Por Matías Longoni.-
En la historia reciente de la política agropecuaria argentina hay un episodio que no se puede omitir en ningún análisis que se realice: en febrero de 2011, la ex presidenta Cristina Kirchner citó a sus 16 ministros de entonces para hacerlos corresponsables de firmar una decisión importante, la disolución de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). De la mano del ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la ONCCA se había convertido en el brazo ejecutor de las políticas agropecuarias del kirchnerismo: del cierre de exportaciones, de la asignación de subsidios a sectores amigos y, especialmente, de una corrupción sistémica muy difícil de igualar. Cristina, que no solía retroceder bajo ninguna circunstancia, al disolver la ONCCA dio un enorme salto hacía atrás. Como le resultaba imposible esconder tanta basura debajo de la alfombra, directamente usó la aspiradora y anuló el área del Estado que debía controlar a los operadores.
Pero la memoria es corta, muy corta. Tanto lo es que ahora Gestar, el Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicialista, omite toda mención a aquella historia de despilfarro y corrupción al presentar ahora un análisis sobre las nuevas políticas de control comercial agropecuario implementadas por el Gobierno de Cambiemos, luego de muchos años en los que el descontrol se apoderó del sector.
El informe de Gestar no solo omite los propios pecados del kirchnerismo. Básicamente apunta contra el Ministerio de Agroindustria por “flexibilizar” los controles, ahora que se logró recuperar algunas funciones de la ex ONCCA a partir de la creación de una Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa) y se lanzó un mecanismo novedoso junto a la AFIP para poner orden entre los operadores del mercado de ganados y carnes, donde la evasión es descomunal.
Dice el informe de Gestar que el renovado Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (Ruca) tuvo siempre un “sentido restrictivo del ingreso de operadores de carnes y granos a los mercados” porque históricamente se buscó “garantizar la competencia leal” entre ellos. “La entrada restrictiva de operadores se da también en otros mercados regulados como el bancario, cambiario, turismo, transporte de pasajeros, producción de energía, entre los principales. Tiene como fundamento lógico dar garantía acerca de la solvencia económica de la empresa operadora y su buena reputación comercial”, argumenta, en lo que parece ser una defensa lógica del rol del Estado.
En ese sentido, el instituto Gestar, ligado a dirigentes de mucho peso en la anterior gestión, luego critica que “la renovada Succa ha flexibilizado los controles sobre las empresas e industrias agropecuarias, desregulando el acceso al sector y otorgando matrículas sin mayores requisitos”. En este punto de la argumentación tampoco se hace la más mínima mención a que el otro extremo -exigir muchos requisitos a los empresarios- suele implicar no solo un exceso de burocracia sino la aparición inmediata de gestores y, más triste todavía, de la posibilidad de que se cobren sobornos por aceitar los trámites y las aprobaciones por parte del Estado.
Recuerda el análisis del PJ que “la resolución 21-E/2017 del Ministerio de Agroindustria dio de baja el RUCA y creó el RUCA, estableciendo condiciones de inscripción muy simples. La más destacable para un usuario de faena es que solo tener CUIT es condición suficiente para operar en el mercado. La falsa premisa que sustenta semejante simplificación del trámite es tan neoliberal como distorsionada: la excesiva regulación impide el acceso de los operadores. Así, el análisis de fondo podría sintetizarse en que la gente evade porque los trámites para pagar impuestos son muy engorrosos, y la solución resultante es ‘a menos trámites, menos evasión'”.
Y añade que “la nueva simplicidad para el ingreso al RUCA facilitaría la aparición de cientos de operadores apócrifos, capaces de estar activos por largos períodos, hasta que sean detectados y dados de baja por la Administración Pública. Pero a esa altura, ya estaría inscripto un nuevo apócrifo… y así sucesivamente, llenando al RUCA de operadores falsos, que llevaría años depurar. Hoy, basta con consultar el padrón público de inscriptos en el Ministerio de Agroindustria y observar las numerosas nuevas empresas que allí figuran. Con esta nueva regulación, es tan fácil inscribir a una empresa fantasma como a una real”.
