Hace semanas que se agita la posibilidad concreta de que la motosierra de Sturzenegger también alcance al Instituto Nacional de Semillas (INASE). De un plumazo, el órgano podría no sólo perder su autonomía -si se lo reduce a Dirección Nacional-, sino sobre todo gran parte de su personal y, fundamentalmente, el efectivo control y fiscalización sobre la cadena fitogenética.
De hecho, ya se ha avanzado recientemente con algunas medidas controversiales, como la reciente eliminación de la obligatoriedad de los Ensayos Comparativos de Rendimiento (ECR) para agilizar los trámites en la inscripción de semillas. Pero lo que se espera es una transformación más profunda y de cuajo.
No son pocas las voces que se han alzado en contra de este proceso, que se espera que llegue a través de un decreto. Y entre ellas se destaca la de la senadora nacional del peronismo rionegrino, Silvina García Larraburu, quien presentó un proyecto de comunicación para pedir explicaciones concretas al Gobierno.
En primer lugar, la discusión gira en torno a la intromisión que implicaría el plan de ajuste sobre un ente autárquico y descentralizado, que fue creado originalmente por decreto en 1991, llegó a disolverse en 2001 y se restituyó finalmente con la Ley 25.845 en 2004.
Aunque ahora no se hable de cierre definitivo, queda en dudas cuántas de sus funciones originales podrá seguir haciendo, y cuánto de su amplio despliegue federal seguirá en pie si se le recorta autonomía y personal y, por ende, pierde capacidad de recaudar fondos.
Cabe señalar que el INASE oficia de autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Semillas (N.º 20.247). Su rol es el de fiscalizar y regular la producción, atendiendo a los parámetros de calidad, trazabilidad y, sobre todo, la soberanía.
Este último aspecto, sin ir más lejos, adquirió recientemente mucho peso en el plano internacional con la discusión sobre la propiedad intelectual y las patentes. Contar con soberanía productiva se traduce en competitividad y seguridad alimentaria.
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“Transformarlo en una simple Dirección Nacional, subordinada administrativamente a la Secretaría de Agricultura, implica un debilitamiento profundo de las capacidades del Estado Nacional en un área crítica”, señala la senadora del bloque de Unidad Ciudadana en el texto original del proyecto.
En este caso, el argumento de la motosierra no puede ser económico, ya que no sólo se trata de un organismo muy chico, con 236 trabajadores -de los que sólo 46 están en planta permanente-, sino que, además, no depende de los recursos estatales porque se autofinancia. El grueso de sus ingresos lo aporta el cobro de aranceles, estampillas de fiscalización y multas.
“Lejos de ser un organismo deficitario, el INASE genera excedentes que pueden ser reinvertidos en innovación tecnológica o, en su defecto, transferidos al Tesoro”, sostiene la senadora, que también observó que, durante 2024, ha duplicado sus ingresos y recaudó unos 20 millones de dólares.
Se espera que el ajuste alcance, sobre todo, por el lado de los profesionales, con despidos, reubicaciones y retiros voluntarios. Lo curioso es que, en la modesta planta, hay mucho nivel de especialización: Hay profesionales dedicados a la agronomía, biotecnología, derecho, informática y, por supuesto, contabilidad y administración.
Gran parte del despliegue territorial del INASE se explica por la necesidad de estar en contacto con los más de 2400 operadores de semillas que hay en el país. Además del control, el organismo es el que otorga los títulos de propiedad y lleva adelante análisis de calidad en sus laboratorios.
Son precisamente esas áreas, junto a la informática y jurídica, destaca Larramburu, las que están en peligro con el plan de recorte.
Y lo expresó en una de las preguntas concretas que envía al Poder Ejecutivo: “¿Cómo se garantizará la prevención de eventos transgénicos no autorizados y la calidad fitosanitaria de las semillas, ante la posible reducción de controles y presupuesto?”.
El texto original del proyecto:
En ese sentido, la senadora también advirtió que la regulación en materia semillera “no puede quedar librada al mercado ni ser gestionada como un trámite administrativo más” y pidió al Gobierno especificar “los fundamentos de esta decisión, el destino de los trabajadores y trabajadoras, la continuidad de los proyectos estratégicos en curso y las garantías institucionales de cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Semillas”.
Si el proyecto, presentado bajo el número de expediente 1106/25, es aprobado en el Congreso, probablemente haya algunas respuestas al respecto. Lo que no es probable es que todo eso suceda antes de la implementación de un plan de ajuste que parece inminente.
