La protesta yerbatera encontró un nuevo capítulo por estas horas, luego de un encuentro entre las entidades que nuclean a los sectores productivos yerbateros de Misiones, donde se decidió un plan de lucha en dos sentidos: por un lado los productores harán cortes sorpresivos de las rutas de la provincia para evitar la salida de yerba industrializada afuera del territorio.
Por otro, iniciaron el trabajo para redactar un proyecto de ley que declare la emergencia yerbateria en Misiones para poder fijar un precio de referencia para la materia prima, es decir la hoja verda, que hoy la industria la paga por debajo de los costos de producción y a pagar en varios meses.
Es que después de escuchar de boca de los propios directores del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) que el Gobierno de Javier Milei no tiene intención de devolverle al organismo la facultad de fijar precios para la hoja verde, los productores yerbateros de Misiones resolvieron esta semana en los dos frentes.
Ahora, a pocos días de esa decisión tomada en el Salón del Bicentenario de Aristóbulo del Valle, empezó a circular entre los productores el otro insumo que necesitaban para pasar del reclamo a la acción legislativa: un dictamen jurídico que construye, artículo por artículo, los fundamentos constitucionales con los que pretenden blindar esa ley frente a la objeción más obvia que hará la Casa Rosada. Se trata de la base para el proyecto de ley que presentarán en la provincia.
Esa objeción es previsible. El propio Gobierno nacional ya la adelantó en la reunión que mantuvieron representantes del sector con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que el esquema del DNU 70/2023, que le quitó al INYM la herramienta para fijar los precios mínimos de la hoja verde y la yerba canchada, no se va a modificar.
Lo único que ofreció la Casa Rosada fue una campaña de promoción del consumo, algo que los productores calificaron de insuficiente frente al derrumbe de los valores que reciben por su producción.
Frente a ese portazo, el dictamen que circula entre los productores elige no pelear la batalla que el Gobierno espera. No discute si el DNU 70/2023 es constitucional o no —esa pregunta, señala el propio texto, “corresponde, en definitiva, a los órganos competentes del Estado Nacional” y está sometida a la Justicia Federal. En cambio, construye un argumento distinto: aunque la Nación le haya quitado al INYM la facultad de fijar precios, eso no borró los derechos constitucionales que esa facultad estaba destinada a proteger. “No desapareció la actividad yerbatera, no desaparecieron los productores, no desaparecieron los trabajadores rurales”, sostiene el dictamen. “Lo que cambió fue el alcance de la intervención institucional del Estado Nacional respecto de esos intereses.”
De ahí se desprende la pregunta que el documento se propone responder: mientras esa discusión sigue judicializada, ¿puede Misiones hacerse cargo de proteger a sus productores por su cuenta? El dictamen recurre al artículo 121 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias “conservan todo el poder no delegado” al gobierno federal, y argumenta que Misiones nunca delegó sus facultades en materia de producción, ambiente y recursos naturales. A eso suma los artículos 124 y 125, que reconocen a las provincias el dominio de sus recursos naturales y la facultad de promover industrias, y los cruza con la Constitución provincial, que le asigna al Estado misionero “un papel activo en la planificación del desarrollo económico” y “el fortalecimiento de la producción”.
El texto también se ocupa de anticipar el otro argumento que probablemente use el Gobierno nacional, que es que, si ya existe una regulación federal sobre yerba mate, la provincia no puede meterse en el mismo terreno. Ahí el dictamen apela a la figura de las competencias concurrentes, sosteniendo que “la existencia de una regulación nacional en estas materias no implica, por sí sola, la exclusión de las competencias provinciales”.
El otro pilar de la argumentación es el carácter transitorio que el documento le asigna a la futura ley. No se trata, insiste, de que Misiones quiera reemplazar al INYM ni reescribir el régimen nacional, sino de “acompañar un período de transición institucional” mientras la Justicia resuelve los planteos contra el DNU y el Congreso conserva la posibilidad de revisarlo. “La emergencia aparece así como un instrumento jurídico destinado a preservar el tiempo”, sostiene, “a evitar que, cuando finalmente se resuelva el debate institucional nacional, ya no existan miles de productores, trabajadores rurales y unidades económicas cuya protección motivó originalmente la intervención del Estado.”
Ese marco jurídico coincide, casi al milímetro, con lo que los propios productores empezaron a delinear puertas afuera del debate constitucional. Jorge Skripczuk, referente de Impulso Yerbatero y organizador del encuentro en Aristóbulo del Valle, había explicado que la idea es que la Legislatura misionera declare la emergencia yerbatera y, “aprovechando las facultades provinciales sobre la producción local”, establezca un precio testigo para la hoja verde durante un período determinado. “El objetivo es definir un precio testigo. Es ciento por ciento llevado al precio”, había señalado el dirigente, que también apuntó contra la ausencia de un costo de producción oficial: “Ni siquiera sacan un costo de producción oficial. Algunos directores de la producción elaboraron uno en estos días y está muy por encima de los valores que están pagando por la hoja verde”, dijo el referente en las últimas horas a Bichos de Campo.
La intención de los productores es terminar de redactar el proyecto y presentarlo al gobernador Hugo Passalacqua para después buscarle apoyo en la Cámara de Representantes provincial.
Mientras el proyecto de ley se termina de escribir, el otro frente que abrieron los productores promete ser más inmediato. Skripczuk confirmó que las medidas de fuerza podrían arrancar en cualquier momento, sin fecha ni aviso previo: “En cualquier momento se va a empezar a cortar la circulación de yerba verde, seca, canchada y molida.” La protesta, adelantó, también apuntará al producto ya industrializado, “como una especie de piquete”, con operativos organizados por un grupo reducido de productores para que la medida resulte sorpresiva.
Entre la ingeniería jurídica y la amenaza de piquete, el mensaje que los yerbateros misioneros le están mandando a la Casa Rosada es el mismo: si el Gobierno nacional no piensa devolverle al INYM la herramienta para fijar precios, la provincia buscará hacerlo por su cuenta, con el respaldo constitucional ya redactado y con la ruta cortada como garantía de que el reclamo no se apague en el freezer de la burocracia.
