La Prefectura Naval Argentina intimó este martes a 536 profesionales del servicio de practicaje y pilotaje a retomar de manera inmediata sus tareas, en un intento del Gobierno nacional por destrabar el paro que mantiene afectada la actividad en las principales terminales del país.
La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que la Prefectura ordena a los profesionales volver a prestar el servicio previsto en el Decreto 690/2026, norma que modificó el régimen de practicaje y pilotaje. La fuerza de seguridad incluso advirtió que el incumplimiento podrá derivar en sanciones disciplinarias y hasta en denuncias penales, al considerar que se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación.
En el Boletín Oficial de hoy, Prefectura Naval Argentina avisó a los prácticos que no están tomando servicios que “la interrupción del servicio de transporte podrá quedar captada en las previsiones del Código Penal como delito con hasta 2 años de prisión” pic.twitter.com/g5XQrKfyGO
— Mariano Galíndez (@GalindezM3) August 4, 2026
Pero poco impacto tuvo esa suerte de amenaza, porque en los hechos los prácticos se consideran profesionales autónomos y siguen sin concurrir a prestar sus servicios en rechazo a la modificación profunda de las reglas que ordenan esa actividad, mediante un decreto desregulador publicado el viernes por el gobierno, y cuyo autor intelectual es el ministro Federico Sturzenegger.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió este mediodía al ministro. “El gobierno está tratando de bajar el costo argentino. Esto se resuelve con competencia. Estamos abriendo al competencia para permitir que entren nuevos jugadores con precios más competititvos y esto va a impactar en una mejora para empresa y consumidore”, indicó el funcionario, que ratificó desde el más alto nivel de gobierno que el cese de este servicio considerado esencial “va a tener sanciones, es algo que está ocurriendo en este momento, y sin duda va a ocurrir”.
A partir de este decreto, y tal como anticipó Bichos de Campo, a partir del domingo prácticos, pilotos y baqueanos iniciaron un cese de servicio (técnicamente no se trata de un paro tradicional) por tiempo indeterminado. Como los barcos no se mueven a partir de entonces, la paralización del servicio frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas y quiebra las cadenas de suministro, especialmente de combustibles.
En este contexto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó este lunes “su más profunda preocupación ante la severa parálisis que afecta la operatoria en las terminales portuarias de la Vía Navegable Troncal y los principales nodos marítimos del país, como consecuencia de la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje”.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, alertaron los administradores de los puertos privados, la mayoría de ellos dedicados a granos y subproductos. La cámara retrató: “La acumulación de buques fondeados y demorados interrumpe el flujo normal de las exportaciones e importaciones, deteniendo de forma inmediata el ingreso de divisas fundamentales para la estabilidad macroeconómica del país”.
Y amplió: “El freno portuario genera un efecto dominó que paraliza el transporte terrestre (camiones y ferrocarriles), colapsa la capacidad de acopio en las terminales y desabastece a insumos industriales y energéticos estratégicos para la producción local”.
Pero lejos de pedir la represión a la que amagó la Prefectura, la Cámara de Puertos Privados opinó que hay que abrir vías de dialogo.
Por un lado, consideró que “esta coyuntura crítica evidencia la necesidad impostergable de adecuar, modernizar y desregular el sistema de practicaje en nuestro país en línea con lo propuesto por el Gobierno nacional, sin poner en juego la seguridad de navegación”.
En ese sentido, opinó que “no resulta preciso sostener que las medidas de desregulación vigentes comprometan la seguridad operacional: en la práctica, ninguna armadora, capitán o compañía de seguros opera o moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo. La defensa de la seguridad es un principio compartido por toda la comunidad portuaria y es plenamente compatible con un marco normativo moderno, eficiente y competitivo”.
“Por todo ello, la Cámara de Puertos Privados Comerciales insta de manera urgente e impostergable tanto al Gobierno Nacional como a los representantes del sector de practicaje a conformar una Mesa de Negociación para normalizar la actividad e implementar el Decreto 690/2026. Es indispensable establecer un espacio de diálogo directo que garantice, en primer término, la inmediata normalización del servicio y la navegabilidad de todos los puertos del país, permitiendo encauzar las discusiones normativas y de modernización dentro de un marco de institucionalidad, previsibilidad y consenso”, dijeron los prestadores del servicio portuario.
