No todos festejaron: Omar Príncipe, de Bases Federadas, tildó la baja de retenciones como insuficiente y la comparó con el Dólar Soja de Massa

El ministro de Economía Luis Caputo anunció una reducción temporal a los derechos de exportación, lo que generó algarabía en un amplio sector del campo argentino, ya que era una medida muy esperada.

Productores, gobernadores, exportadores, cámaras de todo tipo y actores en general del sector se manifestaron públicamente a favor de la reducción del tributo, tan reclamada desde todos los sectores y finalmente anunciada.

Sin embargo, con el correr de las horas en las redes sociales comenzaron a aparecer quienes ponían en duda las verdaderas intenciones de la medida: Algunos productores mostraron su disconformidad argumentando que la intrincada rebaja sería insuficiente, y que el operativo diseñado por Caputo se asemejaba al Dólar Soja (Programa de Incremento Exportador) que promovía el ex ministro Sergio Massa, con el único objetivo de recabar dólares del agro e incrementar las arcas del Banco Central.

Los que más duramente salieron a criticar el anuncio fueron los productores nucleados en Bases Federadas, una agrupación de chacareros que supieron ser dirigentes de Federación Agraria, pero que ahora han migrado tratando de recuperar las demandas históricas de dicha entidad. Entre estos productores se encuentra Omar Príncipe, ex presidente de la entidad, junto a otros históricos dirigentes ruralistas.

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Abiertamente opositores a las políticas llevadas a cabo por este gobierno, los chacareros emitieron un duro comunicado en el que ponen de manifiesto que entienden la medida como insuficiente, y que está dirigida para favorecer a los grupos de siembra concentrados.

“Lo anunciado es una rebaja a medida de los grandes pools y fideicomisos que presentaron dificultades financieras. Como los anteriores gobiernos, se toman medidas que tienen más un trasfondo recaudatorio y electoral, que de salvar los productores que están al borde de dejar la actividad por la baja rentabilidad”, dijeron los productores en un comunicado.

Desde la entidad agregaron: “Es una quita temporal para incentivar la liquidación de divisas, con la misma lógica que el dólar soja de Massa. No tiene progresividad ni segmentación. Los menos favorecidos son los pequeños y medianos agricultores, que seguimos siendo invisibles para la política económica y agraria del gobierno”.

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Con el correr de las horas y los mensajes en redes sociales que manifestaban una percepción similar, Príncipe aclaró a Bichos de Campo: “Es totalmente insuficiente ante la gravedad de la situación que provocó el mismo gobierno, de tener un costo en dólares que se fue por las nubes, que roza en muchos casos el 200% o más en un año, y que toda la producción agropecuaria está en quebranto, especialmente los pequeños y medianos productores”.

Al mismo tiempo, Príncipe comparó esta medida con las tomadas en el gobierno anterior, que buscaban de forma casi desesperada que los exportadores y productores liquiden los granos para hacerse de dólares.

“No es una medida estructural, es una medida coyuntural, una medida que dura hasta junio, y eso habla que es una medida temporal, que habla también de la necesidad del gobierno de que ingresen divisas y que se liquiden las divisas de lo que todavía está guardado”.

“Denunciábamos que el Dólar Soja de Massa también era para favorecer a los grandes grupos concentrados, a los que tenían soja en ese momento, y esto va en el mismo sentido. Es para favorecer a los grupos que están con muchísimos problemas financieros, y que esto quizá les da un alivio, pero los menos beneficiados son los pequeños y medianos productores”, señaló Príncipe.

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Si bien aún no está claro cómo quedarán los precios en pizarra de los granos con la baja que se dará, se descuenta que tendrá un impacto negativo en otras cadenas que dependen de los granos como insumos, como la lechería, la producción bovina, porcina o aviar, entre otras. En este caso el impacto se infiere menor que el de los Dólar Soja, ya que el maíz, principal insumo de alimentación animal, no retrocederá tanto como su par soja, que si verá una reducción mayor.

Al respecto, Príncipe declaró: “Sí, habrá impacto en otras cadenas, porque cuando se toman estas medidas así, direccionadas, sin tener una política integral de la producción de alimentos y la producción agraria en la Argentina, se tocan las variables económicas y financieras, y los costos de otras producciones. Se ve afectado el agregado de valor, de la transformación de grano en carne de vaca, de cerdo, huevo, etc. Creemos que siguen sin darnos visibilidad, seguimos invisibles. La mayoría de los productores agropecuarios en la Argentina no tenemos una política específica”.

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Príncipe y Bases Federadas exigieron a principios de este año que la quita de retenciones tenía que ser inmediata, permanente, y como parte de una política pública que exceda a los derechos de exportación. Según entienden, una mera quita de retenciones significaría una mayor concentración de tierras y de maquinarias por parte de las grandes empresas.

Esto lo reafirmó el expresidente de Federación Agraria, quien señaló a los grandes grupos de siembra como IRSA de ser los únicos beneficiados con esta medida, en detrimento de pequeños chacareros. Incluso Príncipe comparó la territorialidad de este grupo con un departamento entero de Santa Fe.

“Seguramente al Grupo IRSA, que tiene 250 mil hectáreas de soja en la Argentina, lo va a favorecer esta quita. Lo va a favorecer mucho más que a un pequeño chacarero de 50, de 100 hectáreas. Y cuando hablamos de 250 mil hectáreas, hablamos de un departamento como Iriondo, en el sur de Santa Fe, que tiene 17 localidades, 3 mil productores y 70 mil habitantes. La ciudad cabecera es Cañada de Gómez”.

“¿A quién favorecemos? ¿Al grupo financiero de 250 mil hectáreas o a un modelo de desarrollo territorial, local, de valor agregado, donde el productor cuando tiene un ahorro compra un tractor, una cosechadora, una sembradora, invierte en ladrillos y genera trabajo?”, se preguntó el dirigente ruralista.

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Príncipe manifestó su preocupación sobre la expulsión del sistema productivo de chacareros que no puedan contra los indicadores económicos, ya que según entiende este gobierno incrementa desigualdades.

“Es un proceso que lo vimos durante el 2024, en el momento en que terminó la cosecha 2024. Veníamos de dos años de sequía y muchísimos chacareros tuvieron que alquilar el campo porque no estaban en condiciones de afrontar un nuevo año productivo. Esos alquileres de campos fueron todos a fondos de inversión, a fideicomisos o pooles de siembra. El desplazamiento de productores hacia estos fondos de inversión es brutal en la Argentina, y es silencioso. En la década del 90 no hubo retenciones, eran retenciones cero, pero desaparecieron 103.000 productores,” recordó Príncipe.