La decisión de la Unión Europea de suspender desde el 3 de septiembre las importaciones de carne procedente de Brasil abrió un nuevo frente alrededor del acuerdo comercial con el Mercosur. Mientras la entidad ruralista española ASAJA reclama que el veto se aplique con firmeza y que se refuercen los controles, otra de las principales organizaciones agrarias españolas, COAG, directamente exige que el bloqueo sanitario se extienda también a las carnes provenientes de Argentina, Uruguay y Paraguay.
El planteo de COAG fue publicado el 7 de septiembre, pocos días después de que entrara en vigor la medida europea contra Brasil. La organización calificó la suspensión como un “acto de justicia tardío pero insuficiente” y reclamó a Bruselas que no limite las inspecciones y el bloqueo al socio mayor del Mercosur.
“Esta suspensión del listado de países autorizados nos demuestra que las denuncias del sector ganadero eran ciertas. El mercado europeo ha estado expuesto a importaciones que no garantizan el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria exigida a los productores comunitarios por fallos en la trazabilidad, tal y como reconoce la auditoría publicada por la Comisión Europea el pasado mes de febrero”, subrayó Joaquín gargallo, responsable de carne vacuna de COAG.
“Exigimos que esta medida de bloqueo e inspección sanitaria no se limite únicamente a Brasil, sino que se extienda sin excepciones a todo el contingente y a todos los países del bloque de Mercosur”, señaló la organización, que incluyó expresamente a Argentina, Uruguay y Paraguay.
El argumento de los ganaderos españoles pasa por las condiciones de producción y los controles sanitarios exigidos por la Unión Europea. COAG sostiene que las inspecciones destinadas a detectar problemas de trazabilidad, sanidad, deforestación y utilización de promotores de crecimiento deberían realizarse sobre cada partida importada y no solamente mediante controles documentales.
La organización cuestiona además lo que considera un doble estándar de Bruselas. Según COAG, mientras los productores europeos deben responder de manera inmediata ante cualquier incumplimiento en materia de trazabilidad, sanidad o bienestar animal, la Unión Europea habría demorado durante meses la aplicación de controles equivalentes sobre las importaciones provenientes del Mercosur.
El reclamo se apoya en el caso brasileño. La Comisión Europea decidió suspender las importaciones de carne vacuna y otros productos de origen animal de Brasil después de que el país no pudiera acreditar el cumplimiento de determinadas normas comunitarias vinculadas con el uso de antimicrobianos. Para COAG, la decisión confirmó las advertencias que el sector venía realizando sobre las condiciones bajo las cuales ingresaba carne al mercado europeo.
Pero el malestar español no se limita a las cuestiones sanitarias. COAG viene cuestionando desde julio el impacto que están teniendo las importaciones de carne del Mercosur sobre el mercado interno español. En aquel momento informó que entre enero y mayo de 2026 España había importado 8.104 toneladas de carne vacuna desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, frente a las 1.838 toneladas del mismo período de 2025. Eso representó un incremento del 340%.
En ese punto aparece también ASAJA, aunque con un reclamo algo diferente. La organización agraria de Castilla y León celebró la entrada en vigor del veto a la carne brasileña y reclamó que se aplique “con firmeza y sin prórrogas”. También pidió reforzar los controles fronterizos y extender el control a todas las irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.
ASAJA advierte que el protocolo brasileño de certificación todavía se encuentra en una etapa inicial y señala que ninguna granja ha sido certificada. Por eso considera que la suspensión solo tendrá sentido si la Unión Europea garantiza que efectivamente se cumplan sus propias exigencias sanitarias y de trazabilidad.
El trasfondo es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya aplicación provisional comenzó este año y que todavía debe completar su proceso de ratificación. Para las organizaciones ganaderas españolas, la discusión excede el caso brasileño y alcanza a la posibilidad de que ingrese al mercado europeo carne producida bajo condiciones que, según sostienen, no son equivalentes a las que deben afrontar los productores comunitarios.
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