Los únicos beneficiarios del “cepo cárnico” instrumentado por el gobierno nacional fueron los frigoríficos exportadores que integran el Consorcio ABC. Así lo aseguró Leonardo Rafael, representante del sector matarife, quien incluso remarcó que se trató de “una política hecha a medida” para ese ese sector.
“Es un decisión arbitraria que solo concentra el negocio en pocas manos, para cerrar un ‘Plan de Precios Populares’ que es un espejismo, al que solo acceden quienes tienen el suficiente poder adquisitivo para comprar en un supermercado”, añadió.
En el último informe mensual emitido por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Rafael resaltó que el precio de la hacienda, si bien inicialmente cayó, luego se recuperó, al tiempo que es cada vez mayor el escenario de plantas industriales con personal suspendido, reducciones de horarios de trabajo y clientes desatendidos en el exterior.
La faena en julio fue de 1.061.665 cabezas, un 12,3% menos que en julio de 2020. Tomando el acumulado en lo que va del año (enero-julio), la faena registró una caída de un 7,3%. Los datos, claramente, muestran que existe una restricción de oferta de hacienda.
Los precios minoristas de la carne registraron un ajuste. Pero la pregunta clave es si se recuperó el consumo interno de carne vacuna. La respuesta, según el representante de los matarifes, es que eso no ocurrió y que continúa en niveles mínimos históricos.
“Las restricciones a las ventas externas de carne no dio los resultados esperados y, en ese sentido, remarcamos que prevalece más el daño causado al sector que los beneficios”, sostuvo Rafael.
El presidente de CAMyA volvió a reiterar que considera inviable que el negocio exportador, por orden del gobierno, haya quedado en manos de un sector del eslabón comercial. “Un punto que nos toca de lleno es la decisión de las autoridades nacionales de permitir exportar solo a quienes tengan una planta industrial. Esto es insólito, porque en cualquier otra actividad venden al exterior quienes tienen el producto y la cartera de clientes”, señaló.
Rafael consideró que las políticas orientadas a favorecer la concentración, lejos de promover una mejora de la situación para los consumidores, termina perjudicándolos. “El gobierno debe dar marcha atrás con esta decisión. Si nos quitan el pie de encima, no necesitaremos un ‘Plan Ganadero’ para abastecer el mercado interno y cumplir con los compromisos externos”, concluyó.
