman, voy a ver lo que sucede personalmente, porque lo necesito para solucionarlo”, explicó el profesional, que considera que detrás de cada caso hay que hacer una especie de estudio sociológico e idiosincrático para conocer el pueblo, sus problemas, y la imagen que allí tiene el sector que va a representar.
También se trata de asimilar que el trasfondo hay un combo explosivo: Un Gobierno Nacional que le cerró el grifo a las provincias, y la réplica de este ajuste violento en los municipios y comunas, en un escenario donde además pesan las malas cosechas y el atraso cambiario. “Los productores, cuando tienen que afinar números, empiezan por las tasas”, destacó Abdon, que, como buen republicano, se ampara la Constitución para justificar su reclamo.
“El artículo 36 de la Constitución nos da el derecho de liberarnos ante la opresión. Esto es una opresión a nivel municipal, yo no pago hasta que no me rinda cuentas”, apuntó. Y por eso es que su teoría encaja muy bien con el caso santafesino, en donde cada municipio está obligado a la rendición de cuentas, de acuerdo con las leyes provinciales 8.173, del Código Tributario Municipal, y 14.256 de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública.
“El problema es que nadie lo exige”, aseguró el abogado. Y eso es justamente lo que impulsó en los últimos días la directora del Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina, Soledad Diez de Tejada. Conocer qué se hace con las tasas por hectárea que cobran los municipios de Santa Fe abre el camino para futuras impugnaciones y reclamos particulares en los casos en los que no corresponda.
Y casos son los que abundan. “Hay lugares en los que los productores pagan la tasa para mantener los caminos rurales y ellos mismos pasan la máquina”, describió Abdon, que suele trabajar, sobre todo, en pueblos chicos, en los que se da un fenómeno muy común: Los propietarios de campos no son vecinos de la comuna (no viven allí), pero sobre ellos recae el mayor peso de la recaudación.
Lo interesante es cómo llega a descubrir algunas sutilezas, como el caso de pueblos de no más de 500 habitantes con buena recaudación en los que no se destina nada a infraestructura rural pero una gran parte de las partidas se vuelcan a sueldos de “trabajadores eventuales”. Eso marida muy bien con la visión liberal-libertaria de Pablo, que asegura que “las tasas están armadas electoralmente” porque “se disfraza al pueblo de trabajador del Estado, se les da plata y así luego votan”.
También es testigo de casos insólitos. En Santa Rosa de Calchines, una comuna del departamento santafesino de Garay, se les cobraba la tasa de seguridad e higiene a los lavadores de zanahoria, cuando en realidad ese tributo no podía alcanzar a trabajadores rurales. “Alegaban que la actividad agropecuaria es cosechar la zanahoria, y que lavarla cuenta como industrial. Cuando investigué el código alimentario, vi que prohíbe comercializar zanahoria sin lavar, entonces no corresponde cobrar esa tasa”, explicó Abdon.
En Cayastacito, un pequeño pueblo de menos de 500 electores en el departamento de San Justo, descubrió que a los únicos tres feedlots que hay se les cobra una tasa ambiental por el impacto que tiene la actividad, pero que no tiene ninguna contraprestación. Algo similar sucede en Henderson, en el interior bonaerense, donde se cobran tasas muy elevadas por implementar energías renovables porque el pueblo tiene una planta transformadora de alta tensión.
“Yo no reniego de la Agenda 2030 o el cambio climático, pero no podés agarrarte de eso para recaudar más”, se indigna el abogado.
Mientras tanto, esta cruzada también recolecta triunfos interesantes. En la localidad santafesina de San Martín Norte, se conformó un comité ad hoc entre el jefe comunal y los productores, que funciona como vía de diálogo en donde se informa cuánto es lo recaudado y se discute a qué obras se destinará.
