Los reclamos por las tasas municipales generan un efecto contagio entre los distritos del interior bonaerense. Y cada caso reviste historias muy interesantes.
La última alzada fue en la localidad de Carhué, en el partido de Adolfo Alsina, donde este jueves 161 productores firmaron un pedido de acceso a la información pública para exigir al municipio informar el destino de las partidas viales y de guías ganaderas. También allí, por supuesto, acumulan décadas padeciendo el mal estado de los caminos rurales y pagando tasas que, sin su debida contraprestación, se terminan convirtiendo en impuestos.
Pero, además de ese trasfondo, que es común a cada una de las localidades que se pliegan a esta estrategia judicial, el caso de Carhué tiene una historia digna de contar.
La presentación que acaban de hacer al intendente radical Javier Andres en realidad empezó a evaluarse seriamente a fines del año pasado, cuando, en un clima de extrema tensión, el Concejo Deliberante aprobó que se duplicara el costo de la tasa Vial. Nada más ni nada menos que tras un año de inundaciones en toda la región.
Pero no fue un aumento anual como el que se acostumbra a hacer cada vez que se vota la ordenanza de Presupuesto, sino que lo que se cambió directamente fue la fórmula con la que se ajusta esa tasa. Al elevar la ponderación del índice compuesto por el precio de la carne, los granos y el gasoil, la tasa se elevó un 101%.
Para los productores, dejó de sonar descabellada la idea de reunirse y tomar cartas en el asunto. Y fue un personaje de mucho recorrido en la localidad el que lo hizo posible.
Hace apenas 15 días, Gregorio Aberasturi, un productor, consignatario y dirigente de larga trayectoria, convocó a los vecinos en la sede de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina y llevó consigo al abogado Pablo Abdon Torres Barthe, quien sigue casos similares en la región.
Tras el masivo encuentro, los productores se convencieron de iniciar el reclamo, y fue el propio Aberasturi quien tomó la posta y cubrió los gastos para ofrecerlo de forma gratuita.
“Sabíamos que iba a ser difícil este nuclear a tantos productores, por lo que nuestra empresa consignataria decidió encabezar el proceso y hacerse cargo de los costos como retribución por tantos años de apoyo. Es un gesto de agradecimiento”, explicó a Bichos de Campo, gratamente sorprendido con la repercusión.
Son 161 productores los que firmaron el pedido formal de acceso a la información pública ingresado este jueves en la mesa de entrada del municipio. Una de las mayores convocatorias registradas, explicaron a este medio.
A sus 66 años, Gregorio dice padecer la problemática de las tasas municipales desde que tiene uso de razón. Y no sólo como productor, sino también como empresario y dirigente, pues en varias ocasiones “Goyo” estuvo al frente de entidades del sector y le tocó responder a esos reclamos.
“Estuve 40 años trabajando en las instituciones para tratar de encontrar una solución. Hemos llevado propuestas, nos hemos reunido miles de veces y hasta se nos encargó hacer un estudio para tercerizar la red. Pero, como siempre, quedó en la nada”, expresó.
Esta vez, tocó barajar y dar de nuevo: cambiar el canal, más no el reclamo.
La solicitud entregada al municipio se sustenta en el derecho básico que tiene toda persona para buscar, solicitar y recibir información del Estado sin necesidad de justificarse. Es un pilar reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y, a partir del cual, los productores exigen rendición de cuentas y registros de gastos a sus funcionarios. Aunque, algunas veces, su negativa suscita conflictos judiciales.
“Este es un primer paso para que los productores aprendamos a reclamar por nuestros derechos constitucionales. Es el primer paso para cambiar la historia, después de décadas de fracaso”, ponderó “Goyo”, quien también hace cierta autocrítica y señala que esa debería ser la regla de aquí en más.
“Como productores tenemos que cambiar y empezar a a ejercer nuestro derecho ciudadano, que es exigir que una tasa que nos están cobrando vaya íntegramente al servicio que dice prestar, y no para fiestas u otros fines. ¿Hasta cuándo vamos a estar soportando esto?”, agregó.
El pedido se enfoca en la tasa de guías ganaderas y la vial, tributos que originalmente estaban concebidos para sostener un determinado servicio pero que, señala Aberasturi, “se terminan convirtiendo en impuestos para afrontar otros gastos”.
Y aunque están íntegramente vinculados a la producción agropecuaria, en la región insisten en que debe sortearse esa distinción. “Los caminos son para toda la sociedad. Para la salud, educación, turismo, y comercio”, afirmó el referente, quien, más que pedir por la disolución de la tasa Vial, exige “que se la empiece a ver como algo básico para el desarrollo de cualquier distinto”.
“Los jóvenes que quieran venir a vivir a nuestros distritos merecen tener las mismas condiciones que en cualquier otro. Esa es la pelea o es el legado que uno quiere dejar”, concluyó el consignatario.
